El excomisario Villarejo ha declarado desde la cárcel en el primer juicio a la llamada “policía patriótica” que investiga el origen de un pendrive con información de la familia Pujol. Ha reconocido que informó del dispositivo al ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y al que entonces era número 2, Eugenio Pino. Villarejo ha asegurado que se hizo con el USB pagando dinero a un trabajador descontento de la agencia de detectives ‘Método 3’.
Javier Álvarez, catedrático de derecho penal de la universidad Carlos III, ve poco recorrido al procedimiento abierto contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido la celebración del 8M en Madrid. Álvarez ha explicado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que el delegado del Gobierno no podía prohibir la manifestación porque “no había alteraciones de orden público”. Álvarez sostiene que el derecho de reunión no precisa autorización ninguna, “solamente cuando se ocupa zonas de tránsito público hay que comunicarlo, no para que se autorice, sino para que se prohíba en el caso de que se prevean alteraciones de orden público y debe hacerse en 72 horas”. Álvarez lamenta la situación política que estamos viviendo, “la peor posible”. “Estamos ante una judicialización de la política, con informes de la Guardia Civil que no hay manera de sostener, llenos de contradicciones y omisiones que solo se pueden entender como intencionados", ha concluido.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años y cuatro meses de cárcel y a suspensión de cargo público al inspector de los Mossos d'Esquadra, Jordi Arasa, por las cargas policiales en la acampada de indignados en la plaza de Catalunya de Barcelona, el 27 de mayo de 2011. El tribunal ha concluido que no estaban "justificados en ningún caso" los golpes de porra a los "indignados"
Informa Mónica Montes
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rebajado de rebelión a sedición la acusación contra el Mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluis Trapero, por su actuación durante las semanas previas y posteriores al 1 de octubre de 2017. También rebaja la gravedad del delito para el exdirector general del cuerpo, Pere Soler, y para el exsecretario general de Interior del Govern, Cesa Puig. Aunque la Fiscalía sólo reduce de 11 a 10 años de prisión la petición de condena para los acusados, plantea la posibilidad de que sean condenados por un delito de desobediencia lo que implicaría que no se enfrentarían a penas de cárcel, sino a 10 meses de multa. Informa Teresa Coto.
Los juicios telemáticos son más seguros para evitar contagios y además ahorran tiempo, con lo que ayudan a aliviar la saturación de los tribunales después del coronavirus.
Un juez ha fijado este jueves una fianza en un millón de dólares a los tres expolicías imputados por ayudar e incitar a la muerte de George Floyd, detenidos tras más de una semana de protestas. Al principal acusado, Derek Chauvin, le han añadido un tercer cargo de homicidio, esta vez más grave. Los cuatro acusados se enfrentan a un máximo de 40 años en prisión, aunque el fiscal de Minnesota advierte de que"ganar es difícil".
Miles de personas se han congregado en Nueva York para celebrar una vigilia en honor a George Floyd. También este jueves, en Minneapolis, se celebra el primero de los funerales, arrancando así un duelo de varios días. Este acto ha logrado reunir a una multitud de personas. En el Capitolio, los senadores demócratas se han arrodillado en silencio para recordar a George Floyd y a las otras víctimas del abuso policial en EE.UU.
Un juez ha condenado a cuatro de los cinco integrantes de la manada de Pamplona a un año y medio de prisión por abusar sexualmente de una joven en Pozoblanco, en Córdoba. A eso suma entre 14 meses y tres años de cárcel por un delito contra la intimidad. La sentencia rechaza el delito de agresión sexual que pedía la acusación popular para uno de los acusados, porque argumenta que no existe indicio de violencia o intimidación.
La magistrada del Juzgado de lo Social de Teruel, Elena Alcalde, ha condenado a la Diputación General de Aragón (DGA), el Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por vulneración de los derechos de los trabajadores, estableciendo que deben proporcionar equipos de protección individual (EPI) frente a la COVID-19 a los empleados públicos sanitarios del grupo A.
La sentencia, que estima una demanda del sindicato médico FASAMET, que también han planteado en Huesca y Teruel, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
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El pleno de debate sobre el estado de la democracia en nuestro país, el supuesto retroceso de libertades, el resquebrajamiento de la separación de poderes y la judicialización de la política, ha visitado este jueves Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, que se jubila tras pasar los últimos diez años de su carrera en este cargo y 32 en el ejercicio de la judicatura.
A Ibarra “le preocupa el debate” suscitado sobre la independencia judicial a raíz de la destitución del coronel Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Juan Luis Ibarra no ve a Grande-Marlaska, al que considera su amigo, “intentando injerir en la justicia en su posición de ministro” y matiza que esimportante discernir entre separación de poderes y la independencia judicial. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que “la independencia judicial es un derecho de la sociedad y preservarlo es fundamental para que el estado de derecho funcione”, aunque precisa que, en estos momentos, los poderes no pueden estar separados porque necesariamente tienen que interactuar. "El presidente del TSJPV no puede no tener unas relaciones fluidas y estrechas con la presidencia del Parlamento vasco ni con la Lehendakaritza, es verdad que no es fácil […]La separación de poderes era más fácil definirla en el siglo XVIII que practicarla en el XXI”. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admite que la cultura democráctica y los valores propios de la democracia “están en cuestión” en nuestro país y cree que los poderes públicos deben hacer un ejercicio de pedagogía y transparencia con la sociedad para evitarlo. “Hay conocimientos que están a disposición de los poderes públicos que debemos transmitir para que la sociedad pueda formarse un criterio respecto a los problemas que se deben resolver” Juan Luis Ibarra, que preside, además, la Junta electoral del País Vasco, considera que existen todas las garantías para que las elecciones en Euskadi se celebren con seguridad.
El toque de queda no ha frenado las protestas por la muerte de George Floyd en EE.UU. Este jueves empiezan seis días de funerales y homenajes. Horas antes, la familia celebra que se elevan los cargos contra el agente detenido y que se imputa a los otros tres que participaron en el arresto de Floyd.
