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La empresa de desalojos 'Desokupa' y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han llegado a un acuerdo de formación por el cual se pretende instruir en materia de defensa personal a 30.000 agentes de Policía. En estos momentos, Interior estudia abrir un expediente para analizar si ese acuerdo "conculca los valores democráticos". Miquel Ramos, periodista y experto en discursos de odio y extrema derecha, ha expresado que el SUP "se presenta firmando el acuerdo con esta empresa y reproduce el discurso de la extrema derecha". Insiste en que España no es un país inseguro, y "no deben comprar cuestiones desmontables con datos": "La tasa de criminalidad es bajísima en comparación con otros países, pero la extrema derecha insiste constantemente en este relato del miedo porque de eso vive 'Desokupa'", explica.

Tras un apuñalamiento múltiple en Southport donde ocho menores y dos adultos resultaron heridos, diversos grupos de ultraderecha empezaron, a través de las redes sociales, a esparcir bulos e información falsa que aseguraba que el autor del apuñalamiento era un solicitante de asilo. Sin embargo, el atacante era Axel Rudakubana, un joven de 17 años, que ha nacido en Gales y con padres ruandeses. A pesar de que el atacante no es migrante, ha habido durante el fin de semana en Reino Unido ataques contra agentes, mezquitas y centros que albergan a solicitantes de asilo. "Todos tenemos referencias históricas de cómo funciona esto: el ejemplo más gráfico es el Holocausto, el nazismo", ha analizado Ramos.

A cien días de los Juegos Olímpicos de París, la policía ha desalojado el mayor inmueble okupa de Francia. Un antiguo edificio de oficinas que funcionaba desde hacía años como albergue de migrantes. ONG y partidos de la oposición denuncian una "limpieza social" para que la presencia de personas sin hogar o en situación precaria no estropee el acontecimiento deportivo.

Tere Vilas aborda la okupación de viviendas en España con el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación Ricardo Bravo, el abogado y socio-director del despacho Asesoranza Javier Alberti y el fundador de la empresa Desokupa Daniel Esteve. La usurpación se suele centrar en inmuebles vacíos y segundas residencias por parte de mafias, aunque también se denuncia la conocida como inquiokupación.

En la sección "El charquito" de Ana Nieves, hablamos hoy sobre 'okupación'. Nos preguntamos si es un problema real en España y respondemos con datos oficiales sobre su auge o descenso. Para la parte legal y saber a qué se enfrentan los propietarios, hablamos con Eduardo Gómez Cuadrado, abogado especializado en Derecho Penal de Red Jurídica Abogados. Asimismo, contamos con la visión de varias personas que viven o han vivido 'okupando' viviendas para conocer su punto de vista en Por tres razones.

En España hay una alarma social entorno a la okupación, pero ¿tiene base? El periodista económico Javier Ruiz analiza los datos en Hablando Claro. Según el INE en nuestro país hay casi 26 millones de viviendas y en el año 2021 se registraron 17.274 denuncias por okupación, es decir, los delitos de usurpación de vivienda representan un 0,01 %. Ese mismo año se dictaron 4.302 condenas por usurpación y 16.851 desahucios según el CGPJ. "Es mentira en términos económicos que esta sea la gran alarma y es metira en términos penales que esta sea la gran impunidad", ha señalado Ruiz, que ha concluido que no se puede negar de ninguna forma que hay casos de okupación, pero que no hay alarma general.

Foto: Imagen de archivo de un despliegue policial de un desalojo. EFE/ Rodrigo Jiménez

¿Quiénes son las personas que trabajan en las empresas privadas de desalojos? ¿Son empresas legales? Un altercado este miércoles en Majadahonda, Madrid, en un edificio con viviendas ocupadas ilegalmente ha reabierto el debate. La ley ampara su actividad, pero con unos límites que, según algunos expertos, no siempre se están respetando.

FOTO: GETTY

El número de pisos ocupados ilegalmente se estabiliza, pero se mantiene la alarma frente a esas actuaciones, que afectan sobre todo a viviendas de bancos. Según la fiscalía, los datos de 2021 son muy similares a los del año anterior. Se abrieron 83 procesos por allanamiento de morada -el delito que se comete con la ocupación ilegal de viviendas de particulares- y por 9.739 usurpaciones, el término jurídico que se emplea cuando se trata de viviendas o locales propiedad de bancos, sociedades o fondos de inversión.

Detrás de muchos casos de ocupación se encuentran situación de exclusión. Pero los elevados precios y la falta de viviendas sociales hacen que también a muchos con ciudadanos con pocos ingresos, entre ellos los jóvenes, les resulte casi imposible tener un techo digno. En el Congreso está atascada la nueva ley de vivienda remitida hace varios meses por el gobierno. Las diferencias que mantienen en algunos puntos importantes sus dos socios, socialistas y Unidas Podemos, hacen complicado que la ley pueda salir adelante en un breve plazo.

También hablaremos de los problemas para conseguir una vivienda y de la ocupación ilegal en "Los miedos por la vivienda".

El sábado 17 de septiembre a las 21:30 horas por La 1 de TVE y el Canal 24 horas

En Barcelona, cuatro personas de una misma familia, entre ellas un bebé y su hermano de tres años, han muerto a causa de un incendio cuyo origen todavía se desconoce. La tragedia ha ocurrido en un local ocupado, una antigua sucursal bancaria ubicada en la plaza de Tetuán. Desde hace un año, convivían con otras familias en la misma situación de vulnerabilidad.

Las víctimas yacían en el interior y han fallecido por inhalación de humo. Otras cuatro personas han sobrevivido refugiándose en un patio interior. Desde 2019, el local era un asentamiento de varias personas, una situación conflictiva que desató la queja vecinal.

FOTO: PAU BARRENA / AFP

El alcalde de Badalona explica en TVE que la policía había realizado un control en el exterior de la nave, un cuarto de hora antes del aviso de incendio. Xabier García Albiol detalla que los problemas en la nave comenzaron hace dos años con un grupo dedicado al tráfico de drogas que se hizo con el control del edificio. El primer edil sostiene que se ha abierto un expediente administrativo a los propietarios pero que no se podía entrar sin autorización judicial.