La Junta de Castilla La Mancha despedirá al 43% de los interinos. El Gobierno manchego alega motivos económicos y falta de productividad. Los sindicatos han anunciado que acudirán a los tribunales y que seguirán manifestándose en contra de los recortes.
El director general de Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha suprimirá el 43% de las plazas vacantes de la Administración Pública en esta región, una medida que busca la "racionalización" de los puestos de trabajo y la "eficacia".
El gobierno de Castilla La Mancha cerrará el próximo curso más de 60 colegios que tienen menos de once alumnos y los concentrará en municipios más poblados. Asegura que las familias podrán elegir centro y no pagarán el transporte. Los pueblos pequeños temen el despoblamiento y les preocupa el tiempo que los niños pasarán en al carretera.
Más de 70.000 empleados de la administración regional están llamados este miércoles a secundar la primera huelga general que se convoca en la función pública de Castilla-La Mancha en contra de los ajustes del ejecutivo presidido por María Dolores de Cospedal, quien este martes los defendió ya que si no "el déficit hubiera llegado al 13%" frente al 7,3% registrado. El paro ha sido convocado por ocho sindicatos con representación en el área pública regional: Intersindical de Castilla-La Mancha, en la que están STAS y STE; el Sindicato de Celadores, Personal de Gestión y Servicios (SIC-GS); CC.OO., UGT, USO y FSES, en el que están ANPE (Educación) y SATSE (Enfermería). De la convocatoria se han desvinculado CSI.F, mayoritario en la función pública regional, y el Sindicato Médico (CESM), aunque ambas centrales respetan la decisión de sus afiliados para secundar o no la huelga.
El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real ha denunciado que la Junta de Castilla-La Mancha ha reducido de once a tres el grupo de enfermedades que pueden detectarse con la prueba del talón que se hace a los recién nacidos. El gobierno regional niega este recorte y asegura que todas las comunidades están obligadas a hacer pruebas solo sobre dos enfermedades.