Previsiblemente, la llamada ley Celaá será la octava ley educativa que tengamos en democracia, pero ¿cuáles son los puntos que han generado más polémica? La enseñanza concertada es uno de ellos. Se garantizará el derecho y la libertad de elección del centro, aunque de no haber plazas suficientes, se priorizará al alumno que tenga hermanos matriculados en la misma escuela así como la cercanía y la renta familiar. Según el texto, también se ofertarán más plazas en la pública. ¿Qué ocurrirá con la educación especial? Los centros, dice la ley, seguirán recibiendo el apoyo de las Administraciones públicas pero se exigirá, además, que los colegios ordinarios cuenten en los próximos diez años con recursos para poder atender al alumnado con discapacidad. De salir adelante la ley, el castellano dejará de ser vehicular aunque se garantizará el derecho a recibir enseñanza en este idioma. La nota de religión no contará en el expediente pero su oferta seguirá siendo obligatoria. En cuanto a los supensos, se podrá pasar de curso con uno hasta bachillerato, los alumnos no repetirán si han cumplido los objetivos y tienen solo una o dos materias penidentes. Ya en bachillerato, se podrá aprobar el titulo con una asigntaura suspensa.
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