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Ayuntamientos como el de San Sebastián de los Reyes o Alcalá de Henares en Madrid, son los que han abierto el debate. Otros como el de Santander o Gijón, ya se han opuesto. Se recaudaría como máximo 100 millones de euros, según la Conferencia Episcopal. Sin embargo, la asociación Europa Laica calcula que estamos hablando de unos 3.000 millones de euros. Seguramente, a nadie le importaría mucho si la Iglesia paga el impuesto de bienes inmuebles o no, si no fuera la institución con más propiedades de España, y, si las arcas de los ayuntamientos no se hubieran vaciado quizá nunca se habrían replanteado este beneficio fiscal con 33 años de antigüedad. Pero la crisis no perdona a nadie, y ésta vez es la Iglesia quién ha topado con los ayuntamientos. San Sebastián de los Reyes, la primera localidad que ha pedido al Gobierno que revise las exenciones de las que goza la Iglesia, han empezado a censar las propiedades de la Iglesia para saber por cuáles podrían cobrar IBI, Alcalá de Henares exigirá el impuesto a todas las confesiones religiosas a partir del año que viene. Otros muchos, lo estudian. En cambio en Madrid, en Gijón o aquí en Santander, lo descartan.

La aparición de facturas pendientes en algunas comunidades, entre ellas Madrid, la comunidad valenciana y Castilla y León, se ha producido al revisar las cuentas para el plan de pago a proveedores, según ha asegurado el ministro de Hacienda. Con el importe de esas facturas se eleva en cuatro décimas el déficit de 2011. Esta semana Bruselas enviará a Madrid a expertos de su oficina de estadística para verificar el ajuste del déficit.

A una semana de su elección como nuevo presidente de Asturias, el socialista Javier Fernández se enfrenta a su primer reto: cuadrar las cuentas públicas para conseguir el visto bueno de Hacienda. Hoy, tras firmar el acuerdo de legislatura con UPYD, se ha mostrado convencido de que lo hará en el plazo marcado.

El Ministerio de Hacienda será el encargado de sancionar a los altos cargos que vulneren la ley de estabilidad presupuestaria, mientras que el control sobre los ministros y los secretarios de Estado vendrá del propio Consejo de Ministros. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha presentado este viernes el informe sobre el anteproyecto de la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno en el que se incluyen algunas de las 3.600 sugerencias y aportaciones a las propuestas que los ciudadanos pudieron hacer a través de Internet tras la difusión del borrador en la red hace dos meses. Después de que el Gobierno anunciase la medida, el texto original fue sometido durante 15 días a un trámite de consulta pública durante el que se produjeron casi 80.000 visitas a la página web correspondiente.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reune esta tarde para examinar los planes de ajuste presentados por las Comunidades Autónomas para cumplir con los objetivos de déficit. El Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, confía en presenten unos planes viables, y asegura que el Gobierno intenvendrá si se ve en la necesidad de hacerlo.

Hablamos de este tema en radio 5 con Roberto Fenández Yera, Investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo, y experto Financiación Autonómica.

"El objetivo del 1,5% de déficit para las Autonomías es muy exigente, pero es acorde con las exigencias para el conjunto del sector público en España". "Es muy probable que no se llegue a cumplir". "El sistema de financiación autonómica está en reforma contínua, y esto introduce inestablilidad en los ingresos". "La atención de Europa frente a este tema se debe a la presión por parte de esta sobre la reconducción de España, pero es necesario planteárse un ajuste a más medio plazo y complementado con medidas de estímulo fiscal y política monetaria por parte de Europa". "Ajustes sí, pero demolición del estado autonómico de ninguna manera" (17/05/12).

Las comunidades autónomas pasan hoy su primera prueba de fuego para eludir la intervención. Será en la reunión del consejo de política fiscal y financiera, donde tienen que presentar sus planes de ajuste. El gobierno cree que de esta cita saldrá reforzado el papel de las autonomías.

El Ministro de Hacienda ha insistido que el gobierno central intervendrá la Comunidad de Asturias, si la falta de gobierno no garantiza el Plan de ajuste que deben hacer.

En la Comunidad Valenciana hay hasta 22 tipos de deducciones. En Cantabria, sólo 5. Y este es uno de los motivos,según algunos expertos , por los que el resultado de la declaración puede cambiar tanto de un lugar a otro. Ponen ejemplos: en Castilla León la deducción por hijo puede llegar hasta los 710 euros. En La Rioja, 150... y sólo a partir del segundo. Los emprendedores andaluces pueden deducirse 400 euros. Y los canarios, hasta 1.020. Según el registro de economistas y asesores fiscales, la legislación autonómica es demasiado variable. Y piden más seguridad jurídica y económica.