Los portavoces de PP y PSOE en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría y Eduardo Madina, han mostrado la voluntad de sus partidos para llegar a un acuerdo en relación a la renovación del Tribunal Constitucional. También se han acusado mutuamente de ser los responsables de bloquear dicha renovación.
El presidente del Congreso, José Bono, ha dado de plazo al PSOE y al PP hasta el 30 de junio para ponerse de acuerdo para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden a esta Cámara. Ha sido muy crítico con la situación de falta de acuerdo entre los grandes partidos para renovar el TC, tres de cuyos magistrados presentaron su dimisión, que finalmente no fue aceptada por el presidente del alto tribunal.
Acusaciones cruzadas de PP y PSOE que se critican mutuamente de paralizar la renovación del Constitucional. Los ministros de Presidencia y Justicia, Ramón Jáuregui y Francisco Caamaño, han acusado al PP de querer una renovación a su gusto y de buscar llegar a La Moncloa para hacer "su reparto". Por su parte, desde el PP acusan a los socialistas de inclumplir el acuerdo con el veto a Enrique López, un magistrado propuesto por el PP.
PP y PSOE se han dado un plazo de tres semanas para acercar posiciones sobre la renovación de los cuatro magistrados que el Tribunal Constitucional debe elegir en el Congreso.
Los reproches siguen entre IU y PSOE tras la constitución de los ayuntamientos. Los de IU permitieron que gobernara el PP en 40 consistorios, y en al menos seis, fue el PSOE el que no quiso pactar con Izquierda Unida y facilitó alcaldes populares. Hoy el PSOE ha anunciado expulsiones, e Izquierda Unida , de momento, ha pedido información de cada caso.
En el País Vasco socialistas y nacionalistas del PNV siguen culpándose mutuamente del mapa político que se ha dibujado después de la constitución de los ayuntamientos y la fuerte presencia de Bildu que se ha hecho con casi un centenar de ayuntamientos. El partido Popular quiere que los nuevos consistorios se posicionen y por eso hoy ha presentado mociones para condenar la violencia de ETA.
La ejecutiva del PSOE lo ha descartado asegurando que un adelanto podría interrumpir la recuperación económica, aunque algunos, como el todavía presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, creen que podría ser conveniente. Desde el PP piden que las elecciones se adelanten por la debilidad, dicen, del gobierno de Rodríguez Zapatero.
Desde el partido socialista, Marcelino Iglesias dice que la situación de bloqueo en el Constitucional se arrastra desde hace años por las trabas que según él pone el PP a la renovación de magistrados . Y desde el PP su secretaria general, Dolores de Cospedal, vincula las renuncias a la falta de liderazgo del Gobierno.
El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha negado que Zapatero se plantee un adelanto electoral y ha sido claro: "El escenario que contemplamos es el de las elecciones generales en primavera de 2012". "El objetivo del Gobierno y el PSOE es acabar la legislatura", ha señalado Iglesias, quien ha dicho que en esta decisión están de acuerdo el presidente del Gobierno y secretario genaral del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y el que será su sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba. "La convocaria de elecciones sería irrespoble", ha señalado.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, no es partidario del adelanto electoral, aunque recuerda que esa es una competencia del presidente del Gobierno. Se muestra inclinado a agotar la legislatura para culminar las reformas recién aprobadas, terminar su tramitación parlamentaria y "que dé tiempo suficiente a que entren en vigor e incluso se perciban sus efectos" (13/06/11).
El poder municipal de Bildu habría sido menor si las cosas se hubieran hecho de otra manera. Así lo piensa el vicepresidente primero del gobierno, sin referirse expresamente a la falta de acuerdo con el PNV en muchos municipios de Euskadi y Navarra. Lo ha dicho en Barcelona, en un encuentro con militantes socialistas.
