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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que España actuó "en base a derecho" en el sistema que bonificaba fiscalmente las inversiones en el sector naval español, por lo que el Gobierno ha ordenado a sus servicios jurídicos que estudien el planteamiento de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la decisión de la Comisión Europea de ordenar la devolución de parte de esas bonificaciones concedidas entre 2007 y 2011.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha insistido en que "la decisión no se dirige contra el naval, sino contra quienes, por invertir un dinero sin ser navieros y sin tener relación con el sector naval, se beneficiaron indebidamente de unas desgravaciones fiscales, que tienen que devolver ese dinero a la Hacienda española".

Los trabajadores han esperado la resolución de la Comisión Europea encerrados en algunos casos en los propios astilleros. El ministro de Industria ha dicho que la decisión de Bruselas mejora la propuesta anunciada inicialmente en junio por el vicepresidente de la CE. Sin embargo, el Gobierno deja abierta la posibilidad de recurrir esa decisión en los tribunales.

La Comisión Europea ha exigido este miércoles a España que recupere las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, al considerar que el sistema de bonificaciones fiscales (tax lease) es "parcialmente incompatible" con las normas de la UE sobre ayudas estatales. Las subvenciones deberán devolverlas solo una parte de los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

La subida de los costes de producción en Asia y la necesidad de fabricar pedidos más cortos y con más frecuencia han permitido recuperar un 15% de la producción que había emigrado. Empresas como Punto Blanco reivindican la fabricación local por calidad y responsabilidad.

La reforma eléctrica aprobada por el Gobierno intenta corregir los desequilibrios causados en el sistema eléctrico por el déficit de tarifa, el desfase generado porque los costes estimados por el sector superan a los ingresos conseguidos a través de la tarifa y que suma ya 26.000 millones. Después de las medidas ya puestas en marcha antes de esta reforma, para evitar que cada año el déficit tarifario crezca en 4.500 millones, el Gobierno ha fijado un reparto por el que las cuentas públicas absorberán 900 millones (la mitad del sobrecoste de los sistemas eléctricos peninsulares que hasta ahora, debía de pagar por ley el Estado), las empresas del sector eléctrico asumirán 2.700 millones y los consumidores aportarán los restantes 900 millones a través de la subida de los peajes.

El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, ha dicho sentirse preocupado porque "hay quienes, para desviar su propia responsabilidad a la hora de devolver ayudas no compatibles, están metiendo el miedo a los astilleros". Almunia ha hecho esta reflexión en una rueda de prensa que ha ofrecido en San Sebastián antes de participar en un seminario sobre Europa, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, donde se ha entrevistado con una representación sindical de los astilleros vascos que han protestado en el exterior.

La luz subirá al menos un 3,2% como consecuencia de la reforma energética a la que ha dado el visto bueno el Consejo de Ministros con el objetivo de reducir el déficit tarifario y garantizar el suministro eléctrico. Eléctricas tradicionales, renovables y consumidores van a asumir ese déficit de tarifa. El Gobierno alega que el objetivo es corregir el desequilibrio.

La delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que ha acudido a Bruselas para defender las ayudas al sector naval, ha considerado insuficiente la flexibilidad mostrada por la Comisión Europea, dispuesta a excluir a astilleros y armadores de la devolución de la financiación. "El hecho de que no tengan que devolver ni los armadores ni los astilleros supone que los que tengan que devolver son los inversores, que son los que financian", ha explicado el ministro de Industria, al tiempo que ha apuntado a que en ese caso nadie financiará la construcción de un barco en España. Además, ha dicho que lo que pide es que no se exija a España "devolver las ayudas desde el 2005 a 2011, sino solo desde el 2011 hasta la actualidad", ya que de lo contrario el daño para el sector y la industria española sería "irreversible".

Los trabajadores de los astilleros españoles viven hoy una jornada de protestas para solicitar a la Unión Europea que atienda las reivindicaciones del sector. Esta nueva protesta en el sector naval coincide con la visita a Bruselas del Ministro de Industria -José Manuel Soria-, acompañado por los presidentes del País Vasco, Galicia y Asturias las comunidades autónomás más afectadas. A la reunión con el comisario europeo Joaquín Almunia asistirán también representantes de los sindicatos y empresarios del sector de los astilleros. En el País Vasco se celebra una marcha de protesta desde Sestao a Santurtzi que ya cuenta con el apoyo de las corporaciones de los Ayuntamientos de la margen izquierda de la ría. Los trabajadores cántabros se han sumado a la protesta con sus compañeros vascos y los empleados de los astilleros gallegos se han manifestado en Vigo.