Nuestro invitado en “La España vivida” es en esta ocasión un jurista experto en derecho constitucional, Francesc de Carreras, catedrático de esta especialidad. Se trata de una materia viva, siempre en discusión, porque atañe a cuestiones esenciales, desde los derechos fundamentales hasta la organización territorial de un país, pasando por la vigilancia del buen funcionamiento de las instituciones y el equilibrio de poderes. En todo caso, Francesc de Carreras no ha restringido su actividad a la vertiente teórica y científica del derecho constitucional, sino que también ha realizado labores de activismo político, ya que se encuentra entre los impulsores de iniciativas que llevaron en su día al nacimiento de Ciuddadanos, ahora en proceso de extinción. Nos interesan las reflexiones de nuestro invitado sobre los cambios de los últimos años en el mapa político español. Todo ello incluye la experiencia del procés en Cataluña que ha marcado de una manera decisiva la evolución del país en los últimos años. Con Francesc de Carreras intentamos profundizar sobre los riesgos que pueden existir para nuestro modelo de convivencia, que se creyó asentado tras la aprobación de la Constitución del 78, pero que periódicamente vuelve a ponerse a prueba y a conocer nuevos retos.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el de ERC, Oriol Junqueras, han mantenido este miércoles por la mañana una conversación telefónica, en el marco de la "normalidad", dicen, de las negociaciones para la investidura y antes de que el líder socialista se reuniera con el republicano Gabriel Rufián. El PP avanza ya en su estrategia de oposición y sostienen que si hay investidura a cambio de la amnistía será un gobierno políticamente ilegítimo.
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El equipo de juristas convocado por Sumar propone una amnistía desde el 1 de enero de 2013, cuando se entiende que comenzó el procés en Cataluña. En un dictamen de 40 páginas, consideran probado que tiene cabida constitucional y creen que sentaría las bases para la "solución del conflicto político" con el Estado. El catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Nicolás García Rivas, ha coordinado a este equipo de cinco penalistas.
En el informativo 24 horas de RNE, García Rivas explica que "el silencio de la Constitución se cubre con experiencias de otros países con los que compartimos valores jurídicos como Italia, Francia o Inglaterra". A diferencia de otros planteamientos, su propuesta considera que el Estado español actuó dentro de la legalidad, "aunque esa legalidad en su aplicación fuera desproporcionada". Este es precisamente el motivo legítimo que presentan para justificar la amnistía: "En septiembre de 2017 en Cataluña se dictaron normas inconstitucionales y el referéndum era ilegal, pero probablemente la actuación del Estado frente a ese desafío fue desproporcionada". Además, considera que "existe una base constitucional legítima para amnistiar también a los policías que actuaron de forma desproporcionada".
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sigue con su ronda de contactos para la investidura. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, asegura en el informativo 24 horas de RNE que les gustaría votar a favor de la investidura. Con todo, considera que lo de hoy no ha sido más que un encuentro formal y que ahora hay que entrar en detalle: "Una investidura implica que haya también compromisos y ese es un camino que hay que recorrer aún". Rego exige un programa de medidas para Galicia, así como políticas sociales para todo el Estado. Preguntado por la amnistía que ponen como condición los partidos independentistas catalanes, se posiciona a favor de "desjudicializar la vida política".
Comisiones Obreras aboga por encarecer el coste del despido sobre todo en los contratos de muy corta duración. Entrevistado en TVE, su secretario general, Unai Sordo, apunta que "introducir una indemnización mínima que tenga efecto disuasorio puede ser una buena fórmula de evitar que los despidos recaigan siempre en la gente con menos antigüedad o que las empresas busquen alternativas". También lamenta que las administraciones públicas contribuyan a la precariedad laboral e insta a que en la próxima legislatura se atiendan las demandas sociales de los sindicatos. Sordo descarta por "surrealista" una repetición electoral e insiste en que "la obligación de los representantes que ha elegido la ciudadanía es ponerse de acuerdo".
La cumbre europea en Granada se celebra con el Gobierno en funciones y en plenas negociaciones de investidura. En ellas, Sumar ha movido ficha y anuncia que el martes presentará su propuesta de ley de amnistía. El PSOE se desmarca de esta posición y dice que no refleja la posición de los socialistas sobre la medida que exigen Junts y ERC.
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La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, nos cuenta en Parlamento que están convencidas de la viabilidad de la amnistía y que trabajan para que haya acuerdo y reeditar así un Gobierno de progreso. No valora Vidal que el PSOE se haya desmarcado del informe de los juristas de Sumar que se conocerá el martes y entiende que "el PSOE tendrá sus propios expertos y sus propuestas", pero dice que ellos tienen que seguir su camino. No cree que sea contraproducente hacerlo público, cree que hay que escuchar a los juristas y entiende que el PSOE tenga otra posición. Sobre la posible vuelta de Puigdemont, no cree que sea esa la cuestión. "Es una cosa de miles de personas y de un país que necesita recuperar la confianza política", asegura.
Dice que los comunes siempre han defendido un referéndum, pero que "es un camino lento y hay que decirlo". Preguntada por si el PSOE está retrasando la foto con el señor Puigdemont, cree que"está arrastrando los pies", no solo con la amnistía, también en otros ámbitos. Dice que no ve al partido socialista con la misma ambición que Sumar en la negociación para reeditar un pacto de Gobierno y que "no puede dar por hecho que los apoyos le caerán del cielo".
Les Corts han aprobado con 83 votos a favor del PP, PSPV y Compromís, y 13 en contra de Vox, el segundo pacto valenciano contra la violencia de género y machista. El anterior había caducado. En el texto los partidos se comprometen a destinar recursos suficientes para que sea efectivo. Vox ha sido el único grupo parlamentario que ha votado en contra. Es la primera vez que los dos socios de gobierno, PP y Vox votan en sentido opuesto.
