El mayor de los Mossos Josep Llúís Trapero ha explicado en su declaración como testigo en el juicio del procés que los mandos mantuvieron una reunión el 28 de septiembre de 2017 para trasladar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn su preocupación por el riesgo de que se produjeran "conflictos graves" de orden público y seguridad ciudadana, para instarles a que cumplieran la legalidad y trasladarles que los Mossos no iban a "quebrar" nunca la Constitución.
El mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero ha revelado que tenían preparada la detención del expresidente Carles Puigdemont y del resto de exconsellers desde "dos días" antes de la declaración unilateral de independencia (DUI). El mismo 27 de octubre, ha explicado que se puso a disposición de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por si ordenaban algún tipo de acción en este sentido porque sin saber la transcendencia jurídica ni que delitos se podían haber producido aparentemente lo ocurrido era de "cierta gravedad".
El mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha declarado este jueves que alertaron al Govern de que la celebración del referéndum del 1-O, que ha calificado sin ambages de "ilegal", con dos millones de personas con intención de votar y unas fuerzas policiales que tenían que impedirlo, "iba a provocar necesarimente problemas de orden público y seguridad ciudadana" en una reunión el 28 de septiembre de 2017 en la que estuvieron presentes el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn, en su declaración como testigo en el juicio del 'procés'.
El jefe de los Mossos durante el 1-O, el mayor Josep Lluís Trapero, ha declarado este jueves como testigo en el juicio del 'procés' a pesar de estar procesado por rebelión en la Audiencia Nacional. El mayor de los Mossos ha contestado las preguntas de VOX que ejerce la acusación popular y también de la Fiscalía. Trapero ha defendido que el dispositivo del 1-O tenía como finalidad impedir el referendum, al que él mismo ha llegado a calificar de ilegal.
Ante las dudas, asegura que estuvo dispuesto a mejorar el dispositivo, pero mantiene que la responsabilidad era compartida con Guardia Civil y Policia. De Forn, el por entonces conseller de Interior dice que llegó a mostrarle su desacuerdo. Del anterior exconseller, de Jané, asegura que dimitió por el riesgo que suponía la marcha de la política catalana y que estaba incómodo.
El exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha explicado en el juicio del procés que cuando el exconseller de Interior Jordi Jané dimitió en julio de 2017 lo hizo porque estaba "incómodo" con la "deriva política" del Govern. "Estábamos incómodos los dos", ha asegurado como testigo Trapero, que ha asegurado que Jané dimitió porque no quería "correr ningún riesgo".
El mayor de los Mossos d'Esquadra el 1-O, Josep Lluís Trapero, ha defendido el dispositivo diseñado para el referéndum y ha apuntado a la responsabilidad también de Guardia Civil y Policía Nacional de que no se pudieran cerrar más centros. Trapero, que ha defendido los binomios, asegura que se diseñó en el marco de un dispositivo conjunto con los tros cuerpos y que "no tenía otra finalidad que la de cumplir los mandatos judiciales". "¿Nos hubiera encantado que hubiese más resultados? Sí. Hubo los que pudimos hacer entre todos".
El Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, està citat a declarar al Tribunal Suprem en qualitat de testimoni en el judici del procés. Trapero podria acollir-se al seu dret a no declarar perquè està sent investigat per rebel.lió a l'Audiència Nacional. De la sessió d'aquest dimecres destaca la petició del fiscal per a què s'investigui per fals testimoni un dels compareixents, el responsable de Difusió Institucional de la Generalitat, Jaume Mestre.
El president de la Generalitat, Quim Torra, manté el pols i rebutja retirar els llaços grocs i les banderes estelades dels edificis de la Generalitat com li havia demanat la Junta Electoral Central (JEC). En un escrit enviat a la JEC, Torra al.lega que suposaria coartar la llibertat d'expressió i assumir les tesis de Ciutadans, el grup que es va queixar de la presència d'aquests simbols als edificis públics de la Generalitat.
Parlem també de l'impost que grava els bens de luxe a noms d'empreses i que la Generalitat podria començar a aplicar abans de l'estiu, del primer cas d'asbestosi en un treballador en actiu del metro de Barcelona per suposadament haver inhalat fibres d'amiant a les instal.lacions del suburbà i de la classificació del Barça per quarts de final de la Lliga de Campions després de guanar l'Olympique de Lió per 5 a 1.
El que fue durante el uno de octubre, Mayor de los Mossos d’Esquadra está llamado a declarar este jueves en el Supremo como testigo en el juicio del ‘procés’. Josep Lluis Trapero llega al tribunal después de que el exsecretario de Estado de Seguridad y el excoordinador policial en Cataluña le acusaran de haber consentido el referéndum ilegal, de no haber hecho nada para pararlo. Josep Lluis Trapero está siendo investigado en la Audiencia Nacional, no en el Supremo, por lo que puede acogerse a su derecho a no declarar.
El ex secretario general de Diplocat Alberto Royo ha reconocido que pagaron el viaje y la estancia a un grupo de diputados y europarlamentarios que se desplazaron a Cataluña en las fechas del referéndum del 1-O, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, pero ha negado que fueran "observadores internacionales" y los ha calificado de "visitantes internacionales" algo que, en su opinión, no tiene "nada que ver". La factura que abonó el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) fue de 40.591 euros, según ha confirmado su exresponsable en su declaración como testigo en el juicio del 'procés'.
El presidente del tribunal del juicio del procés, Manuel Marchena, ha respondido a la Fiscalía, que ha pedido deducir falso testimonio al director de Difusión Institucional de la Generalitat, Jaume Mestre, que no podían tomar esta decisión hasta que haya sentencia y se haya podido poner su declaración "en contraste" con el resto de pruebas. "Ahora no podemos (...) Más allá de las inexactitudes y respuestas evasivas no sabemos si ha dicho o no la verdad".
La Fiscalía ha pedido al tribunal de 'procés' que se investigue al director de Difusión Institucional de la Generalitat, Jaume Mestre, por si ha mentido en su declaración como testigo en el jucio sobre las campañas publicitarias que encargó la Generalitat sobre el 1-O y, por lo tanto, si ha incurrido en un delito de falso testimonio. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha respondido que hasta que hubiera sentencia no se podía decidir si procedía o no esa media, pero sí ha recordado al testigo que el delito de falso testimonio no solo consiste en no decir la verdad, sino también en alterarla con "inexactitudes".
Tenso interrogatorio del fiscal al responsable de difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, sobre varias campañas de publicidad para el referéndum. Ante las respuestas evasivas del testigo, que ha sido advertido por el propio presidente del Tribunal, el Ministerio Público ha pedido que se deduzca testimonio de su declaración.
El govern apura el termini que la Junta Electoral Central li ha donat per retirar els llaços grocs i les estelades dels seus edificis sense concretar quina serà la seva resposta, la consellera de presidència Elsa Artadi, ha avançat que serà clarament combativa i considera ridícul el requeriment de la JEC. Mentre Ciutadans, que va presentar la queixa davant l'organ regulador dels processos electorals, urgeix al president Quim Torra a complir el que li demana la JEC.
Parlem també de la decisió de Poble Lliure, una de les organitzacions que integren la CUP, de presentar-se a les eleccions generals del 28 d'abril tot i que el Consell Polític de la CUP decidís diumenge no concòrrer als comicis. La CUP avisa de què aquesta decisió de Poble Lliure afecta a les seves relacions i diu que tindrà conseqüències.
Estem atents a una nova jornada del judici per l'1 d'octubre. Estan citats a declarar diferents ex càrrecs de la Generalitat per a la difusió exterior del procés i dos dels suposats observadors internacionals del referèndum. D'altra banda el Tribunal Suprem permet a Santiago Vidal reingressar en la carrera judicial. No podrà tornar directament a la seva antiga plaça de l'Audiència de Barcelona sino que haurà de participar en el primer concurs de places de la seva categoria que convoqui el Consell General del Poder Judicial.
El comercial de Artyplan, una de las empresas que imprimió parte de los carteles y los dípticos con el anuncio de las vías sobre el referéndum del 1-O, ha declarado este martes como testigo en el juicio del procés que fue Òmnium Cultural quien se puso en contacto para pedir un "presupuesto urgente" para este trabajo el 7 de septiembre de 2017, pero que al día siguiente recibió la llamada del diseñador gráfico Enric Vidal para hablar del encargo y que este les dijo que la factura la pagaría la Generalitat aunque sin especificar qué departamento. Sin embargo, el testigo Enric Mary Iriarte ha asegurado que no se llegó a facturar el trabajo, cuyo presupuesto ascendía a unos 17.200 euros, porque nunca se entregó el material.
La Agencia Española de Protección de Datos ha restringido el uso de información personal que se pueda hacer durante la campaña.
Muchas veces ni nos damos cuenta, cuando descargamos una aplicación o aceptamos las condiciones de uso de un servicio que se ofrece por Internet cedemos los derechos sobre nuestros datos personales y autorizamos el envío de propaganda. Si le añadimos que en algunas redes sociales es habitual compartir noticias ya estamos dando toda la información sobre nuestros gustos o aficiones políticas entre otras. ¿Pero dónde está el límite para los partidos?
La agencia insiste la agencia en que es ilegal obtener informaciones de perfiles cerrados o en base, por ejemplo, a los "me gustas" que se dan. Y también hacer perfiles ideológicos. Los partidos tienen un plazo de 3 semanas antes del inicio de la campaña para presentar la información que pretenden utilizar y cómo tienen pensado minimizar los riesgos en el tratamiento de nuestros datos.
Estas restricciones vienen después de que un grupo de juristas se diera cuenta de que la nueva ley de protección de datos permitía a los partidos recoger nuestras opiniones políticas en Internet. Lo llevaron al defesor del pueblo y ahora ese recurso se ha admitido a trámite en el Tribunal Constitucional pero no da tiempo a resolverlo antes del 28 de abril.