Sentencia histórica en Guatemala, donde el exdictador Efraín Ríos Montt ha sido condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra la humanidad. Su defensa ya ha anunciado que recurrirá, mientras las acusaciones aseguran que se ha hecho justicia.
El exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, que gobernó de facto el país entre marzo de 1982 y agosto de 1983, ha sido condenado a 80 años de prisión por el genocidio perpetrado durante su gestión contra la etnia indígena ixil y crímenes de lesa humanidad. Ríos Montt, ha sido condenado a 50 años de prisión por genocidio y a 30 por delitos contra deberes de la humanidad, como la legislación guatemalteca tipifica los crímenes de lesa humanidad. El exdictador ha insistido en su inocencia y ha anunciado que apelará el fallo, que ha calificado de ilegal por responder a un "show político internacional".
El fiscal de Ohio, Estados Unidos, que se encarga del caso de las tres jóvenes secuestradas durante una década en Cleveland ha anunciado que pedirá la pena de muerte para el acusado, Ariel Castro.
La petición se basa en que Castro, supuestamente, forzó a las jóvenes a abortar varias veces durante su cautiverio.
"Tengo la intención de presentar cargos por todos y cada uno de los actos de violencia sexual y violación, cada día de secuestro, cada asalto y cada acto de homicidio agravado por los embarazos interrumpidos que perpetró el acusado", ha declarado a la prensa el fiscal del condado de Cuyahoga, Timothy McGinty.
Bajo la ley de Ohio, el delito de asesinato agravado incluye la interrupción ilegal del embarazo y es un delito capital.
La fiscalía iniciará el proceso oficial para determinar si la pena de muerte es adecuada. "El castigo capital debe ser reservado para aquellos crímenes que son, realmente, los peores ejemplos de la conducta humana", ha dicho McGinty.
Amanda Berry, Gina DeJesus y Michelle Knight fueron liberadas el pasado martes tras una década de confinamiento. Knight ha declarado haber sufrido al menos cinco abortos causados por Castro, que le propinaba palizas y le negaba la comida durante sus embarazos. Junto con Berry fue liberada su hija, de 6 años y concebida durante el secuestro.
Ese informe concluye que las constructoras que aparecen en los llamados papeles de Bárcenas como donantes al Partido Popular fueron adjudicatarias de contratos públicos por más de 12.300 millones de euros por parte de administraciones gobernadas por el PP.
El juez Castro, que investiga el caso Nóos, asegura que seguirá investigando a la Infanta Cristina. Las cámaras le han grabado a la salida del juzgado. Miguel Roca, el abogado de la Infanta, dice que la defenderá hasta que se levante totalmente la imputación contra ella.
El ministro de Justicia ha dicho que todas las instituciones están obligadas a acatar la Constitución y ha invitado al Gobierno y al parlamento catalán a abordar los problemas dentro de las normas del estado de derecho.
La noticia ha coincidido con el pleno que se celebraba en el Parlamento de Cataluña. Y allí ha comparecido el presidente de la Generalitat.
Los grupos políticos también se han pronunciado sobre esa decisión de la Audiencia de Palma de suspender la imputación de la infanta Cristina. Algunos, como el PP, han mostrado su satisfacción y otros, como Izquierda Unida, cuestionan que la Justicia sea igual para todos. El ministro de Justicia destaca la independencia de los jueces.
Los jueces de la Audiencia Provincial de Palma no ven indicios de que la Infanta Cristina participase ni conociese las actividades presuntamente delictivas de su marido en el instituto Noos. Y suspenden su citación como imputada, aunque dejan la puerta abierta a investigar si cometió un delito contra la Hacienda Pública o incluso blanqueo de capitales.
En Munich, Alemania, ha comenzado el juicio contra la única superviviente del grupo neonazi acusado de matar a nueve inmigrantes y una policía entre 2000 y 2007. Hay mucha expectación ante este juicio porque es la primera vez que se habla de terrorismo en asesinatos cometidos por la extrema derecha.
El juez de instrucción 4 de Sevilla ha archivado este viernes la causa abierta contra Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, por su supuesta participación en el crimen de Marta del Castillo. El magistrado concluye que no existe el más mínimo indicio de que el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, participara en la muerte de la menor y archiva la causa contra él. El auto también critica duramente a la Policía Nacional. Dice que "desde el punto de vista subjetivo la credibilidad de Miguel es nula y no se acierta a comprender cómo la Policía le concede importancia".
Es más, añade el magistrado, la policía se extralimitó claramente cuando ha investigado de nuevo todos los movimientos del hermano de Carcaño. El juez afirma que la nueva declaración de Carcaño es ilógica e increíble. Dice que quien ha sido capaz de mentir tantas veces, con extrema crueldad, no puede pretender recibir ahora toda la atención. Explica además que los investigadores no necesitan un mandato expreso de él para seguir buscando el cuerpo de Marta del Castillo.
El juez que llevó a Europa las cláusulas abusivas de las hipotecas ha declarado nulo el desahucio de la familia cuyo caso originó la sentencia del Tribunal Europeo. La entidad bancaria ha dicho que recurrirá la sentencia.
La Policia Nacional ha detenido a 197 personas por defraudar cerca de dos millones de euros a la Seguridad Social. Ha sido en dos operaciones desarrolladas en la Comunidad Valenciana.
El líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, ha impugnado las últimas elecciones presidenciales venezolanas sobre la base de un informe en el que recopila 150 irregularidades apreciadas durante el proceso electoral.
