La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PHA), Ada Colau, ha afirmado este jueves que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra la normativa española de desahucios al Gobierno "no le queda más opción que cambiar la ley" y ha abogado por "la paralización de todos los desahucios que están en curso".
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- La sentencia no tiene efectos retroactivos, ni ha cambiado el marco procesal
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, garantizaba que el Gobierno modificará la legislación española sobre desahucios e hipotecas para adaptarla a la ley europea, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que falla que la norma no protege a los consumidores. El resto de partidos políticos también ha valorado la sentencia. Desde el PSOE han pedido un decreto ley que paralice los desahucios que estén en marcha, Izquierda Unida ve en la sentencia el triunfo de los movimientos sociales y desde CiU avisan de que los desahucios continuarán hasta que cambie la ley.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PHA), Ada Colau, ha afirmado este jueves que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra la normativa española de desahucios al Gobierno "no le queda más opción que cambiar la ley" y ha abogado por "la paralización de todos los desahucios que están en curso".Considera el tribunal europeo que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores.
- El PP: no habrá desahucio hasta que el juez decida si hay cláusulas abusivas
- El PSOE exige al Gobierno un decreto ley para parar ya todos los desahucios
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha sentenciado que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores. "La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión". La Corte con sede en Luxemburgo aboga porque el magistrado pueda adoptar medidas cautelares "cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final".
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha garantizado que el Gobierno modificará la legislación española sobre desahucios e hipotecas para adaptarla a la ley europea, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre este asunto. "Nosotros asumimos el compromiso de que todos los aspectos que haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos", ha afirmado Ruiz-Gallardón a los medios en los pasillos del Congreso, donde también ha asegurado que el ministerio lo estudiará "en profundidad". La incorporación de la doctrina europea puede hacerse a través de enmiendas a la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, ha recordado el ministro.
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La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado este jueves que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.
Las conclusiones de la Abogada General no vinculan al Tribunal, pero habitualmente adelantan el sentido de la posterior sentencia. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.
- Son incompatibles con las normas de la UE de protección de los consumidores
- No protege al consumidor contra cláusulas abusivas en el contrato hipotecario
- Pide que el juez pueda parar un desahucio si hay una cláusula de este tipo
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El Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón a una etarra a la que presentó un recurso porque se le aplicó la doctrina Parot, prolongando su estancia en prisión hasta el año 2017. El alto tribunal insta a España a que la ponga en libertad y le pague una indemnización. El gobierno ya ha anunciado que recurrirá.
- Las discusiones para un tratado de protección intelectual comenzaron en 2007
- El texto se encuentra en proceso de ratificación parlamentaria en cada país
- Necesita el voto favorable del Parlamento Europeo para entrar en vigor
- El Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará sobre la legalidad del acuerdo