El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez toma declaración en Francia este lunes a una testigo en el marco de la causa en la que se investiga el secuestro del empresario zaragozano Publio Cordón en el año 1995 por parte de los GRAPO, según informa Europa Press.
El magistrado, que viaja acompañado del fiscal Luis Barroso, interrogará a una persona que mantuvo relación con los miembros de los GRAPO detenidos en julio de 2012 por su intervención directa en el secuestro.
Ha ordenado, además, que se reanude la búsqueda del cadáver del industrial, enterrado en la zona de Mont Ventoux situado en el sureste de Francia.
El ejército mexicano ha liberado a 165 personas que estaban secuestradas en Tamaulipas, en el norte del país. La mayoría eran inmigrantes que intentaban cruzar la frontera de Estados Unidos. Un grupo criminal los tenía secuestrados mientras extorsionaba a sus familiares.
Las autoridades indígenas del pueblo Wayuu, del departamento colombiano de La Guajira, se comprometieron hoy con las locales a ayudar en la búsqueda y recabar información para dar con el paradero de dos ciudadanos españoles secuestrados por desconocidos en esa región el pasado 17 de mayo. Así lo aseguró el secretario departamental de la Gobernación de La Guajira, Misael Velásquez, quien se reunió hoy, en la población de Uribia, durante varias horas con miembros de la Junta de Palabreros Wayuu, que son la máxima autoridad indígena de la región al igual que con la Policía y el Ejército. Ángel Sánchez Fernández, de 49 años, y María Concepción Marlaska Sedano, de 43, naturales de Avilés (norte de España), fueron retenidos el pasado viernes en el departamento de La Guajira y, según fuentes oficiales colombianas, es un secuestro con fines de extorsión.
En Colombia siguen buscando a la pareja de turistas españoles secuestrados el viernes. Al parecer los secuestradores se han identificado como miembros de las FARC, algo que ha desmentido la propia guerrilla inmersa en las conversaciones de paz con el gobierno.
Dos turistas españoles, un hombre y una mujer, han sido secuestrados en Colombia, según ha confirmado este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien ha explicado que su departamento ha estado en contacto con el Gobierno de aquel país y con sus familias desde el primer momento.
El secuestro se produjo el pasado viernes en el noroeste de Colombia, en una zona fronteriza con Venezuela, donde pueden haber sido trasladados, según las fuentes policiales colombianas consultadas por Efe.
Los turistas son Ángel Sánchez Fernández, de 49 años, y María Concepción Marlaska Sedano, de 43, han confirmado a Efe las autoridades del país iberoamericano. Ambos son naturales de Avilés, en Asturias, y estaban en Colombia de vacaciones.
Fuentes policiales aseguraron en un principio que la mujer era familia del juez Grande-Marlaska, pero Margallo no ha querido aclararlo. "Ni confirmo ni desmiento", ha señalado el ministro.
En Cleveland ya ha salido del hospital la última de las tres jóvenes secuestradas. La policía investiga otras desapariciones de chicas en la zona. Hoy se ha sabido que la expareja del presunto secuestrador y madre de sus hijos le denunció varias veces por malos tratos.
Los atentados no han cesado durante toda la campaña electoral, tampoco los secuestros y las amenazas de los talibanes, que hoy han recomendado a la población que se mantenga lejos de las urnas.
Mientras, se siguen investigando la posible implicación de Ariel Castro en otras desapariciones. Televisión Española ha entrevistado a uno de sus mejores amigos, que durante su última visita a la casa oyó unos golpes.
El fiscal de Ohio, Estados Unidos, que se encarga del caso de las tres jóvenes secuestradas durante una década en Cleveland ha anunciado que pedirá la pena de muerte para el acusado, Ariel Castro.
La petición se basa en que Castro, supuestamente, forzó a las jóvenes a abortar varias veces durante su cautiverio.
"Tengo la intención de presentar cargos por todos y cada uno de los actos de violencia sexual y violación, cada día de secuestro, cada asalto y cada acto de homicidio agravado por los embarazos interrumpidos que perpetró el acusado", ha declarado a la prensa el fiscal del condado de Cuyahoga, Timothy McGinty.
Bajo la ley de Ohio, el delito de asesinato agravado incluye la interrupción ilegal del embarazo y es un delito capital.
La fiscalía iniciará el proceso oficial para determinar si la pena de muerte es adecuada. "El castigo capital debe ser reservado para aquellos crímenes que son, realmente, los peores ejemplos de la conducta humana", ha dicho McGinty.
Amanda Berry, Gina DeJesus y Michelle Knight fueron liberadas el pasado martes tras una década de confinamiento. Knight ha declarado haber sufrido al menos cinco abortos causados por Castro, que le propinaba palizas y le negaba la comida durante sus embarazos. Junto con Berry fue liberada su hija, de 6 años y concebida durante el secuestro.
