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El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha concedido el tercer grado a Rodrigo Rato, que podrá salir de prisión con pulsera telemática tan sólo dos días después de ser absuelto en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. El juez argumenta que existe un bajo riesgo de reincidencia y que Rato ya ha pagado todo lo que debía por su condena a cuatro años y medio de cárcel por las "tarjetas black".

El magistrado Joaquín Bosch ve“muy discutible jurídicamente” que el Gobierno pueda despojar de competencias en materia de sanidad a una comunidad de autónoma a través de una orden ministerial. “Nuestro sistema de materia de sanidad está diseñado para otorgar competencias a las comunidades autónomas y el único instrumento para que el Gobierno pueda tener el control de la gestión en materia de sanidad es mediante el estado de alarma”. Fuera del estado de alarma está el Consejo interterritorial, admite Bosch en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, pero está configurado legamente para coordinar, planificar y emitir recomendaciones. “Las órdenes ministeriales deben tomarse previo acuerdo del Consejo Interterritorial, que debe aprobarlas por consenso, no por mayoría, precisamente para que el Gobierno no pueda invadir competencias”. Bosch prevé una batalla jurídica entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid que podría llegar al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias.

La Comisión Europea considera que la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una de las tareas urgentes de la justicia española. Bruselas recuerda que el órgano de gobierno de los jueces lleva dos años esperando su renovación y que el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, lo considera una "anomalía democrática". Es una de las conclusiones del Informe sobre el Estado de Derecho elaborado por la Comisión Europea, que también advierte de que el vínculo entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado en España pone en duda su independencia y alerta de la lentitud de la justicia española.

El Consejo General del Poder Judicial ha hecho oídos sordos a las presiones del Gobierno de paralizar los nombramientos y ha elegido a cuatro jueces progresistas y dos conservadores para seis plazas clave del Supremo. Tres de ellas son para la Sala de lo Penal, que investiga y juzga a los aforados. Son los magistrados Ángel Hurtado, Javier Hernández y Leopoldo Puente. Destaca también el nombramiento María Luisa Segoviano que presidirá la Sala de la Social, la primer mujer en presidir una sala del Supremo en los más de 200 años de historia del órgano.

Informa Araceli Sánchez

Este martes por la tarde, en el pleno, Gabriel Rufián ha subido a la tribuna y ha criticado que Quim Torra haya sido inhabilitado por no retirar la pancarta de los presos del Procés, mientras que Rodrigo Rato ha sido absuelto por la salida de Bankia a bolsa. Rufián ve una "guerra judicial" y pide la unión del independentismo para dialogar con el Gobierno. Cree que "no se entendería otra batalla, disputa o discrepancia entre el independentismo".

Rato lleva dos años en prisión por las tarjetas black y esta absolución podría abrir la puerta a que obtenga la semilibertad. El ex vicepresidente está pendiente de si le conceden o no el tercer grado penitenciario tras haber cumplido una cuarta parte de su condena y hasta ahora se lo habían denegado a la espera de conocer esta sentencia.

Rato tiene otra macrocausa abierta ya que en un juzgado de Madrid se está investigando el origen de su patrimonio. 

Informa Usúa Irastorza

Este lunes ha comenzado el juicio de la conocida como 'viuda negra' de Alicante. Concepción Martín está acusada de haber matado a su marido, con el que se había casado veinte días antes. También se sienta en el banquillo Francisco Pérez, su cuidador y presunto cómplice. En la primera sesión del juicio, ambos han defendido su inocencia.

Sigue la polémica por la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. El Gobierno ha reconocido, por primera vez, que una de las razones por las no permitió asistir al Rey fue por la cercanía de la sentencia sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Mientras, otro ministro de Unidas Podemos ha insistido en las críticas a Felipe VI; PP y VOX acusan a Pedro Sánchez de complicidad.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo ha dicho en Las mañanas de RNE que no hay "ningún frentismo con la Casa Real, en absoluto". El ministro Campo ha explicado en RNE que hubo razones que desaconsejaban la asistencia del rey Felipe VI al acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona. Campos ha alegado motivos de seguridad, por la inminencia de la sentencia del president de la Generalitat, Quim Torra, la cercanía del 1 de octubre y "motivos de convivencia". "Hubo un intento de que el acto se aplazara y el presidente del Consejo General del Poder Judicial entendió que no", ha explicado el ministro de Justicia en los micrófonos de Radio Nacional. "Todo ha sido un tanto extraño, pero tampoco hay que hiperbolar, lo importante es que el poder judicial cuenta con una nueva promoción", ha dicho. Sobre la renovación de los órganos institucionales, Campos asegura que es el Partido Popular quien lo tiene lo en su mano. "No se puede ser constitucionalista a tiempo parcial. Hay que renovar nuestras instituciones, es lo que genera confianza", ha dicho Campos.

Sobre la situación de la pandemia y la tensión entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, elministro de Justicia ha apelado a la unidad y a la actuación conjunta entre instituciones para "vencer al virus" y a que laComunidad de Madrid atienda a las recomendaciones expuestas por las autoridades sanitarias y ha aclarado que el ordenamiento jurídico está "bien diseñado" y hay instrumentos para "casi todo". "Judicializar una lucha colectiva me parece una mala idea", ha asegurado. Campos ha insistido en que "no hay una carga ideológica y quien lo quiera ver, se equivoca". En Las mañanas de RNE el ministro de Justicia ha señalado que "sería aberrante que no se tramitaran" los indultos de los presos del procés. "Es la obligación de cualquier Gobierno y ministro de Justicia. Cada año se presentan 2.000 peticiones de indulto y estamos tramitando 4.000, hay un gran retraso", reconoce. "Deberíamos hacer un ejercicio de contención. Hay otros debates que están ahí[...] Poner el grito en el cielo porque se inicia una tramitación de unas peticiones de indultos no me cabe en mi cabeza de jurista y me parece una forma muy mala de hacer política". Sobre dar por hecho el indulto, Juan Carlos Campo asegura que creer eso es "no creer en el Estado de derecho" y "es un ejercicio muy censurable". "Lo ocurrido fue muy grave", afirma, "y el Tribunal Superior de España los condenó. Hay que ver si son merecedores o no de un indulto parcial o total".

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado que "respeto institucional significa neutralidad política de la Jefatura del Estado", como también la renovación "en tiempo y forma" de los órganos judiciales y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha acusado a la monarquía de "maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido". Ambos dirigentes se han referido así en dos tuits a la llamada del monarca al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para comunicarle que le "hubiese gustado" acompañarle en la entrega de despachos a los nuevos jueces celebrada este viernes en Barcelona, una polémica ausencia que se debe, según aseguró un vocal del CGPJ, a que el Gobierno no había autorizado su presencia en el acto. Justo cuando el acto finalizaba, después de los vivas al rey, un micrófono se ha quedado abierto y se ha escuchado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, decir: "Se han pasado tres montañas". Unas palabras en las que, según han asegurado a TVE fuentes de Justicia, Campo no se reconoce.

El coronavirus ha provocado la muerte de 9 personas en las últimas horas y se han detectado casi 900 nuevos contagios. para frenar el avance de la pandemia, Sanidad ha decretado nuevas medidas especiales en varias localidades de la región. Las más restrictivas, de nivel 3, se aplican en Sonseca y Pulgar, en Toledo.

En Cantabria, una sentencia reconoce el derecho a anular las vacaciones si coincidieron con el estado de alarma y a disfrutarlas en otro periodo. El tribunal compara el confinamiento forzado por la pandemia de coronavirus con una baja temporal en la que sí se respeta este descanso. El sindicato UGT, que ha presentado la denuncia, cree que el estado de alarma se ha utilizado para "incumplimientos constantes" del convenio colectivo, considera que la sentencia es un precedente "importante" y espera que sea utilizado por muchos trabajadores.