La hostelería y el comercio refuerzan sus plantillas para dar servicio a los turistas. Esta Semana Santa se prevén más de 60.000 nuevos contratos. Andalucía, Cataluña y Madrid son la comunidades donde más se van a firmar. El empleo en la restauración se acerca al de antes de la pandemia.
Foto: Recepción de un hotel (Getty Images)
El mercado laboral español siguió creando empleo en marzo, pese a la incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania, aunque a menor ritmo que en los meses anteriores. España ha sumado en el tercer mes del año 140.232 afiliados medios a la Seguridad Social, lo que supone el mejor dato de toda la serie histórica: 19,83 millones de afiliados; mientras que el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha caído en 2.921 personas, hasta los 3,1 millones, la menor cifra registrada desde marzo de 2008.
Foto: Un hombre entra en una oficina de empleo en Madrid. EFE/Mariscal.
Los ucranianos que han salido de su país pueden trabajar o estudiar en la Unión Europea por un período de un año, prorrogable hasta tres años. Muchos de los que ya han llegado a España buscan la manera de incorporarse al mercado laboral. Ya hay muchas empresas volcadas en facilitarles un puesto de trabajo.
Foto: Refugiados ucranianos en Baleares (EFE/ATIENZA)
Trabajar sin derecho a cobrar el paro o ser despedidas sin ninguna causa objetiva es a lo que se enfrentan las empleadas de hogar, de las que nueve de cada diez son mujeres. Este miércoles, en su día internacional, vuelven a reclamar que las equiparen a cualquier trabajador y puedan cotizar por desempleo, como exige la Justicia europea.
Su trabajo es tan importante como cualquier otro, pero sus condiciones laborales y sus derechos se vulneran con frecuencia. Son las empleadas del hogar, trabajadoras precarizadas y muchas veces en riesgo de pobreza. Ahora el INAI ha iniciado una campaña de sensibilización para poner en valor su labor y les ofrecerá asesoría jurídica
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de la Ciencia que busca mejorar la carrera profesional de los investigadores españoles, dotarla de mayor estabilidad, reducir las cargas administrativas y reforzar la transferencia de conocimiento.
La nueva norma también garantiza la financiación pública estable en I+D+i y su crecimiento hasta alcanzar en 2030 una inversión del 1,25% del PIB -actualmente está en el 0,58%-, una cifra que "con el apoyo del sector privado permitirá llegar al 3% que establece la Unión Europa", según ha expresado la ministra de Ciencia, Diana Morant, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
El texto modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 y ha llegado al Consejo de Ministros tras la finalización del trámite de audiencia pública, en el que asociaciones, sociedades científicas e investigadores a título individual han presentado más de 4.000 comentarios.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de la Ciencia que busca mejorar la carrera profesional de los investigadores españoles, dotarla de mayor estabilidad, reducir las cargas administrativas y reforzar la transferencia de conocimiento. Uno de los objetivos principales de la norma es mejorar la carrera profesional, para lo que introduce un nuevo contrato laboral indefinido, que no necesitará autorización previa si dispone de financiación externa o de convocatorias de concurrencia competitiva.
Esta nueva modalidad está destinada a "todo tipo de personal de investigación" que realice actividades científico-técnicas. "Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia", señala el texto, que precisa que estos "no formarán parte de la Oferta de Empleo Público".
Este tipo de contrato vendría a sustituir a los contratos por obra y servicio, muy extendidos en el sistema científico español y que, sin embargo, desaparecen con la reforma laboral.
Mar Jiménez suma tres décadas trabajando como camarera de piso, las conocidas como ‘kellys’, treinta años de experiencia que también se traducen en dolencias derivadas de su oficio: "Tengo el manguito de rotadores con tendinitis crónica, tengo los dos metacarpianos a punto de que se rompan, escurro la bayeta 200 veces al día y me tomo entre 3 o 4 pastillas al día”, resume a ‘Las Claves del Siglo XXI’. "Mi trabajo consiste en hacer la habitación y limpiar los baños, la media que hace una camarera al día son unas 40 camas", cuenta Jiménez. En los hoteles españoles, según los datos que maneja la Asociación de Kellys, durante la temporada alta trabajan cerca de 150.000 camareras de piso. La mayoría contratadas por empresas externas y con contratos de personal de limpieza, trabajan a contrarreloj para que las habitaciones estén listas y así recibir al próximo huésped. Consideran que la reforma laboral les ha dejado fuera y solo piden que sean contratadas por los hoteles y un trabajo digno.
El Gobierno ha planteado en su reunión con Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme subir el salario mínimo de 965 a 1.000 euros. Sindicatos y empresarios tienen dos días para estudiarlo. El Ministerio de Trabajo les ha convocado el miércoles a una nueva reunión.
Los sindicatos apuestan por la subida, mientras que desde la CEOE la rechazan porque podría provocar una "contracción importante del empleo", pues aún hay empresas que no se han recuperado de la crisis.
Foto: Un repartidor entrega unas cajas en un comercio. REUTERS/JON NAZCA
