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Miles de personas han vuelto a salir a la calle en decenas de ciudades españolas para mostrar su indignación contra "la justicia patriarcal" por la libertad provisional de los integrantes de La Manada, a quienes han deseado que la "calle sea la cárcel". Convocadas por los movimientos feministas, las movilizaciones han tenido lugar poco después de que los cinco miembros de La Manada abandonaran los centros penitenciarios en los que se encontraban -la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid) y la prisión de Pamplona- tras pagar los 6.000 euros de fianza impuesta por la Audiencia de Navarra.
 

Los tres miembros de 'La Manada' que cumplían pena en la cárcel de Pamplona han abandonado el recinto penitenciario a las 18:00 horas, después de haber abonado la fianza de 6.000 euros decretada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Los otros dos acusados están en la cárcel madrileña de Alcalá Meco. José Angel Prenda, Jesús Escudero y Angel Boza, condenados a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento sobre una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016, permanecían en esta prisión, desde que el 9 de julio de 2016 el juez decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para ellos y los otros dos miembros del grupo encarcelados en Alcalá Meco.

Miles de personas se han movilizado en protesta por la decisión de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros hasta que sea definitiva la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por abuso sexual con prevalimiento a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016. Miles de personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona y en otras ciudades como Barcelona.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha decretado la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros de los cinco jóvenes integrantes de 'La Manada'condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual "con prevalimiento" a una joven durante los Sanfermines de 2016. El tribunal ha adoptado esta decisión al considerar que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, cuando está a punto de vencer el plazo máximo de dos años que la ley contempla para la prisión provisional, y lo hace con el voto discrepante del presidente del tribunal que aboga por mantener la prisión provisional de manera incondicional.