- La patronal naval insiste al Gobierno en que minimice el coste a los inversores
- Asegura que costaba "dios y ayuda" convencer a inversores ajenos al sector
- Los armadores temen daños indirectos por el perjuicio de la decisión al sector
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que España actuó "en base a derecho" en el sistema que bonificaba fiscalmente las inversiones en el sector naval español, por lo que el Gobierno ha ordenado a sus servicios jurídicos que estudien el planteamiento de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la decisión de la Comisión Europea de ordenar la devolución de parte de esas bonificaciones concedidas entre 2007 y 2011.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha insistido en que "la decisión no se dirige contra el naval, sino contra quienes, por invertir un dinero sin ser navieros y sin tener relación con el sector naval, se beneficiaron indebidamente de unas desgravaciones fiscales, que tienen que devolver ese dinero a la Hacienda española".
- Está convocada por el Ayuntamiento de la localidad vizcaína
- UGT califica la decisión comunitaria de "arbitraria"
- La Xunta de Galicia pide al Gobierno que recurra la decisión de Bruselas
- Bruselas ha dejado en manos de Hacienda la fijación de la cuantía a devolver
- El Gobierno no descarta recurirrir la resolución de la Comisión Europea
- El ministro Soria reconoce que la resolución final mejora lo anunciado
Los trabajadores han esperado la resolución de la Comisión Europea encerrados en algunos casos en los propios astilleros. El ministro de Industria ha dicho que la decisión de Bruselas mejora la propuesta anunciada inicialmente en junio por el vicepresidente de la CE. Sin embargo, el Gobierno deja abierta la posibilidad de recurrir esa decisión en los tribunales.
El experto de la consultora KPMG en el sistema de bonificaciones fiscales aplicado por España en los astilleros, Juan Carlos Castro, considera que la obligación de devolver parte de las bonificaciones fiscales que beneficiaron al sector naval español decretada por la Comisión Europea se deriva de no haber notificado este sistema a Bruselas.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha garantizado que las inversiones en el sector naval español cuentan con seguridad jurídica con el nuevo sistema de tax lease aprobado por Bruselas el pasado noviembre.
El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha explicado que los miembros de las agrupaciones de interés económico, ajenas al sector naval, "gozaban de un sistema impositivo absolutamente favorable sin tener derecho a ello".
La Comisión Europea ha exigido este miércoles a España que recupere las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, al considerar que el sistema de bonificaciones fiscales (tax lease) es "parcialmente incompatible" con las normas de la UE sobre ayudas estatales. Las subvenciones deberán devolverlas solo una parte de los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
Bruselas ordena a inversores devolver las ayudas que beneficiaron a los astilleros entre 2007 y 2011
- La Comisión Europea resuelve que no reembolsen ni astilleros ni armadores
- Los inversores se beneficiaron de bonificaciones al financiar los buques
- Advierte que los inversores no podrán repercutir a los astilleros la devolución
- Denuncian un "grave" trato discriminatorio respecto a Francia
- Están en peligro 87.000 empleos y 19 astilleros privados
- Alertan de que abocaría directamente a la "ruina" al sector naval español
La subida de los costes de producción en Asia y la necesidad de fabricar pedidos más cortos y con más frecuencia han permitido recuperar un 15% de la producción que había emigrado. Empresas como Punto Blanco reivindican la fabricación local por calidad y responsabilidad.
La reforma eléctrica aprobada por el Gobierno intenta corregir los desequilibrios causados en el sistema eléctrico por el déficit de tarifa, el desfase generado porque los costes estimados por el sector superan a los ingresos conseguidos a través de la tarifa y que suma ya 26.000 millones. Después de las medidas ya puestas en marcha antes de esta reforma, para evitar que cada año el déficit tarifario crezca en 4.500 millones, el Gobierno ha fijado un reparto por el que las cuentas públicas absorberán 900 millones (la mitad del sobrecoste de los sistemas eléctricos peninsulares que hasta ahora, debía de pagar por ley el Estado), las empresas del sector eléctrico asumirán 2.700 millones y los consumidores aportarán los restantes 900 millones a través de la subida de los peajes.
- En San Sebastián ha hablado con una representación sindical de los astilleros
- Las ayudas deberían ser devueltas contando a partir de abril de 2005
- Almunia recuerda que Francia "aprobó un nuevo sistema compatible"
El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, ha dicho sentirse preocupado porque "hay quienes, para desviar su propia responsabilidad a la hora de devolver ayudas no compatibles, están metiendo el miedo a los astilleros". Almunia ha hecho esta reflexión en una rueda de prensa que ha ofrecido en San Sebastián antes de participar en un seminario sobre Europa, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, donde se ha entrevistado con una representación sindical de los astilleros vascos que han protestado en el exterior.
La luz subirá al menos un 3,2% como consecuencia de la reforma energética a la que ha dado el visto bueno el Consejo de Ministros con el objetivo de reducir el déficit tarifario y garantizar el suministro eléctrico. Eléctricas tradicionales, renovables y consumidores van a asumir ese déficit de tarifa. El Gobierno alega que el objetivo es corregir el desequilibrio.
El comisario de la competencia, Joaquín Almunia, ha insistido ante la delegación española que ha viajado a Bruselas para intentar convencerle, en que las ayudas que recibió el sector naval entre 2005 y 2011 son ilegales y por tanto hay que devolverlas. En Asturias, País Vasco y Galicia se han convocado manifestaciones y protestas en defensa de los astilleros.
La delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que ha acudido a Bruselas para defender las ayudas al sector naval, ha considerado insuficiente la flexibilidad mostrada por la Comisión Europea, dispuesta a excluir a astilleros y armadores de la devolución de la financiación. "El hecho de que no tengan que devolver ni los armadores ni los astilleros supone que los que tengan que devolver son los inversores, que son los que financian", ha explicado el ministro de Industria, al tiempo que ha apuntado a que en ese caso nadie financiará la construcción de un barco en España. Además, ha dicho que lo que pide es que no se exija a España "devolver las ayudas desde el 2005 a 2011, sino solo desde el 2011 hasta la actualidad", ya que de lo contrario el daño para el sector y la industria española sería "irreversible".
- La Comisión está dispuesta a dejar fuera también a los armadores
- Soria quiere que solo se devuelvan las ayudas desde 2011
Los trabajadores de los astilleros españoles viven hoy una jornada de protestas para solicitar a la Unión Europea que atienda las reivindicaciones del sector. Esta nueva protesta en el sector naval coincide con la visita a Bruselas del Ministro de Industria -José Manuel Soria-, acompañado por los presidentes del País Vasco, Galicia y Asturias las comunidades autónomás más afectadas. A la reunión con el comisario europeo Joaquín Almunia asistirán también representantes de los sindicatos y empresarios del sector de los astilleros. En el País Vasco se celebra una marcha de protesta desde Sestao a Santurtzi que ya cuenta con el apoyo de las corporaciones de los Ayuntamientos de la margen izquierda de la ría. Los trabajadores cántabros se han sumado a la protesta con sus compañeros vascos y los empleados de los astilleros gallegos se han manifestado en Vigo.