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María Luisa Segoviano, presidenta de laSala de lo Social del Tribunal Supremo, ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que se está estudiando modificar las normas procesales para tratar de dar mayor agilidad a los procesos judiciales que va a traer consigo la pandemia. Segoviano ha pronosticado que la COVID-19 va a desencadenar una crisis económica, social que terminará afectando en la “inmensa litigiosidad que llegará a los tribunales”. “Me preocupa mucho el rastro de la pandemia en materia de desigualdad y hay algo que nos atañe directamente: la premura que requieren estas situaciones. Tal y como están configurados los tribunales quizá no se puede dar esta respuesta con la rapidez que sería deseable”.

Segoviano es la primera mujer que accede a la presidencia de una Sala del alto tribunal en los más de 200 años de historia de este órgano y para la magistrada este hecho puede deberse a que “quizá la justicia sea algo más remisa a la recepción de mujeres que el resto de la sociedad”. A la presidenta de la Sala de los Social del Tribunal Supremo le gustaría que “hubiera un efecto llamada” para que más mujeres accedieran a puestos de responsabilidad. “La clave es que la sociedad asuma que somos iguales y que hay una igualdad efectiva y real. Creo que a medida que se va viendo que [las mujeres] desempeñamos los puestos con eficacia igual que podría hacerlo un hombre crece la confianza en la sociedad”.

La Fiscalía descarta que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, incurriera en un delito de prevaricación cuando el pasado mes de enero mantuvo un encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que no admita las querellas presentadas por Vox y el partido Laócrata contra Ábalos en las que denuncian que autorizó a atravesar el espacio aéreo español y aterrizar en el aeropuerto a Rodríguez pese a que tenía prohibido el paso por el espacio europeo. La Fiscalía afirma que esas denuncias se basan únicamente en artículos de prensa y en declaración notarial de un trabajador del aeropuerto y no concretan si Ábalos adoptó una resolución injusta y arbitraria.

El Tribunal Constitucional de Polonia ha declarado anticonstitucional la interrupción voluntaria del embarazo. A raíz de esta sentencia hablamos de la opinión pública respecto al aborto.

España está en el top 15 de los países que lo defienden. Aproximadamente el 80% de la población lo justifica.

Hay cinco tipos de sociedades en el mundo respecto a este tema: las más favorables (Suecia, Noruega…), sociedades favorables (España, Francia, Reino Unido, Australia…), divididas, que están en la media mundial (EE.UU., Grecia, Rusia, Italia…), desfavorables (Polonia, México, Argentina, Chile) y las que están totalmente en contra (China, Myanmar, Etiopía, Nigeria, Colombia, Perú o Bolivia).

Hay un factor, el religioso, que es clave para la orientación del país. A mayor identificación con la religión, mayores reticencias ante el aborto.

La pandemia del coronavirus deja 28 fallecidos durante el fin de semana, tiempo en el que se han detectado casi 2.800 nuevos casos positivos de la enfermedad. En Talavera de la Reina, 80 residentes han dado positivo en Covid-19 y al menos 3 trabajadores también se han infectado enla residencia de ancianos "El Lucero". Mientras, en Alcázar de San Juan, se levantan las medidas especiales de nivel 1 tras la mejora de los datos epidemiológicos en los úlimos 14 días.

La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de SevillaAna Carmona ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que decretar un estado de alarma durante seis meses, tal y como anunció este domingo el presidente del Gobierno, “suscita problemas de control político”. “El plazo de seis meses ha suscitado mucha sorpresa. Es verdad que el propio decreto establece que el ministro de Sanidad comparecerá en el Congreso cada quince días, pero este déficit de control político puede ser un elemento que lastre la garantía democrática del estado de alarma. ” Carmona ha confirmado, además, que el decreto aprobado por el Gobierno no permite ni al Ejecutivo central ni al de las comunidades autónomas establecer confinamientos domiciliarios.

Hemos conocido una sentencia que obliga a un hombre a pagar mil euros por año de matrimonio a su ex esposa por haberle ocultado que era bisexual. Vamos a hablar de esta preocupante sentencia con su protagonista, Javier Vilalta, y con Mar Ortega, de la comisión ejecutiva de FELGTB. También vamos a comentar la directiva tránsfoba que la Federación Internacional de Rugby aprobó hace algunas semanas y que impide a las mujeres trans participar en competiciones deportivas femeninas. En el libro de la semana tenemos al autor Donacio Cejas que nos presenta su libro "El verano sin final" (Ediciones Hidroavión). 

La mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas ha pedido ingresar voluntariamente en prisión. En un escrito al que ha tenido acceso TVE, la defensa de Rosalía Iglesias explica que está a disposición de la Audiencia Nacional para ingresar en cuanto lo ordene en el caso de que no le concedan un aplazamiento por razones médicas. Rosalia Iglesias está condenada a casi 13 años de prisión.

El juez ha archivado la investigación sobre las cuentas de Podemos que afectaba a la llamada caja de solidaridad. El magistrado no ve indicios de administración desleal y, en su auto, asegura que no hay pruebas de que esa caja desarrollara una actividad diferente para la que fue constituida: que los cargos públicos de Podemos hagan donaciones para proyectos sociales. El juez descarta así que haya una 'caja b' en la formación, tal y como sostenía el exabogado de la formación morada,  José Manuel Calvente, que había denunciado que desde esa caja de solidaridad fueron a parar 50.000 euros a las manos del diputado Rafa Mayoral a través de intermediarios. La investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos continúa ahora centrada únicamente en los gastos electorales de la formación en la consultora Neurona en las elecciones de 2019.

En esta entrega de 'Zona Visible'  la sección personalizada de nuestra CNN en Gente despiertaCarmen Nicolás hablaremos de un sector que no es un colectivo desfavorecido como tal pero sí tienen una labor social muy importante siendo claves en el sistema judicial. Los protagonistas son Eduardo GarcíaCarmen Valenzuela y Francisco Andújar, todos ellos son importantes abogados en el turno de oficio, y nos han contado qué servicio dan a la sociedad e intentaremos deshacer el estigma que hay sobre este oficio.

El Tribunal Supremo considera que el índice IRPH, del que dependen un millón de hipotecas en España, fue comercializado por los bancos de forma poco transparente porque no informaron de su evolución en los dos años anteriores. Sin embargo, concluye que no es abusivo. Una sentencia que ha desconcertado a los consumidores, que tendrán que esperar a los detalles para saber si es una buena o una mala noticia.

En el informativo '14 horas' de Radio Nacional, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha expresado su indignación por lo que considera una sentencia “salomónica” del Supremo que no zanja la cuestión. “Es difícil de entender que algo que el banco ha vendido sin transparencia no es algo abusivo”, ha dicho Suárez, que cree que la sentencia deja la puerta abierta a que los afectados sigan litigando.

El GRECO, un organismo del Consejo de Europa para luchar contra la corrupción, advierte a España en una carta al Ministerio de Justicia de que la iniciativa para la reforma del Consejo General del Poder Judicial podría violar las normas comunitarias.

El presidente del órgano insiste en que sus recomendaciones son que al menos la mitad de los 20 vocales del consejo sean elegidos por jueces y magistrados y que las autoridades políticas no intervengan. Explican que tienen que ser órganos independientes para poder luchar eficazmente contra la corrupción, y que España lleva años incumpliendo las recomendaciones del organismo sobre una evaluación de su independencia.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que responderán inmediatamente sobre lo que consideran “inexactitudes” sobre la reforma del poder judicial.