Tribunal Supremo

• Denuncian que el Gobierno "vulnera" los compromisos asumidos en el Acuerdo de París
• Y piden al alto tribunal que exija a España una reducción de emisiones del 55% en 2030 y la neutralidad climática en 2040

• El examen de las declaraciones de testigos y las referencias de uno de los agentes "conforman base indiciaria suficiente"
• El 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género, es gratuito y no deja huella en la factura​

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La Fiscalía del Tribunal Supremo pide el archivo de todas las querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus. Son una veintena y en ellas se acusa al Ejecutivo de homicidio, prevaricación o lesiones, entre otros delitos. La Fiscalía considera que no hay fundamentos suficientes para admitirlas.

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que no admita a trámite la veintena de querellas contra miembros del Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. En una escueta nota que ha remitido el Ministerio Público, ha explicado que, después de estudiar de forma individualizada las querellas que afectan fundamentalmente al Presidente del Gobierno y al Ministro Sanidad, ha llegado a la conclusión de que esa gestión no constituye los delitos denunciados. Se trata de delitos como prevaricación administrativa, delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, omisión del deber de socorro, homicidios o lesiones imprudentes. Entre esas querellas está la de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos que denunció la distribución de mascarillas defectuosas entre los sanitarios, o la de la Asociación de Guardias Civiles por no incluir a este cuerpo entre los colectivos de riesgo de contagio. Otros querellantes son Vox, la Asociación de Abogados Cristianos o Hazte Oir, vinculada a la extrema derecha. Informa Teresa Coto.

• El presidente catalán ya ha advertido de que quiere incluir "el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía"
• Esta mañana, Sánchez anunció en RTVE que se pondría en contacto con Torra

• Recuerda que la Constitución fija que se renueve cada cinco años y exhorta a hacerlo "sin dilaciones"

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha vuelto a pedir a los partidos políticos que se pongan de acuerdo para renovar “sin más dilaciones” el órgano de gobierno de los jueces. Durante la ceremonia apertura del año judicial, Lesmes ha reclamado un acuerdo inmediato para cumplir con la Constitución “y no dañar más el trabajo de los jueces”.

Cataluña arranca este nuevo curso político sin calendario electoral y con el president Quim Torra lanzando un aviso a navegantes: sugiere que desobedecerá si el Tribunal Supremo lo inhabilita y pide a los partidos independentistas que no invistan a ningún otro candidato. Además, da por amortizada la mesa de diálogo si no es para negociar la autodeterminación y la amnistía.

• Asegura que no será el Tribunal Supremo el que marque el calendario electoral en Cataluña
• Y avanza que convocará las elecciones "cuando sea mejor para el país", sin "necesariamente agotar la legislatura"

• Así lo recogen los tres recursos de reforma que Sànchez, Rull y Turull han interpuesto ante la juez

• Desestima los recursos de la Fiscalía contra el régimen de semilibertad otorgado a Junqueras, Romeva y Sànchez
• La letrada mantiene suspendido el régimen abierto de los tres políticos presos hasta que se resuelvan las apelaciones

• El juez del Supremo Pablo Llarena había emitido una euroorden de entrega contra él y otros políticos catalanes huidos
• La Justicia belga alega que el alto tribunal español no es competente para reclamar la entrega

Con una portada del diario suizo Tribune de Geneve saltaban las alertas: "Juan Carlos escondía 100 millones en Ginebra". La noticia recogía la investigación del fiscal suizo Yves Bertosa a Juan Carlos I por un posible delito de blanqueo de capitales, tras descubrirse una fundación con 100 millones de dólares que el rey había recibido de Arabia Saudí. El dinero llegó al banco Mirabaud, uno de los imputados.

Los otros tres imputados en Suiza son la propia Corinna Larsen, amiga de Juan Carlos I que recibió una transferencia de 65 millones de euros en una cuenta a su nombre en las Bahamas, y los dos expertos en transacciones financieras que supuestamente actuaban en nombre del rey emérito, Arturo Fasana y Dante Canonica. El fiscal busca pruebas de que esa cantidad proveniente de Arabia Saudí es una comisión por adjudicar las obras del AVE a la Meca a empresas españolas.

El Tribunal Supremo rechaza adoptar medidas cautelares contra Juan Carlos I y desestima, de esta forma, las peticiones de Ómnium Cultural alegando que el "sistema procesal español no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado, como es el caso de Juan Carlos l".

Informa Araceli Sánchez

• Ómnium Cultural había solicitado adoptar medidas cautelares contra el rey emérito
• Don Juan Carlos dejó España el pasado domingo tras las informaciones sobre sus presuntos negocios opacos

El abogado de Juan Carlos ha señalado que el rey emérito “permanecerá a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite que considere oportuno”.

La fiscalía del Tribunal Supremo está esperando la segunda parte de la información requerida a la fiscalía suiza para mover ficha. El ministerio público trata de determinar si Juan Carlos pudo cometer un presunto delito de blanqueo de capitales por intentar ocultar el supuesto origen ilícito del dinero y un presunto delito fiscal por no declarar a Hacienda dichos ingresos, siempre a partir de 2014, cuando Juan Carlos I abdicó y perdió la inviolabilidad. Si la fiscalía apreciase indicios de delito, procedería contra él ante la sala segunda del alto tribunal donde está aforado.

Según la investigación del país helvético, Juan Carlos tenía 65 millones de euros en una cuenta en suiza a nombre de una fundación panameña cuyo primer beneficiario era él. La investigación desveló que el dinero procedía de donaciones del rey de Arabia Saudí, que entre 2008 y 2012 don Juan Carlos hizo retiradas de la cuenta de más de 100 mil euros al mes y que, posteriormente, transfirió ese dinero a una cuenta en las Bahamas a nombre de Corinna Larsen. Informa Araceli Sánchez.

El Supremo anula la setencia de 2012 que condenó a Otegi y otras cuatro personas a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista en el caso Bateragune, referido a la reconstrucción de la dirección de la ilegalizada Batasuna. Con esta anulación la inhabilitación que seguía pesando sobre Arnaldo Otegi queda sin efecto. En redes sociales ha reaccionado a esta noticia afirmando que "recordar que no existe Justicia independiente en el Estado español" y que su encarcelamiento "fue una operación contra la paz en Euskal Herria".

Arnaldo Otegi y los otros cuatro condenados por intentar reconstruir la antigua Batasuna, van reclamar una indenmización al Estado, después de que ayer el Supremo anulara la sentencia siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a España al considerar que la juez del caso no había sido imparcial.

• El coordinador de EH Bildu y otros cuatro dirigentes abertzales fueron condenados por intentar reconstruir Batasuna
• El Supremo anuló la sentencia después de que el Tribunal de Estrasburgo condenara a España por la parcialidad de una jueza