Todos los grupos en el Parlament llevarán al límite el calendario, pero con dos objetivos distintos. Unos para aprobar la declaración de Junts pel Sí y la CUP sobre el inicio del proceso de independencia y otros para bloquearla. El PP no descarta no constituir su grupo hasta el último minuto, el 6 de noviembre por la mañana. Sin ellos, no se puede convocar la Junta de Portavoces, y el Pleno.
La cuestión catalana ha estado también presente en el acto del 70º aniversario de Naciones Unidas que se ha celebrado en Madrid. Su secretario general, Banki Moon, ha dicho que confía en una España Unida. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que las "ensoñaciones" de Artur Mas no caben en la ONU.
Expertos en derecho constitucional sostienen que no se puede actuar mientras haya solo una propuesta y que hay que esperar a que el Parlamento catalán apruebe la resolución. Es entonces cuando el Gobierno puede recurrirla al Tribunal Constitucional (TC). Si la admite a trámite, la declaración de independencia quedaría suspendida automáticamente durante cinco meses.
En caso de que el Parlamento catalán o la Generalitat desobedezcan, la reciente reforma del TC contempla que se pueda sancionar o inhabilitar a los responsables políticos que aprueben medidas contrarias a la suspensión.
Alrededor de dos millones de las hipotecas firmadas en nuestro país tienen cláusula suelo. Esto es, establecen un interés mínimo a pagar en la cuota, aunque los tipos estén por debajo. El 9 de mayo de 2013, el Supremo condenó a tres entidades a reintegrar a sus clientes lo que pagaron a partir de esa fecha. Desde entonces, miles de afectados han acudido a los juzgados para reclamar que les devuelvan el dinero de la cláusula suelo. En la mayoría de los casos, los jueces les han dado la razón y han anulado la cláusula, pero sin exigir al banco la retroactividad, es decir, que reciban todo lo cobrado de más desde que firmaron la hipoteca.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inaugura la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORA), que permitirá la localización y recuperación de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas y, especialmente, las derivadas de la corrupción (23/10/15).
