La Fiscalía de Madrid ha pedido que se investigue a Podemos únicamente por los pagos realizados a la consultora sudamericana Neurona para las elecciones de abril de 2019. En cambio, considera que no hay delitos que una supuesta caja B, los sobresueldos o la financiación irregular del partido. Cree que son rumores, sospechas o suspicacias denunciadas por el exabogado de Podemos del que dice que ha demostrado una clara animadversión hacia el partido de Pablo Iglesias.
La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha defendido en 'La Hora de la 1' en TVE que su partido no podrá llegar a acuerdos mientras Podemos siga en el Gobierno de coalición porque, ha dicho, es una formación que "va en contra del ordenamiento jurídico" y "ataca al poder judicial".
La la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha hablado este martes en 'La hora de la 1' sobre las últimas informaciones que vinculan a altos miembros del Gobierno de Mariano Rajoy con el espionaje al extesorero del PP por los llamados 'papeles de Bárcenas' en la operación Kitchen. En este caso, Ha insistido en que se debe respetar la "presunción de inocencia" y la "independencia judicial".
Pastor también ha insistido, en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judial (CGPJ), que "el PP no puede llegar a acuerdos con quien quiere romper el orden constitucional", en referencia a Podemos, a quien ha acusado de "atacar a la Monarquía" y de quien ha recordado que está "imputado".
Pastor también ha descartado que el PP apoye la moción de censura que plantea Vox contra el Gobierno y ha pedido mayor coordinación por parte de Sanidad en la vuelta a los colegios, así como que garantice un "calendario único" de vacunación.
La pandemia deja durante el fin de semana en la provincia de Toledo casi 800 nuevos positivos, tiempo en el que ninguna persona ha perdido la vida por el coronavirus. La Covid-19 se cuela también en las residencias de la provincia, se han detectado casos en el centro San José y en la de Herreruela de Oropesa.
El juez de la Operación Kitchen ha levantado el secreto de sumario de la investigación sobre el supuesto espionaje a Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, con dinero público. Según ha confirmado TVE, el antiguo secretario de Estado de Seguridad depositó ante notario mensajes que implicarían al exministro del Interior Fernández Díaz en el caso.
La agenda judicial arranca la semana que viene en el Tribunal Supremo con una vista sobre la inhabilitacion del presidente catalán, Quim Torra, por desobeder a la Junta Electoral Central. La Audiencia Nacional dictará sentencia para el mayor de los mossos Josep Lluis Trapero por su actuación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, el Tribunal Constitucional estudia los recursos de loslíderes independentistas en prisión. Además el Supremo espera el suplicatorio que ha pedido al parlamento europeo paraseguir su procedimiento contra el 'expresident' Carles Puigdemont. Muy pendientes habra que estar tambien de la investigación de la Fiscalía del Supremo al Rey Emérito por el presunto cobro de comisiones del Ave a la MECA . Espera información de Suiza para saber si cometió algún delito o si hay prescripción o inviolabilidad. La investigación surgió delcaso Villarejo, en el que declarará comoimputada este mismo mes la ex amiga de Juan Carlos I Corinna Larsen por contratar presuntamente al excomisario para espiar a una empleada suya. El Supremo tendrá también que resolver qué hace con las más decincuenta querellas y denuncias que distintos colectivos han interpuesto contravarios miembros del gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus.
El juez Manuel García Castellón considera que "órganos superiores de la Administración General del Estado" organizaron el espionaje a Luis Bárcenas, dentro de una operación parapolicial entre 2013 y 2015 para sustraer información al extesorero del PP a través de su chofer, que habría recibido fondos reservados. Ahora, el magistrado tiene que decidir si incluye como investigados en la causa al ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado que dictará una instrucción para definir cómo hacer frente a los delitos relacionados con la ocupación de viviendas.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha vuelto a pedir a los partidos políticos que se pongan de acuerdo para renovar “sin más dilaciones” el órgano de gobierno de los jueces. Durante la ceremonia apertura del año judicial, Lesmes ha reclamado un acuerdo inmediato para cumplir con la Constitución “y no dañar más el trabajo de los jueces”.
Las dos principales asociaciones de jueces han reclamado a los políticos en ‘Las mañanas de RNE’ que se pongan de acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. La portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ascensión Martín, ha dicho que los grupos parlamentarios deben estar a la altura de las circunstancias y ha censurado la actitud del Partido Popular. “No puede ser que un partido diga que no quiere renova el poder judicial. Tiene un mandato judicial”. En la misma línea, María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha insistido en que la renovación es urgente.
Natalia Velilla es Magistrada-Juez de Adscripción Territorial de Madrid y miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria y con ella hemos hablado de los derechos de padres y alumnos sobre acudir o no a los centros escolares por temores al coronavirus, lo hemos hecho en el Diario 20 horas fin de semana Diario 20 horas fin de semana de RNE y le preguntábamos por estudiantes de 6 a 16 años "realmente deben ir al colegio, en todo caso, porque no sólo hay un derecho a la educación recogido en el texto constitucional, artículo 27, sino que hay una obligación de ir al colegio". La norma general nos dice la magistrada es la de acudir a un centro educativo "lo que ocurre es que nos encontramos ante un conflicto entre un derecho que es la obligación de los padres a escolarizar a sus y la integridad física en este caso, entonces al haber un conflicto entre ambos derechos es cuando habrá que ver los problemas según cada caso". Así que poder poder, no se puede dejar de ir al colegio con carácter general.
Ahora bien, cuando un menor tiene alguna patología previa que le conviertan en persona de riesgo de contraer una infección "ese menor con una indicación médica no debería ir al colegio, al igual que si convive con gente que tenga algún tipo de riesgo. En otros casos no existe un derecho de no acudir, pero tampoco podemos entender que por no ir al colegio, por miedo de los padres, estemos hablando de una conducta que pueda ser perseguida". El ordenamiento jurídico, dice Natalia Velilla no está para perseguir a padres que manifiesten algún temor por la salud de sus hijos.
Perseguir el absentismo escolar dependerá no tanto del juez como de las circunstancias "no es lo mismo en un periodo normal donde no hay una pandemia mundial, en que se vive en una crisis sanitaria como la de ahora, que un padre decida no llevar a su hijo al colegio si no es de una manera reiterada y pertinaz, en cuyo caso si que podríamos estar ante un delito en las relaciones familiares artículo 216 del Código Penal, que en una situación como la actual en la que nos encontramos con una pandemia clara y con riesgo para la salud de las personas y los padres tienen un miedo que no es irreal, estamos en una situación de emergencia sanitaria. En estos casos aunque se llegaran a abrir unas diligencias previas contra los padres "creo que tendrán poco recorrido, desde mi punto de vista, salvo que la negativa de los padres no esté en absoluto justificada". El terreno es difuso, sin jurisprudencia, si los padres por algún daño en la salud de sus hijos decidieran emprender la vía judicial "si un centro escolar cumple los protocolos que le marca la Comunidad Autónoma, la consejería de Educación correspondiente, y hace todo lo que está en su mano para que la epidemia no se propague entre los alumnos no creo que exista ningún tipo de responsabilidad para nadie".
La residencia de ancianos de Alcoba de Los Montes, en Ciudad Real, registra 25 casos positivos de coronavirus entre sus residentes y varios trabajadores infectados. Para tratar de frenar la pandemia, se prorrogan otros 14 días las medidas restrictivas especiales en varios municipios de Ciudad Real y Toledo. Se levantan, sin embargo, en La Nava de Ricomalillo y en Membrilla.
Suscríbete a este tema
