El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que no ha pedido los informes ni el acceso a sus contenidos: "no me interesan". No obstante, señala que tanto él como su equipo esperan un respeto escrupuloso a la ley y sus procedimientos. "Se pide una explicación de la actuación y cuando no se tiene ocurre la pérdida de confianza, con todo el respeto a la carrera profesional de la persona afectada", añade.
El tribunal ha decretado que los permisos retribuidos deben comenzar siempre en día laborable, fallando a favor de los sindicatos CC.OO y UGT en un recurso de casación contra una sentencia de la Audiencia Nacional de 2018 que disponía lo contrario. Así, el permiso de matrimonio se equipara al de, por ejemplo, nacimiento y su permiso cuenta a partir del siguiente día laborable.
La juez que investiga la manifestación del 8M, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado imputar en esta causa al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón, porque, alega, ya ha sido denunciado en otros juzgados. Por otro lado, la Abogacía del Estado ha remitido un escrito a la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8-M en el que critica el informe "con claro sesgo acusatorio" de la Guardia Civil y "las continuas sospechas y comentarios suspicaces" que contiene.
El director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este jueves desconocer de qué trata la denuncia que ha interpuesto la Asociación contra la Gestión del Coronavirus contra él. "Ahora mismo no estoy para centrarme en este tipo de cosas. [...] Ahora estoy centrado, al igual que todo el ministerio, en hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Estamos dejándonos la piel en ello", ha advertido.
Hay novedades en la causa judicial abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid por no prohibir las manifestaciones del 8-M por el coronavirus. La Abogacía del Estado ha recurrido la investigación y en su escrito, acusa a la juez instructora de abrir una "causa general" y "prospectiva" contra la gestión de la crisis sanitaria, que además, vulnera la normativa de aplicación del estado de alarma por impulsar una investigación sin urgencia alguna. Critica también las diligencias ordenadas por la jueza. Entre ellas, está el polémico informe elaborado por la Guardia Civil que señala que el Gobierno conocía desde enero los riesgos de la Covid-19.
La Abogacía del Estado acusa a la jueza que investiga la manifestación del 8-M de abrir una "causa general" contra distintas autoridades y administraciones a las que no puede investigar. La Abogacía entiende que se excedió de sus competencias al solicitar las diligencias para esclarecer si el delegado del Gobierno de Madrid pudo prevaricar cuando permitió la manifestación del 8-M si antes había recibido advertencias sobre los riesgos del coronavirus.
Informa Teresa Coto
Las dos principales asociaciones de jueces discrepan sobre la destitución por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaka, del jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos. En 'Las mañanas de RNE', el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha asegurado que la destitución no afecta a la independencia judicial. "Tratar de decir que el cese de un cargo de confianza pueda incidir en la independencia del poder judicial me parece dar un salto al vacío. El cargo del señor Pérez de los Cobos es de confianza y puede ser removido libremente". Sin embargo, también en 'Las mañanas de RNE', la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha explicado que reclaman la restitución en su puesto de Pérez de los Cobos "porque entienden que su cese se debe a que se negó a dar una información sobre un asunto que está investigando la justicia.
RNE ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil sobre el 8-M por el que ha sido destituido Diego Pérez de los Cobos, jefe de Guardia Civil en Madrid. Son 83 páginas en las que se afirma que el Gobierno era consciente de la gravedad de la expansión del coronavirus desde el mes de enero y que, además, la Delegación del Gobierno en Madrid tenía "datos objetivos suficientes para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución desde la primera semana de marzo". La Guardia Civil concluye que a partir del 5 de marzo no se debería haber celebrado ninguna manifestación en la Comunidad de Madrid. Informa Teresa Coto
En 14 Horas de Radio Nacional, el abogado Alberto Rey, presidente de la Agrupación de Afectados por Volkswagen, ha valorado la sentencia que hoy ha emitido el Tribunal Supremo alemán. La justicia alemana ha reconocido que un particular tiene derecho a indemnización por comprar uno de los vehículos de la marca Volkswagen cuyas emisiones se vieron manipuladas, afectados por el llamado 'dieselgate'. La sentencia garantiza que puede devolver el coche y recibir una indemnización por la manipulación de las emisiones y el 'daño deliberado'.
Desde la Agrupación de Afectados por Volkswagen confían en que "una decisión de este calibre va a servir para modular las decisiones que puedan tomar otros jueces en otros países". Ya hay reclamaciones en distintos países de la Unión Europea y esto puede servir como precedente para jueces de otras nacionalidades. "Es un dispositivo prohibido por el derecho de la UE, a instancias europeas está reconocido como un fraude", cuenta Alberto Rey.
Respecto a las sentencias en España, Rey comenta que "tenemos un procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional, pendiente de instrucción y resolución". También hay múltiples sentencias de diferentes juzgados y audiencias provinciales que dan la razón, en algunos casos, al ciudadano, pero con escasa cuantía en la indemnización. "Lo más importante de esta sentencia es la cuantía de la indemnización", recalca Rey, "porque dice que tiene derecho al monto total que le ha supuesto al comprador y viene a establecer que hay una nulidad en la compra-venta del vehículo. Esto tiene que servir de espejo para tomar decisiones".
En España hay 700.000 afectados pero entre distintas asociaciones solo están reclamando unos 20.000 o 30.000, no llega al 10% de los afectados. ¿Quiénes puede reclamar? Todas las personas que hayan adquirido un vehículo con motores diésel modelo EA-189, fabricados entre 2008 y 2015. La gente puede entrar en las páginas oficiales de los fabricantes -ya sea Volkswagen, Audi, Seat, Skoda- y poniendo el número de bastidor del coche, puede saber si está entre los afectados. "La reclamación es fácil", insiste Alberto Rey de la Agrupación de Afectados por Volkswagen.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha tenido que comparecer ante la justicia acusado de delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Sólo una hora, de pie con mascarilla, estuvo en la sala, mientras en el exterior sus seguidores le daban aliento. La próxima vista está prevista para el día 19 pero no está obligado a comparecer, como tampoco a dimitir pese a los cargos en su contra. En su residencia otros manifestantes clamaban en su contra y él aprovechaba el momento para hablar de caza de brujas contra la derecha que ostenta el gobierno en Israel. 24/05/20
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha vivido su primer día de un proceso legal por corrupción en los juzgados de Jerusalén donde ha quedado patente la división social que provoca ese juicio con manifestantes a su favor y en su contra en las calles, aunque persisten las restricciones por el coronavirus. Cientos de personas se congregaron en la calle Salahedin, en territorio palestino cupado de Jerusalén Este, con fotos y pancartas de apoyo al jefe del Gobierno y de rechazo al fiscal general del Estado. Ante la casa del primer ministro en el barrio de Rehavia otros manifestantes hacían lo contrario desplegando pancartas de "Ministro del crimen". Netanyahu afirma que su proceso es una maniobra de aquellos que quieren derribar el gobierno de derecha. 24/05/20
Brasil segundo pais del mundo con más número de infectados por la Covid-19 ha dejado, sus ciudadanos, de lado esa pandemia para concentrarse en la política que también augura inquietantes derivas. Unas palabras impronunciables del presidente Jair Bolsonaro frente a sus ministros tomaron finalmente eco público por decisión de un juez del Supremo Tribunal Federal. Esto fue lo que escandalizó del presidente brasileño: "Intenté cambiar oficialmente a la gente de nuestra seguridad en Río de Janeiro y no pude. Se acabó. No voy a esperar a que molesten a toda mi familia, o a mi amgio, porque no puede cambiar a alguien (...). Lo voy a cambiar, si no puedo, cambio a su jefe; si no puedo cambiar al jefe, cambio al ministro. Y punto final". 23/05/20
ElTribunal Supremo ha acordado tramitar suplicatorio al Congreso de los Diputados para continuar el procedimiento penal contra la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borrás, después de que la diputada rechazara declarar voluntariamente en el mes de febrero. Borràs está siendo investigada por presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental en la etapa en que fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que el Gobierno ha decidido la próxima reanudación de los plazos procesales, que habían quedado en suspenso por la crisis del coronavirus. De esta forma, si se aprueba el decreto con la nueva prórroga del estado de alarma, desde el 4 de junio volverán a contar los plazos procesales, de prescripción y administrativos.
