A dos días de que empiece la campaña electoral en Madrid, el PP tendrá que recomponer su candidatura. Toni Cantó queda definitivamente excluido, igual que Agustín Conde, tras rechazar el Constitucional el recurso de los populares. Pero con división entre los magistrados tres a favor y tres en contra. Ha desempatado el presidente, quien ha argumentado que no pueden ser candidatos quienes no pueden votar. Y los dos se empadronaron en Madrid después del 1 de enero con el censo cerrado. El PP acata pero insiste en sus argumentos y el exdiputado de las Cortes valencianas de Ciudadanos anuncia que seguirá haciendo campaña con Díaz Ayuso.
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En Madrid, el debate preelectoral sigue centrado, en buena medida, en la gestión de pandemia. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a acusar al candidato socialista de tratar de atemorizar a la gente, después de que Gabilondo destacase un dato de la mortalidad por coronavirus en la Comunidad de Madrid.
Este lunes, además, el Partido Popular ha recurrido al Tribunal Constitucional la sentencia que sacó de su candidatura en Madrid al exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó. Alega que nunca se había exigido el requisito de estar empadronado antes del cierre del censo. Los demás partidos han pedido que se respeten las reglas del juego democrático.
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“La ley está anclada en la Constitución, defiende el derecho a la educación de todos y la libertad de la enseñanza, lo que también incluye la libertad de elección de las familias”, ha sostenido la ministra de Educación, Isabel Celaá el día que el Partido Popular ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional que impugna 16 artículos y 2 disposiciones adicionales de la LOMLOE, la ley educativa conocida como 'ley Celaá'. En 24 horas de RNE, la ministra ha indicado que la ley “es constitucional a juicio del Ministerio, del Gobierno y de todos los órganos que han participado en su tramitación” y ha señalado que ha vivido un largo proceso para tramitarse con “numerosísimas enmiendas aceptadas”. Celaá ha asegurado que la legislación “garantiza el dominio del castellano y de las lenguas cooficiales” , así como el tratamiento en centros ordinarios de la discapacidad.
Los grupos catalanes en el Congreso, ERC, Junts, el PDeCAT y la CUP, registraron en la Cámara un texto en el que piden dos informes jurídicos sobre el veto de la mesa a su Ley de Amnistía. Este "puede no ser constitucional" según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Fernando Álvarez-Ossorio, en el programa ParlamentoParlamento, aunque "eso tendría que determinarlo el Tribunal Constitucional" en la medida en la que no existe "un control previo de constitucionalidad". Este órgano "pone muchos reparos a que la mesa pueda entrar en argumentos materiales para rechazar una proposición de ley", señala el catedrático, "entiendo que la mesa se haya podido extralimitar". El Constitucional contempla que no se admita el texto si existen evidencias de inconstitucionalidad por lo que afirma que hubiera sido mejor que se hubiera podido debatir y ver lo que opina cada formación sobre el tema.
