El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del 'caso Bateragune', que impuso en 2012 una pena de seis años y medio de cárcel y diez de inhabilitación al actual coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y condenó también a otros dos acusados por pertenecer a ETA. El criterio del Supremo tiene en cuenta la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España en 2018 por parcialidad de una jueza.
La Fiscalía del Supremo pide que los presos del procès no puedan salir de prisión para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares Una medida que ya adoptó el alto tribunal en el caso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
Hace seis días vimos salir en tercer grado a los presos del procés, pero ya desde febrero salían de la cárcel para trabajar o para cuidar de sus familiares porque se les aplicó el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Hoy el Supremo ha revocado la aplicación del 100.2 en el caso de Carme Forcadell y abre la puerta a hacer lo mismo con el resto. El alto tribunal lo ve injustificable porque, en la práctica, supuso un regimen de semilibertad cuando no habían cumplido ni la cuarta parte de la condena. La decisión de momento, no tiene efectos inmediatos.
El Supremo revoca la semilibertad concedida a la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell. El alto tribunal considera que esta medida es injustificada cuando no ha cumplido ni una cuarta parte de los más de 11 años a los que fue condenada por sedición.
La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, investigada por varios delitos, se ha negado a declarar en el Supremo hasta que no se realice una prueba pericial, cuando esto ocurra, dice, solicitará su comparecencia en el tribunal.
ElTribunal Supremo ha avalado la celebración de los comicios en A Mariña, Lugo, este domingo tras desestimar el recurso presentado por Galicia en Común contra la resolución de la Junta Electoral Central. El candidato de Galicia en Común- Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, anunció que su formación recurría la decisión de permitir el voto en una comarca que tuvo que ser confinada por un rebrote. En su resolución el Supremo alega en su desestimación que se garantizan unas condiciones adecuadas de circulación para acudir a votar, con las salvedad de segmentos reducidos de población, por motivos sanitarios suficientemente justificados en el marco de la situación de pandemia en la que se están desarrollando las elecciones.
La Fiscalía del Tribunal Supremo está traduciendo la documentación enviada por la justicia suiza entre la que se incluyen las declaraciones realizadas en 2018 por el gestor de cuentas bancarias, Arturo Fasana, y su abogado Dante Canónica. Ambos revelan la supuesta creación de una estructura que, bajo la cobertura de una fundación creada en 2018, habría podido servir al rey Juan Carlos para recibir una donación de 65 millones de euros del monarca de Arabia Saudí. Un dinero que no habría sido declarado a Hacienda.
La que fuera amiga del rey Juan Carlos, la empresaria Corinna Larsen, declaró ante un fiscal suizo que los 65 millones de euros que el monarca emérito le transfirió a una cuenta, según ella, como "regalo" y "gratitud", procedían a su vez de una donación al monarca del ya fallecido rey Abdalá de Arabia Saudí. Así lo dijo el 19 de diciembre de 2018 en su declaración, que publica este domingo el diario El País, ante el fiscal Yves Bertossa, que la investiga junto a los gestores de cuentas en Suiza Arturo Fasana y el abogado Dante Canónica por un delito agravado de blanqueo de capitales.
Desde hoy disfrutan del tercer grado. Fueron condenados a nueve años y medio y a ocho años y medios de cárcel por agredir a dos guardias civiles en octubre de 2016. Han abandonado la cárcel de Zaballa, Álava, para trabajar o estudiar durante el día, pero deberán volver para dormir. Son los encausados que recibieron las penas más duras por parte del Tribunal Supremo, condenados por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y desórdenes públicos.
El juez instructor Eduardo de Porres ha citado como investigada a Laura Borrás, diputada y portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, el próximo 22 de julio por la adjudicación, presuntamente irregular, de varios contratos en la etapa en la que dirigía la Institución de las Letras Catalanas.
Informa Araceli Sánchez
