Desde la Fundación Civio, que vigila los poderes públicos para lograr la mayor transparencia en las instituciones, han recogido y analizado más de 16.000 contratos ejecutados y publicados mediante el procedimiento de emergencia en 2020. Su directora, Eva Belmonte, periodista especializada en análisis de la información pública de datos, ha expuesto en Las Mañanas de RNE algunas de sus conclusiones, como que cuatro empresas se llevaron uno de cada 10 euros y solo dos de esas cuatro empresas tenían relación con lo médico.
“Es normal que en momentos clave los precios fueran carísimos. Llegamos a 6€ por un bastoncito para hacer una PCR, a 100€ una garrafa de cinco litros de gel. Pero esa locura no era igual en todos lados. Había empresas que el mismo día vendían distinto a diferente organismo [...] Al final hubo mucho aprovechado en ese momento tan complicado", explica Belmonte, que añade que hubo una falta de controles en el momento, porque no daba tiempo, pero tampoco a posteriori, "porque son muy difíciles".
“Nosotros tenemos esta base de datos que es la mayor que se hizo sobre lo que pasó en 2020 y estoy convencida de que nos falta información. Además se publica muy poco”, explica la directora de Civio, que alude a la falta de registro público de quién hay detrás de cada empresa, qué pasa con los asesores, cómo se enriquecen... "Ahora, con la información que tenemos, que es tan escasa, no podemos llegar a detectar casos como estos", lamenta. Belmonte destaca que, muchas veces, la justicia tiene que actuar por denuncias concretas que resultan ser chivatazos concretos “que a veces son interesados”. “Me preocupa que hay organismos que vigilan la contratación y la corrupción, pero que ni siquiera tienen los suficientes datos como para detectar esto de forma 'moderna'”, expone Belmonte, que cree que es el momento idóneo para abrir una auditoría general sobre todo lo que ocurrió en la pandemia, si bien considera que se han de modernizar los sistemas de control.
