Las comunidades autónomas acumulan déficit del 1,19% a cierre del tercer trimestre de 2011, según ha señalado la ministra de Economía y Hacienda en funciones, Elena Salgado, esto quiere decir que "se encuentran en la senda de reducción del déficit". El objetivo de déficit marcado para las autonomías este año es del 1,3%. En los primeros nueve meses del año los ingresos no financieros han disminuido un 3% y los gastos no financieros, un 2,81% respecto al mismo período de 2010.
Diputaciones y ayuntamientos de Castilla-La Mancha reclaman a la Seguridad Social, por vía de apremio, el pago del IBI, el impuesto de bienes inmuebles. El tributo afecta a unos 80 edificios, cedidos a la Comunidad. La Seguridad Seguridad dice que, según la ley, es a ella, a la Comunidad, a la que corresponde pagar la tasa y la Comunidad acusa a la Seguridad Social de mentir.
A la Seguridad Social le han llegando advertencias de embargo por el impago del IBI en cerca de 80 centros sanitarios de Castilla La Mancha. Aunque la Seguridad Social es la propietaria de los edificios, se recuerda que es la comunidad autónoma quien debe abonar esos recibos. El viceconsejero de economía de Castilla-La Mancha asegura que "gran parte" de lo que se debe por este impuesto es de la administración anterior.
El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha insinuado que los recortes anunciados este miércoles por la presidenta de la Comunidad, María Dolores de Cospedal, no son extrapolables ni al resto de CC.AA. ni al Estado porque las circunstancias por las que atraviesa Castilla-La Mancha "son muy peculiares", lo que obliga a tomar "medidas diferentes". "Sin perjuicio de que algunas (medidas) puedan servir de referencia para otra comunidad autónoma, lo que el Gobierno de Castilla-La Mancha está haciendo es aplicar soluciones para Castilla-La Mancha", ha subrayado el también consejero de Empleo en declaraciones efectuadas al programa En días como hoy de RNE. Preguntado por si estas medidas reflejan la idea del PP a nivel nacional de cómo gestionar el déficit, Esteban ha señalado: "Castilla-La Mancha tiene unas circunstancias muy peculiares porque tiene el déficit, con relación a su PIB, más alto de cualquier CC.AA. de España. Esto ya nos hace diferentes y, por tanto, nos hace tomar medidas diferentes".
El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, insinúa que los recortes anunciados este miércoles por la presidenta de la Comunidad, María Dolores de Cospedal, no son extrapolables ni al resto de CC. AA. ni al Estado porque, explica, las circunstancias por las que atraviesa la región castellano-manchega son "muy peculiares", lo que obliga a tomar, añade, "medidas diferentes". "Sin perjuicio de que algunas [medidas] puedan servir de referencia para otra comunidad autónoma, lo que el Gobierno de Castilla-La Mancha está haciendo es aplicar soluciones para Castilla-La Mancha", subraya el también consejero de Empleo (01/09/11).
La presidenta regional de Castilla La- Mancha, María Dolores de Cospedal, ha presentado este miércoles un plan de recorte del 20% del gasto, que permitiría un ahorro de 1.815 millones de euros. Entre los recortes anunciados: se reducirían los liberados sindicales, las nuevas obras públicas, se venderían inmuebles y vehículos oficiales para obtener más ingresos, los docentes aumentarán sus horas lectivas, se venderán acciones de sociedades privadas, y se suprimirán empresas y fundaciones públicas, entre otros.
Las farmacias de Castilla-La Mancha que han secundado la huelga para protestar por la deuda de la administración regional serán sancionadas, lo ha avanzado la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que ha dicho que es una deuda heredada del gobierno anterior y que los expedientes sancionadores están en marcha. La Federación de Farmacéuticos dice que el problema viene de largo. En Murcia, donde la deuda supera los 150 millones de euros son los propios farmacéuticos los que avalan a la administración ante el banco. En Baleares y La Rioja, otras comunidades afectadas, están a punto de acordar un calendario de pagos. La federación estudia pedir al gobierno que respalde a las comunidades para que consigan financiación e insiste: sólo hay una solución, un pacto de estado para reformar el Sistema Nacional de Salud.
En Castilla La Mancha, el nuevo Gobierno del PP ha dicho que la Comunicada tiene facturas impagadas por el doble de dinero del que reconocía en el anterior gobierno socialista. Y el ex presidente, Barreda dice que asegura que los populares mezclan facturas, déficit y deuda.
El expresidente de esta comunidad, José María Barreda, ha admitido que la Junta de Castilla-La Mancha puede tener que afrontar ahora una mayor cantidad de facturas (el PP las cifra en 1.742 millones) porque en dos meses y medio se han podido acumular facturas "en un momento de transición política" por la "preocupación y zozobra de los proveedores y los centros de gestión".
La presidenta electa de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que reducirá un 60 por ciento los altos cargos al suprimir veintidós de las 56 direcciones generales del gobierno y dejar en cinco, una por provincia, las 35 delegaciones provinciales de la Junta. Durante su discurso en la primera sesión del debate de investidura que se celebra en las Cortes de Castilla-La Mancha, Cospedal también ha anunciado la reducción a la mitad de los puestos de libre designación y la supresión de algunos organismos, medidas estas que ya había venido anunciando desde hace más de medio año.
El Partido Popular de Castila-La Mancha asegura que la Junta no tiene dinero para pagar las nóminas de los 70 mil empleados públicos a partir del mes que viene. Según los populares, la situación es de quiebra total. Lo ha dicho su secretario general , Vicente Tirado, tras la reunión del Grupo Popular con la presidenta electa, Dolores de Cospedal, a la cabeza. Los populares dicen que están buscando fórmulas para hacer frente a la situación. El PP dice, además, que el Gobierno regional en funciones podría deber a sus proveedores 2.000 millones de euros. El PSOE responde que la situación no es peor que la de Murcia o Valencia, donde gobiernan los populares.
