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En Cataluña, siguen las reacciones políticas después de que el homenaje a las víctimas del 17-A fuese boicoteado por algunos independentistas. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha expresado en Las Mañanas de RNE su tristeza y rechazo: “Asistimos a una parte del independentismo que se ha convertido en populismo rozando el esperpento, que no respeta nada, que no atiende a las reglas de la democracia ni al respeto a las víctimas”. Fernández expresa que Laura Borrás vio una oportunidad de tener “su momento de gloria”: “Ella ve una oportunidad de darse un pequeño baño de masas y le dan igual los familiares de las víctimas”.

Sobre el Govern de Cataluña, el presidente del PP expresa que el independentismo continuará buscando el conflicto, ya que "sin tensión ni polarización, no tienen potencia electoral". También considera que el bloqueo de la renovación del poder judicial es culpa de Pedro Sánchez: “Acusaban sistemáticamente a Pablo Casado de bloquear el acuerdo y ahora a Feijóo acusan lo mismo,  ¿no será el problema Pedro Sánchez?” y defiende que el PP siempre “demuestra su vocación de llegar a acuerdos de estabilidad democrática”

La Ley del 'solo sí es sí' del Ministerio de Igualdad planteaba una serie de medidas para abolir la prostitución que finalmente fueron eliminadas. Posteriormente, el grupo socialista introdujo una enmienda en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que abordaba este tema pero el desacuerdo impulsó la eliminación de la medida ante la posibilidad de que este texto no saliese adelante. Para hacer frente a la abolición, el PSOE registró una nueva iniciativa que endurece la persecución del proxenetismo y que se admitió a trámite en el Congreso el pasado 7 de junio. La ley solo castigaría, según los socialistas, a proxenetas y clientes.

Susana Pastor, presidenta de la Plataforma de Afectadas por la Abolición de la Prostitución, nos cuenta que a abolición de la prostitución "dejaría a muchas familias en la calle" y defiende que lo que quieren es sus derechos como "trabajadoras sexuales". Además, Pastor insiste en que "una trabajadora sexual no vende su cuerpo, vende un sevicio y lo hace porque quiere", considera.

Charo Carracedo, presidenta de la Plataforma Estatal por la Abolición de la Prostitución, explica que se necesitan "medidas de intervención política para que se produzcan modificaciones reales de cara a la industria del sexo". Sobre esto, Carracedo expone tres "ejes vertebradores" sobre los que habría que trabajar: "Reparación integral de las mujeres en situación de prostitución, desmantelar el proxenetismo y  desalentar las prácticas masculinas de consumo sexual sobre las mujeres". Charo Carracedo, tras escuchar los argumentos de Susana Pastor, cree que la Plataforma de Afectadas por la Abolición de la Prostitución "defiende los intereses del proxenetismo", opina. 



El Gobierno se ha puesto a trabajar en una nueva Ley de secretos oficiales que sustituirá a la de 1968 y en el 14 Horas hemos hablado con José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia,  experto en seguridad e inteligencia y que además ha asesorado en la reforma de la legislación. Ha señalado que, aunque habrá que ver en qué queda la tramitación, por lo que se conoce cumple con lo esperado: “Es la ley que reclamábamos los expertos”, ha indicado. Y ha destacado como positivo el viraje de la dependencia hacia el ministerio de Presidencia: “Era otra singularidad negativa del Estado español”, ha señalado sobre la anterior dependencia que tenía la ley del ministerio de Defensa.

Sigue la polémica por el impuesto a la banca y a las compañías eléctricas del gobierno. El PP cree que el Ejecutivo se endeuda endueda en exceso y el Gobierno defiende un reparto más equitativo de las consecuencias de la guerra en Ucrania.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa. EFE/ Rodrigo Jiménez

Ayer por la tarde, en la reunión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del Gobierno, Pedro Sánchez, hubo, como se había anunciado, dos asuntos clave sobre la mesa: el aprovechamiento del agua y, sobre todo, la financiación autonómica. Mientras llega un nuevo modelo, Moreno ha pedido un fondo compensatorio.

A las cinco de esta tarde, en Moncloa, está prevista la reunión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe del ejecutivo andaluz llevará, según ha adelantado, un documento con casi un centenar de peticiones. Empezando, ha dicho, por la reforma del sistema de financiación autonómica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tras la confirmación de la sentencia del caso de los ERE: "Han pagado justos por pecadores".

Así se ha expresado en una rueda de prensa junto al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, tras la celebración de una cumbre bilateral entre Polonia y España. Preguntado por los periodistas a cerca de la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la condena de seis años de prisión para Griñán y nueve años de inhabilitación para Chaves, Sánchez ha recordado que los dos expresidentes autonómicos dimitieron "hace más de un lustro" asumiendo "responsabilidades políticas".

En el Parlamento andaluz, hoy reunión de la Diputación Permanente, el órgano que vela por el poder de la cámara autonómica entre periodo de sesiones, y que ha tratado el asunto de los nuevos senadores andaluces. Previamente, ha habido Junta de Portavoces, para discutir, entre otras cosas, la bajada de ratio escolar.

El Supremo confirma las penas de seis años de cárcel para José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación para Manuel Chaves por el caso de los ERE. La Audiencia de Sevilla condenó hace tres años a los dos expresidentes socialistas de la Junta andaluza, junto con otros 17 ex altos cargos, por repartir ayudas millonarias a empresas de forma fraudulenta. Lo que ha hecho hoy el Supremo es adelantar el fallo, pero la sentencia no se entregará a los condenados hasta septiembre.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia aJosé Antonio Griñán y Manuel Chaves por el caso de losERE en Andalucía: seis años de cárcel para el primero y nueve de inhabilitación para el segundo. Este es el adelanto del fallo que se conocerá al completo en septiembre y que llega diez años después de que comenzaran las investigaciones en enero de 2011, tras las que se destapó un fraude de 680 millones de euros en subvenciones al empleo en Andalucía.

Estas surgieron a raíz de una instrucción de la juez Mercedes Alaya por supuestas irregularidades en los ERE aprobados en la empresa pública Mercasevilla. Tras la cual, un año después, el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, declaró que el Gobierno se encontraba al tanto de las partidas, el conocido como 'Fondo de reptiles': unas ayudas sociolaborales que se concedieron sin control previo ni fiscalización posterior y para las que se destinaron casi 700 millones de euros. En 2015,en una declaración frente al Supremo, Chaves y Griñán negaron que hubiese un plan prestablecido, para poco después dejar sus escaños como diputado y senador, respectivamente. Además, durante el juicio, negaron haberse llevado ningún dinero, así como conocer los entresijos de las ayudas.

Informa, Gema Alfaro.