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La recuperación del turismo internacional y la elección de España como destino seguro en lugar del norte de África beneficia, sobre todo, a los hoteles. Y una mayor actividad turística supone más empleo.

Un año después, el Gobierno destaca que la reforma laboral ha servido para evitar despidos a través de las reducciones de jornada. La patronal pide abaratar más los despidos y los sindicatos dicen que ha aumentado la temporalidad.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha dicho en Santander que "hay que olvidarse" para siempre de los salarios fijos "indexados" con el IPC y hablar de conceptos variables, entre los que citó el absentismo laboral, que el empresario podría repercutir en los sueldos. Precisamente, este martes el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez ha anunciado una subida de hasta el 2,5% del salario mínimo. En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Rosell ha señalado que "la época de ponerlo todo al lado del IPC se ha acabado, sí o sí". "A futuro, y no solo nosotros, sino los grandes países europeos, se está intentando que vaya ligado a la productividad", ha incidido. El presidente de la patronal ha apuntado que "hay muchas maneras para poder incentivar la productividad". Así, entre los conceptos variables a la hora de fijar la productividad y fijar los salarios, cita los beneficios de las empresas, el grado de flexibilidad interna, la inversión y el índice de absentismo laboral.

El recurso a la mediación y al arbitraje para desbloquear la negociación de los convenios es algo común en Europa. Pero solo en dos países, Grecia y Estonia, es obligatorio aceptar las decisiones de los árbitros. España es el tercero. En Alemania, en la mayoría de los casos y de forma voluntaria, sindicatos y empresarios prevén introducir la figura del arbitraje laboral, aunque no existe un arbitraje estatal obligatorio. En este país, los convenios colectivos generales para un sector son casi la excepción. Lo que hay son diferentes convenios según la zona (el este y el oeste) con diferencias que a veces llegan al 25% del sueldo. Uno o dos mediadores se incorporan a las negociaciones y ayudan con sus decisiones, aunque no son vinculantes. Mientras, evitan una huelga y el convenio colectivo anterior sigue vigente. En el país galo, vencido un convenio colectivo, y ante la ausencia de acuerdo entre empresarios y trabajadores, se prolongan las condiciones del convenio en cuestión durante cinco años, siempre que no se opongan, explícitamente, la mayoría de las organizaciones sindicales que en su momento firmaron ese convenio colectivo. Es decir, no hay previsto ningún arbitraje obligatorio que fuerze a la negociación de un nuevo convenio. Lo que sí se prevé es la puesta en marcha de un observatorio paritario -con representantes de empresarios y sindicatos- que vigilará para que no se vean perjudicadas ninguna de las partes. En Reino Unido existe un organismo independiente, aunque financiado por el gobierno, de "asesoramiento, conciliación y arbitraje". A él pueden acudir tanto los trabajadores a título individual, como colectivo -los sindicatos por ejemplo- y también los empresarios. Ofrece servicios de asesoramiento o mediación en una negociación y también arbitraje. Y acudir a él es voluntario. En Bélgica, como en la mayor parte de los países que pertenecen a la UE, no es obligatorio ni el arbitraje ni la mediación laboral. Los salarios se actualizan anualmente de forma automática, teniendo como referencia el Índice de Precios al Consumo.

Las negociación colectiva se regula desde este lunes por el Real Decreto que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros. Entre las novedades se establece que durante un año el arbitraje será obligatorio si no hay acuerdo entres trabajadores y empresarios en la negociación del nuevo convenio. Empresarios y sindicatos tendrán que aceptar la resolución que dicte un árbitro cuando termine sin acuerdo la negociación del convenio. Será obligatorio, al menos, mientras pactan los procedimientos de mediación y arbitraje. El plazo para hacerlo acaba el 30 de junio de 2012. En todo caso, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo anterior hasta que haya acuerdo o, en su caso, laudo arbitral. Los sindicatos piden volver a negociar con la CEOE para desarrollar esos sistemas de mediación y arbitraje.

Cuatro de cada cinco asalariados tienen fijadas sus condiciones de trabajo en un convenio. El principal objetivo según señala el Gobierno es "lograr el mayor equilibrio entre lo que quieren los empresarios y lo que reivindican los sindicatos", entre la flexibilidad interna y la seguridad de los trabajadores. Se estudian los convenios de empresa para que puedan adaptarse a cada situación. El número de empresas con convenio colectivo son 5.000 y dan empleo a un 10% del total de trabajadores. El decreto de un plazo máximo de 14 meses para la negociación de los convenios cuando no se haya acuerdo entre el empresario y los sindicatos.