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Los líderes del movimiento independentista condenados por sedición seguirán en prisión mientras el Alto Tribunal resuelve los recursos de amparo que se han interpuesto contra esas condenas. Asimismo, ha rechazado dejar en suspenso esa pena ya que es una medida excepcional que solo se aplica si las penas son inferiores a cinco años. Informa Teresa Coto.

En la Audiencia Nacional sigue el juicio al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y a sus superiores políticos durante el referéndum ilegal de 2017. Hoy es el turno de las defensas. La letrada de Trapero considera que el "referéndum ilegal" del 1 de octubre de 2017 fue un "fracaso" policial, pero también político, porque ni la policía autonómica, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, los tres cuerpos "llamados a impedirlo", pudieron cumplir el mandato judicial que ordenaba que no se celebrara, y ha considerado que se quiere culpar de ello solo a los Mossos. También ha cuestionado que la Fiscalía diga que el 'procés' buscaba la independencia de Cataluña cuando el Supremo hablaba en su sentencia de una ensoñación. 

El juicio contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero y la excúpula política de la policía catalana entra en su recta final. El fiscal defiende su informe final en la Audiencia Nacional tras rebajar su acusación de rebelión a sedición, con la alternativa de un delito de desobediencia, que no comporta cárcel. En la exposición de su informe definitivo, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha asegurado que la sedición es el único delito realmente aplicable en este caso en consonancia con la sentencia del 'procés'. Se espera que el juicio quede visto para sentencia esta semana.

El juzgado que investiga el triple crimen, supuestamente machista, registrado en Úbeda ha decretado el secreto de sumario, mientras en la calle la indignación de los vecinos es patente. No había ningún antecedente de violencia en esa familia, pero la policía se encontró esta mañana con los cadáveres de dos personas y una tercera en la calle, el supuesto agresor, que se lanzó por el balcón de la vivienda. Otro menor que pudo herir malherido falleció cuando lo trasladaban a un centro sanitario los servicios de emergencia. Se han decretado tres días de luto y el lunes se guardará un minuto de silencio ante el ayuntamiento.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación interna respecto a la situación de las residencias de mayores durante la pandemia. Un proceso, según ha anunciado este sábado el vicepresidente Ignacio Aguado, "ha asumido en primera persona" la presidenta y su equipo. Tanto Ayuso como Aguado han defendido en los últimos días que su intención es demostrar que se ha hecho todo lo posible para salvar la vida de los ancianos. No obstante al menos cinco residencias en la crisis del coronavirus pidieron ayuda sin éxito a la comunidad y la fiscalía tiene más de 80 casos abiertos al respecto. Ángeles Bazán informa

La sentencia señala que no puede ser expulsado por ser castigado por un delito con pena superior a un año. "Se modifica así una sentencia del Tribunal Supremo, que hacía una interpretación absolutamente estricta que tan solo tenía en cuenta los medios de vida del ciudadano español", explican desde la Asociación Española de Abogados Extranjeristas. Informa Minerva Oso.

Durante tres horas el primer ministro italiano Giuseppe Conte ha respondido como persona informada, no imputada, a las preguntas de los fiscales de Bérgamo. Han ido a Roma a escuchar su versión sobre lo que pasó en los municipios de Alzano y Nembro a principios de marzo.

Son focos del virus que en un mes contaron tantos muertos como en solo un año. La justicia investiga si hubo negligencia en la gestión de la pandemia, y por qué no se declaró como zona roja en los primeros días cuando los contagios que se multiplicaban, como se hizo en Codogno. El comité de expertos así lo aconsejó, y los militares y la policía estaban preparados.

La decisión final no llegó nunca. Las autoridades de Lombardía dicen que era competencia de Roma, y Conte dice que era responsabilidad de la región. Entre el cruce de acusaciones muchos sospechan que se impusieron motivos económicos.

Ha sido un arma arrojadiza entre los grupos políticos durante toda la pandemia y ahora, con la causa judicial cerrada, parece que el debate político se va a manterner. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha explicado que el archivo del caso "demuestra que la justicia funciona".  El Partido Popular, por su parte, ha expresado su respeto a las decisiones judiciales, aunque Pablo Monteninos considera que "son compatibles con seguir exigiedo responsabilidades políticas al Gobierno". Ciudadanos critica que "los que antes hablaban de juez malvada ahora aplaudan la decisión".

Informa David Fernández

Javier Jordán, responsable del área de justicia en el sindicato CSIF ha comentado que había que recuperar la actividad, pero ha aclarado que “la justicia no se ha parado” y se ha seguido prestando “durante toda la pandemia”. Desde el 12 de mayo comenzó una reincorporación generalizada de todo el personal de justicia que ha terminado este martes, cuando se ha incorporado toda la plantilla. “Siempre hemos puesto como prioridad preservar la salud de los funcionarios de justicia que es como preservar la salud pública”, ha señalado Jordán que ha lamentado que la seguridad haya sido “desigual” en las diferentes instituciones y territorios. “Faltan mascarillas, mamparas y los sindicatos necesitamos información sobre la incidencia del COVID en el personal de justicia”, ha indicado el responsable del área de justicia en el sindicato CSIF en el programa 24 horas de RNE. “Cada juzgado, fiscal, letrado, etcétera, actúa como considera”, ha puesto sobre la mesa, en relación a la falta de protocolos desde el Gobierno. Javier Jordán también ha mostrado su preocupación por el diálogo colectivo. “Estamos en el eterno día de la marmota con la renovación de la Justicia”, ha comentado y ha pedido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que escuche a los sindicatos y convoque la mesa de negociación. Jordán ha expuesto que es necesario conocer el volumen del trabajo suspendido estos tres meses y aplicar medidas para poner al día el retraso que ha producido la pandemia.

Jorge Fernández Vaquero, Magistrado de Violencia sobre la Mujer en Vitoria y portavoz nacional de la Asociación Judicial independiente Francisco de Vitoria ha comentado que la atención a víctimas de violencia de género no ha parado y ha continuado asistiendo al juzgado con una “sensación extraña”. Sobre la falta de material, ha indicado en el programa 24 horas de RNE que “se está saliendo adelante por la voluntad de todos”. “Hay carencias que hacen muy difícil el desarrollo de la justicia, por ejemplo, la falta de medios tecnológicos”, ha destacado Fernández que ha indicado que genera “frustración”: “Si no hay conexión no se puede celebrar un juicio”. En cuanto al mes de agosto, un mes declarado hábil para la justicia este año, Fernández ha considerado que su efecto práctico es “escaso o nulo” por razones de organización del juzgado. “La pandemia ha puesto de manifiesto que es una institución deficiente en recursos, capacidad y organización y es un sistema desfasado”, ha sostenido Fernández que también ha encontrado un lado positivo: “El hecho de que se haya puesto esto de manifiesto atrae el foco a la situación y a la importancia de la Justicia”.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU., dirigido por los demócratas, celebra este miércoles una audiencia sobre la brutalidad policial y la elaboración de perfiles raciales para estudiar la pérdida de confianza en la Policía. El hermano de Floyd ha comparecido en el Capitolio para testificar sobre su caso y ha implorado que "acabe con el sufrimiento" de los afroamericanos.

El excomisario Villarejo ha declarado desde la cárcel en el primer juicio a la llamada “policía patriótica” que investiga el origen de un pendrive con información de la familia Pujol. Ha reconocido que informó del dispositivo al ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y al que entonces era número 2,  Eugenio Pino. Villarejo ha asegurado que se hizo con el USB pagando dinero a un trabajador descontento de la agencia de detectives ‘Método 3’.