La coalición de Gobierno sumó este viernes dos frentes que han elevado la tensión entre ambos socios. Por un lado, las acusaciones de supuestas "injerencias" de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la negociación de la reforma laboral, impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Por otro, una iniciativa insólita que ha abierto una crisis institucional: Unidas Podemos ha anunciado una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por acatar la sentencia del Supremo que inhabilita al diputado de Podemos Alberto Rodríguez
El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos atraviesa uno de los momentos más delicados y todo a cuenta de dos asuntos. Uno de ellos, la decisión de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, de asumir la tesis del Supremo y despojar al parlamentario de Podemos, Alberto Rodríguez, de su acta de diputado. Podemos aclara que la querella de Alberto Rodríguez y no del partido. Desde el PSOE se arropa a la presidenta del Congreso. También rotundo el Consejo General del Poder Judicial que responden a Ione Belarra. Rechazan las declaraciones de la secretaria general de Podemos y creen que cede la libertad de expresión por su injerencia en otro poder del Estado. Informa Borja Cacho.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que se hayan desbloqueado cuatro instituciones judiciales pero destaca que es una "sinrazón" que después de 1.000 días se siga bloqueando el CGPJ.
La reforma laboral abre un nuevo frente en el Gobierno de coalición. Unidas Podemos acusa de injerencias a la vicepresidenta primera Nadia Calviño en las negociaciones que lleva la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y ha pedido una reunión urgente al PSOE. La crisis coincide con el viaje de Pedro Sánchez en Bruselas.
Foto: EFE/ Miguel Calero
Eva Granados, portavoz del Grupos Socialista en el Senado, ha valorado en Radio 5 el hecho de que Unidas Podemos haya pedido que se convoque la comisión de seguimiento del pacto de gobierno por, según cuentan fuentes moradas, un asunto muy grave relacionado con la reforma laboral. “Nos reunimos habitualmente con los compañeros de coalición. El grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno de Coalición es alto, así que cualquier cosa que haya que hablar… allí estaremos”, ha afirmado.
Unidas Podemos ha pedido la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del pacto del Gobierno de coalición. Un asunto “muy grave” relacionado con la reforma laboral es lo que ha provocado el enfado del socio minoritario. La parte socialista se confiesa desconcertada y defiende que se está cumpliendo el pacto de Gobierno. Informa Leticia Arenas.
Los cuatro nombres elegidos para renovar las vacantes del Tribunal Constitucional tienen un marcado perfil político. En el caso del PP son: Concepción Espejel, que fue recusada por el caso 'Gürtel', por sus vínculos con el PP; y Enrique Arnaldo, un estrecho colaborador de la Fundación FAES, relacionado con el caso 'Lezo'.
Por la parte del Gobierno, los elegidos son Ramón Sáez Valcárcel, el juez de la Audiencia Nacional que absolvió al mayor de los Mossos d'Esquadra; e Inmaculada Montalbán, experta en Igualdad, cercana al partido socialista. Foto: EFE
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha rechazado las críticas que califican como reparto político el acuerdo entre PSOE y PP para renovar cuatro órganos constitucionales. “He estado revisando los perfiles y diría que prima lo jurídico sobre lo político. Los que hoy están criticando son los mismos que hace dos días reclamaban que hubiera un acuerdo. Me satisface que haya un acuerdo porque es un mensaje potente de que en un momento complejo cumplimos con mandatos constitucionales”, ha asegurado Barbón que cree que ha quedado demostrado que el que estaba bloqueando el acuerdo era el Partido Popular al que insta a renovar también el Consejo General del Poder Judicial.
Barbón también ha criticado el anuncio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre el fin del uso de las mascarillas en los patios de los colegios. “Es un brindis al sol porque esa medida no cabe en la ley vigente. No sé si lo que buscan es hacer algún tipo de presión al Gobierno central. A mí me gustan más las medidas efectivas que las efectistas. Yo no voy a hacer nada contra la ley nacional”, ha subrayado.
Renovación de cuatro miembros del Tribunal constitucional, del Defensor del Pueblo y su adjunto, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Acuerdos que se suman al nombre de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo y de la diputada sevillana del PP Teresa Jiménez Becerril.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha señalado que "tienen la sensación de que el acuerdo se podía haber cerrado mucho antes" y ha señalado que su posición siempre ha sido de diálogo.
"La renovación del poder judicial debe hacerse de acuerdo con la ley que está vigente actualmente", ha agregado.
En cuanto a ETA, Gómez ha señalado que entienden que "nunca debió de existir, pero apelamos a la responsabilidad", ha dicho en cuanto al final de la banda terrorista para "no usarlo de arma arrojadiza".
A Ángel Gabilondo, en su paso por la política, incluso los suyos en el PSOE llegaron a achacarle cierta falta de agresividad. Es una figura a la que nunca se ha opuesto el Partido Popular. Catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue Rector, fue ministro de Educación en el gobierno de Zapatero y desde 2015 ha sido tres veces candidato a las elecciones madrileñas por el PSOE. El mayo pasado, renunció a su acta de diputado en la Asamblea de Madrid tras obtener los peores resultados electores socialistas en la Comunidad.
Informa Minerva Oso.
Es el primer nombre ya confirmado en la renovación de los órganos institucionales pactadas entre PSOE y PP. Sustituye al también socialista Francisco Fernández Marugán, que ejerce este cargo en funciones desde 2017. Socialistas y populares esperan cerrar el acuerdo para el resto de cargos en breve. Informa Verónica Muñoz.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado que el Ejecutivo debe demostrar con hechos su negativa a cesiones penitenciaras a cambio de conseguir los votos de la formación 'abertzale' para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y ha asegurado que rechazaría "todas las propuestas" de las cuentas públicas si es a costa de sacar a 200 etarras de la cárcel, tal y como dijo el líder Bildu, Arnaldo Otegi, que pediría.
"Si mañana me preguntará el Gobierno, voy a hacer en Andalucía algo, pero a costa de sacar a 200 asesinos de las cárceles, yo diría: No hagan nada en Andalucía, pero esos 200 asesinos que sigan en la cárcel", ha subrayado en una entrevista en La Hora de la 1.
Para Moreno, "todo pinta a que hay un interés del Gobierno en apoyarse en Bildu, pero la dignidad de todas esas familias rotas tiene que estar por encima de cualquier interés partidista y por encima de los presupuestos".
FOTO: Juanma Moreno, en una rueda de prensa. EFE/Román Ríos.
