Fuentes de Moncloa han explicado a RNE que la intención del Gobierno es renovar todas las instituciones que está en funciones, como el Tribunal Constitucional, el Defendor del Pueblo o RTVE. "Se buscarán las mayorías necearias y no se tocarán leyes si no es preciso", admiten en Moncloa, muy enojados con el PP por bloquear muchas de esas renovaciones.
Informa Sandra Gallardo
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha pedido al PP que negocie la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si no quiere que se se ponga en marcha la reforma propuesta por el PSOE y Unidas Podemos. Celaá ha hecho esta llamada al acuerdo tras la advertencia del líder del PP, Pablo Casado, de que no pactará mientras no se retire esa propuesta de reforma que cambia la mayoría para elegir los jueces.
“Esperemos que [el PP] tenga una intención fideligna y esta situación queda resuelta. Lo ideal es que el PP desbloquee la situación, se negocie y se llegue a buena término. [...] Lo que no se puede hacer es tener organismos constituciones continuamente bloqueados. Esto es también un fraude constitucional", ha declarado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso.
La ministra ha defendido el decreto ley que este jueves se votará en el Congreso de los Diputados con nuevos criterios de evaluación para este curso y que algunas comunidades autónomas ya han adelantado que rechazan aplicar. Celáa cree que con esta normativa se da un “paso de calidad” porque los profesores evaluarán “de una manera colegiada” al alumno, lo que permitirá identificar sus carencias y reforzarlas.
“Lo que proponemos es que los profesores evalúen de manera global el itinerario académico del alumno. ¿Eso quiere decir que los alumnos con suspensos deben pasar? No. Quiere decir que la mirada más importante está en la evaluación académica global de ese alumno, decidida de manera colegial por los profesores que les conocen.”
Celaá considera que en el sistema educativo español se pone demasiado el foco en la repetición de curso, algo que no tiene por qué beneficiar al alumno. “Mandar una alumno a repetir es una decisión seria que afecta al alumno y al sistema. La repetición es una medida excepcional, el sistema educativo español abusa de las repeticiones”.
La ministra de Educación y Formación Profesional ha admitido que viajó a Bilbao por “una cuestión médica” por lo que niega que se saltara el estado de alarma decretado en Madrid el pasado viernes y ha confesado, además, que ha recurrido a la Justicia para denunciar las pintadas que aparecieron en su casa.
PSOE y Unidas Podemos presentan hoy una iniciativa en elCongreso para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En el informativo 14 horas de Radio Nacional hablamos con Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y con Ascensión Martín Sánchez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Fernández Vaquero defiende que les parece "una iniciativa muy desafortunada, un auténtico despropósito. En las asociaciones profesionales llevamos años reclamando que se modifique la ley para que los vocales judiciales del Consejo, que son 12 de los 20, los elijamos los propios jueces por votación directa. Los otros 8 los nombra el Parlamento". Desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria señalan que este mismo criterio lo comparten desde instituciones del ámbito europeo como el Consejo de Europa o lo que marca la doctrina del Tribunal de Justicia Europea. "Si todos los vocales los nombra el Parlamento se deteriora esa imagen de falta de independencia y se agrava el problema que ya padecemos", afirma Fernández Vaquero. ¿Qué cree que deberían hacer los grupos parlamentarios en vista del bloqueo, para desatascar esa situación? "Es un problema gravísimo. Es obligación constitucional de los grupos parlamentarios renovar el CGPJ en plazo. Es inaceptable que llevemos dos años en esta situación. Es inaceptable bloquearlo por intereses políticos pero también es inaceptable supeditar la negociación al reparto de asientos. El problema no es que no sean capaces en ponerse de acuerdo en qué personas tienen que nombrar, el problema es que no se ponen de acuerdo en el reparto. Ese modo de proceder es contrario a la Constitución". Por su parte, desde Juezas y Jueces para la Democracia, su portavoz Ascensión Martín Sánchez defiende que su postura es muy clara: "Renovación con la ley actual, sin reformar. Pero también entendemos la posición del Ejecutivo de buscar alternativas si hay un partido que se niega a sentarse a dialogar para la renovación".
PSOE y Unidas Podemos van a registrar este martes una iniciativa en el Congreso para modificar el sistema de elección de los jueces. La reforma plantea que para elegir a los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial que corresponde a las Cortes haga falta solo mayoría absoluta y no tres quintos como hasta ahora. De esta forma sería posible afrontar la renovación sin la participación del PP.
La cúpula del CGPJ está en funciones desde hace dos años.
Informa David Fernández
Concha Andreu, presidenta de La Rioja, ha dicho en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, que la tensión política no es una cosa exclusiva de la capital. “Hay mucha polarización. En el parlamento de La Rioja incluso votamos a favor del PP y al contrario, siempre que se pueda enmendar. Hay un nivel un poco más bajo de tensión en el parlamento riojano.”, asegura, e insiste en que hay que trabajar todos a una para conseguir soluciones.
Sobre el pulso entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central, cree que no le viene bien a la ciudadanía y que la colaboración debe ser sincera y olvidarse de hacer política, que ya habrá tiempo. “Hay que tomar decisiones para frenar la cadena de contagios. No me parece bien el pulso del Gobierno madrileño.” Y concluye: “Si Madrid enferma, enferma toda España”.
Sobre el manifiesto en apoyo al Rey y en defensa de la Constitución, asegura que hay que respetar las instituciones. “No creo que las instituciones no estén en riesgo pero tenemos que revitalizarlas”.
Respecto a la pandemia, explica que en su comunidad están haciendo muchas pruebas para tomar medidas acordes a los resultados. “El 50% de las personas son asintomáticas. Estamos tomando medidas concretas en zonas concretas. Por ejemplo, en los colegios los protocolos se están llevando muy bien. En el ocio y reuniones familiares estamos ejerciendo mayor vigilancia.”
La Comunidad de Madrid ha presentado una propuesta alternativa al Gobierno para intentar evitar el estado de alarma en la que restringe la movilidad en 51 nuevas zonas básicas de salud y baja los criterios de 1.000 a 750 contagios de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha acusado a Pedro Sánchez de perpetrar "un 155 sanitario" al decretar el estado de alarma.
InformaPepi Martín
El juez Manuel García Castellón, que instruye el 'caso Dina', ha enviado un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que denuncia que está siendo víctima de una campaña de desprestigio desde que envió al Supremo una exposición razonada sobre la imputación de Pablo Iglesias. García Castellón considera que hay mensajes en los medios de comunicación y en las redes sociales que tratan de desacreditarle como juez, restar credibilidad a sus argumentos y deslegitimar el ejercicio del poder judicial. Además, subraya que esos mensajes son repetidos y amplificados por algunos miembros del Gobierno de la Nación y que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca había visto a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel.
Agustín Ruiz Robledo, catedrático de derecho Constitucional de la Universidad de Granada, ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso queel estado de alarma es la herramienta legal que mejor encaje tiene para confinar perimetralmente las ciudades de la Comunidad de Madrid. “Todo lo que sea impedir la libertad de circulación es afectar a un derecho fundamental y para hacerlo necesitamos una ley orgánica. Ese es el razonamiento básico del TSJM para anular la orden [que impuso Sanidad], que la base legal no era una ley orgánica, sino una ley ordinaria”.
Ruiz Robledo defiende que la Abogacía del Estado no vio venir esta anulación del TSJM porque los tribunales superiores están siendo muy “deferentes” con las órdenes autonómicas.
“Se está admitiendo que mediante órdenes autonómicas se restrinjan derechos fundamentales y posiblemente la Abogacía del Estado pensó que si habían admitido las ordenes anteriores, también admitían esta, sin darse cuenta de que en este caso la orden no tenía apoyo en una ley orgánica, sino en una ley ordinaria”.
Ruiz Robledo apuesta por reformar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud pública para luchar de una manera más eficiente contra el virus y se preguntá por qué el Gobierno no modificó la legislación, teniendo en cuenta lo que podía ocurrir en esta segunda ola.
"La ley no está concebida para aislar a cinco millones de personas", ha concluido.
Los juristas advierten de que la restricción de la movilidad y otros derechos fundamentales requieren del "estado de alarma, o una legislación más clara" que la que se ha adoptado hasta ahora. Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha recordado en una entrevista en el Telediario que estamos "ante una medida que es enormemente invasiva". Para el experto, este tipo de decisiones carecen "de cobertura legal por un déficit de claridad, de certeza de derecho y seguridad jurídica", que justifica que los tribunales tumben algunas de las órdenes de confinamiento y otras no, porque recaen en legislación autonómica.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha tumbado todas las restricciones de la orden ministerial, sino sólo aquellas que están relacionadas con la movilidad, porque vulnerarían los derechos fundamentales. Por tanto, se podrá entrar y salir de los municipios que estaban afectados, excepto en cuatro zonas básicas de salud: Reyes Católicos, Humanes, Moraleja de Enmedio y Villar del Prado. Esas restricciones perduran porque se publicaron en otra orden y el TSJM todavía no se ha pronunciado sobre ese documento.
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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que adoptarán las decisiónes jurídicas que mejor protejan la salud pública. Es su primera reacción después de que el TSJM haya anulado las restricciones que Sanidad impuso en Madrid por afectar a derechos fundamentales. Illa se reunirá esta misma tarde con representantes de la Comunidad de Madrir para abordar la situación.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las medidas que el ministerio de Sanidad impuso en la Comunidad para frenar el avance de la COVID-19 y que incluían el cierre de diez municipios madrileños. Los magistrados consideran que las medidas constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos sin una habilitación legal que la ampare.
El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha asegurado en 'Las mañanas de RNE' que es imposible que el Tribunal Supremo impute a Pablo Iglesias por el 'caso Dina'. "Esto va a quedar en nada, no tiene ningún tipo de recorrido. El juez ha querido convertir a la víctima en verdugo sin pruebas. Es el mundo al revés", ha afirmado Rodríguez, que ha asegurado que este caso no va a afectar a la coalición entre PSOE y Podemos. "El Gobierno tiene una gran fortaleza y los socios de investidura están unidos y cohesionados", ha dicho.
La vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado en una entrevista en La noche en el 24 horas que "el Gobierno no tiene ninguna inquietud" en relación con la imputación de Pablo Iglesias, ya que el caso Dina "nada tiene que ver con su labor en el Gobierno". "Son asuntos que afectan a su persona", ha añadido.
"No vamos a adelantar acontecimientos. Hemos visto muchas cosas ya, de todo en esta materia, incluso absoluciones que han destruido la vida política de personas", ha dicho la vicepresidenta. Así, ha afirmado que al Gobierno le corresponde ser "serio y riguroso", no pronunciarse sobre el tema y respetar los tiempos de la justicia: "Lo que conviene en el asunto de Pablo Iglesias es prudencia y esperar la decisión de la justicia".
Preguntada por la reacción del PP, Calvo ha insistido en la presunción de inocencia y ha recordado que "es un derecho fundamental, está por encima de todo". "Casi no recuerdo una propuesta del PP una propuesta, ayuda o crítica constructiva", ha afirmado, "solo recuerdo la hipérbole y la exageración". Según la vicepresidenta, el PP debería "ocupar el espacio que le corresponde porque tiene problemas más importantes".
En las últimas horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su apoyo a Pablo Iglesias. El juez del caso Dina ha pedido que se investigue al vicepresidente segundo y cree que utilizó el caso con fines electorales. El magistrado le señala por otros dos presuntos delitos: uno de revelación de secretos y otro de daños informáticos. La decisión queda ahora en manos del Supremo, ya que es la única instancia que puede procesarle al ser aforado.
Sofía Castañón, portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, ha asegurado que desde su partido están viviendo con absoluta perplejidad la petición del juez del caso Dina para que Pablo Iglesias sea investigado. "Hace tres semanas la Audiencia Nacional instaba al juez a devolver la condición de perjudicado a Iglesias y ahora el juez solicita su investigación", ha dicho Castañón. La portavoz se ha mostrado convencida de que el Supremo archivará la petición, aunque lamenta el ruido que genera. "Este juez lo intenta una vez tras otra, está insistiendo en una quimera".
