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Un juez ha imputado a Podemos como partido y a varios responsables de sus finanzas por presunta malversación. Desde la formación morada han pedido la nulidad de las investigaciones alegando indefensión. Están convencidos de que estas acusaciones quedarán en nada porque el verdadero objetivo es fabricar durante meses un juicio mediático contra ellos. La oposición le pide a Iglesias que dé explicaciones.

El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha citado como investigados a Juan Manuel del Olmo, estrecho colaborador de Pablo Iglesias, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, además de al responsable de Finanzas del partido, Daniel de Frutos, y la gerente, Rocío Val, tras la denuncia presentada por el abogado despedido por el partido José Manuel Calvente. Podemos, como partido político, está imputado en la causa.

Un juez de Madrid ha imputado al secretario de comunicación de Podemos, a su tesorero, a la gerente y también al partido como persona jurídica. El origen de la investigación es la denuncia presentada por el abogado depedido por Podemos, José María Calvente, quien denunció financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos en el partido, entre otros delitos.

La Fiscalía General de Nueva York ha presentado una demanda contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el histórico lobby de las armas, por la gestión fraudulenta de sus directivos, a quienes acusa de desviar millones de dólares para uso personal. La acción es resultado de una investigación abierta en 2019 y puede poner contra las cuerdas a una organización con más de cinco millones de miembros y un gran poder en Estados Unidos, pero que atraviesa actualmente importantes problemas financieros.

Con una portada del diario suizo Tribune de Geneve saltaban las alertas: "Juan Carlos escondía 100 millones en Ginebra". La noticia recogía la investigación del fiscal suizo Yves Bertosa a Juan Carlos I por un posible delito de blanqueo de capitales, tras descubrirse una fundación con 100 millones de dólares que el rey había recibido de Arabia Saudí. El dinero llegó al banco Mirabaud, uno de los imputados.

Los otros tres imputados en Suiza son la propia Corinna Larsen, amiga de Juan Carlos I que recibió una transferencia de 65 millones de euros en una cuenta a su nombre en las Bahamas, y los dos expertos en transacciones financieras que supuestamente actuaban en nombre del rey emérito, Arturo Fasana y Dante Canonica. El fiscal busca pruebas de que esa cantidad proveniente de Arabia Saudí es una comisión por adjudicar las obras del AVE a la Meca a empresas españolas.

La salida del rey Juan Carlos I es la página más reciente de la historia de España. Se ha producido a raíz de las investigaciones por parte de la Fiscalía suiza y la justicia española sobre los fondos opacos a los que se le vincula. Mientras esas investigaciones continúan en marcha, su abandono del país crea ciertas incógnitas sobre el horizonte judicial.

Existen numerosos indicios que remiten a su figura, pero Juan Carlos I no está imputado en ninguna causa y el Tribunal Supremo no ha adoptado medidas cautelares contra él. Su abogado ha dejado claro que el rey emérito, aunque fuera de España, está a disposición de la Fiscalía.

"Todos tenemos derecho a entrar y salir de nuestro país cuando queramos", explica Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional. Según los expertos, fuera de España quedará más expuesto ya que su situación jurídica va a depender de lo que haga el Estado de acogida: en el exterior no goza de inmunidad al no ser un jefe de Estado en activo y cualquier otro país puede reclamarle para que preste declaración o testifique.

El Tribunal Supremo rechaza adoptar medidas cautelares contra Juan Carlos I y desestima, de esta forma, las peticiones de Ómnium Cultural alegando que el "sistema procesal español no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado, como es el caso de Juan Carlos l".

Informa Araceli Sánchez

Los integrantes del equipo madrileño de fútbol Fuenlabrada están a punto de concluir la cuarentena que han tenido que respetar en A Coruña, Galicia. Otros siete integrantes del club han recibido el alta este domingo y están de camino a Madrid. En total son 40 los que han recibido el alta, según informa Javier Salido y se espera que los siete restantes abandonen el hotel este miércoles. Alegría en el Fuenlabrada que contrasta con el malestar del Extremadura que anuncia que recurrirán a los tribunales si se aplica la propuesta de la Federación Española de Fútbol de una liga con 24 equipos. Desde el Elche consideran que el Fuenlabrada ha tenido una actitud negligente y por eso también podrían emprender acciones legales contra ellos.

Arnaldo Otegi y los otros cuatro condenados por intentar reconstruir la antigua Batasuna, van reclamar una indenmización al Estado, después de que ayer el Supremo anulara la sentencia siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a España al considerar que la juez del caso no había sido imparcial.

Human Rights Watch ha criticado la detención del periodista marroquí Omar Radi, al que se acusa de violación y de atentar contra la seguridad del Estado. Según la ONG, existe una campaña de difamación contra este periodista de investigación muy crítico con el Gobierno de Marruecos. Radi ha entrado y salido de comisaria hasta ocho veces en las últimas semanas: está acusado de espionaje y estuvo detenido por conducta ebria y violenta. 

Carme Forcadell y Dolors Bassa, condenadas por el procés, seguirán en régimen de semilibertad mientras se resuelve el recurso de la fiscalía. Sin embargo, con un criterio distinto, la juez de vigilancia penitenciaria ha suspendido el tercer grado de Jordi Turull y Josep Rull, que desde mañana ya no podrán salir de prisión, al igual que ocurre desde el martes con Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva y los Jordis.