Tribunal Supremo

• Pide que valore sobre la competencia y el contenido de la exposición razonada del juez García Castellón
• Por otro lado, inadmite la querella de un ciudadano contra el expresidente catalán por delito de odio

• Destaca la "absoluta inobservancia" de las autoridades españolas de las prescripciones que fija la Ley de Extranjería
• Señala que se vulneraron los derechos de integridad física y moral de los menores

• El PSOE denunció a Abascal y Vox por delitos de injurias, calumnias, amenazas graves y delito de odio
• El Ministerio Público dice que "a simple vista, no pueden ser descartados" y pide más información

• La abogada general de la UE cree que se puede controlar la transparencia en una demanda colectiva
• El Tribunal Supremo deberá determinar si existe "similitud suficiente"

• Feijóo acusa al Tribunal Constitucional de querer "suplantar" al Supremo y lo considera "grave"
• El TC ha dado la razón al exdiputado de Podemos anulando su inhabilitación por su condena

• Podrá aplicarse la deducción adicional, aunque las guarderías no tengan autorización como centro educativo
• Así la deducción por maternidad pasa de un máximo de 1.200 euros anuales a 2.200 euros, 1.000 más

El año, 2024 comienza marcado por una crisis institucional sin precedentes, con el mandato del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial en funciones desde hace cinco años. La falta de renovación del órgano ha provocado un colapso en la Justicia, hay 85 vacantes en la cúpula judicial, una veintena en el Tribunal Supremo, que sigue pendiente de la decisión de la Justicia europea de devolver o no la inmunidad a Carles Puigdemont como europarlamentario, después de que el expresidente catalán recurriera la sentencia del TJUE. Al Supremo también tendrá que decidir, entre otros asuntos, si asume la investigación de la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democrátic. También tiene que pronunciarse sobre los indultos a los líderes del 'procés' o sobre las reclamaciones al Estado por las restricciones frente al COVID durante la pandemia.

• Le rebajan la pena de 13 a 9 años de cárcel por la agresión ocurrida en 2020 en Zaragoza
• La Sala de lo Penal del alto tribunal rechaza todos los argumentos exculpatorios del condenado

• Una trabajadora de la Real Federación Española de Fútbol presentó un recurso
• La Sala no percibe el embarazo como el móvil del despido, y por ello, tampoco daño moral

• Ambos se han reunido este jueves y el ministro ha asegurado estar "muy contento" tras "una reunión muy fructífera"
• En los últimos días tanto políticos de Junts como del PP han puesto en entredicho la independencia del órgano de los jueces

Hoy visita los estudios de “La España vivida” Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Su participación coincide con una etapa agitada de la vida de las instituciones de la administración de justicia y sus órganos de gobierno. Nadie mejor que él para darnos un diagnóstico sobre ese malestar. Pascual Sala nació en Valencia en junio de 1935, en fecha muy próxima, por tanto, a la del inicio de la Guerra Civil. Ingresó en la carrera judicial en 1962 y formó parte de Justicia Democrática, antecedente de la actual Jueces y Juezas para la Democracia, es decir, de la izquierda judicial. En 1982 el PSOE le propuso para un primer cargo de alta responsabilidad institucional, el de consejero del Tribunal de Cuentas, cuya presidencia ocuparía más tarde, entre 1988 y 1990. En ese mismo año fue nombrado presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en aquel momento con mayoría progresista. Concluido su mandato seis años más tarde –tras un corto retraso en la renovación del Consejo- fue nombrado magistrado del Constitucional, cuya presidencia ejercería entre 2011 y 2013, después de la sentencia sobre la reforma del Estatut, que los partidos independentistas identifican con el inicio del conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Pascual Sala, en suma, lo ha sido todo en el ámbito de la justicia ordinaria y de la justicia constitucional en España. Nos interesa mucho, por tanto, su punto de vista sobre la evolución del Estado de derecho y su fortaleza o debilidad actuales, al calor del debate sobre la legalidad de la amnistía, entre otros.

• La diputada Míriam Nogueras señaló la semana pasada con nombre y apellidos a varios jueces a los que llamó "indecentes"
• Los fiscales piden con "diligencia" al fiscal general del Estado medidas ante "los insultos, amenazas y falsas acusaciones"

• La formación 'morada' se querelló contra el juez por reabrir la causa de financiación ilegal
• El Alto Tribunal no ve indicios de delito en la actuación del juez de la Audiencia Nacional

• Se opone a que el Supremo envíe el suplicatorio al Senado para juzgarle porque dice que no cometió delito
• Su defensa sostiene que los hechos ya "han sido resueltos" y que no se puede reabrir la causa

El Tribunal Supremo ha avalado el veto de los apartamentos turísticos en las comunidades de vecinos que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica. Sin embargo, los abagodos avisan que no todas las comunidades disponen de dicha cláusula, por lo que tendrán que recurrir a las herramientas legales ya existentes.

• Junts llamó "indecentes" a magistrados como Marchena, Llarena o Espejel
• Bolaños llama al presidente del Supremo y se compromete a trabajar por el "prestigio" de los jueces

• Desestima el recurso presentado por la entidad contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
• Los magistrados deducen una "práctica generalizada" durante años y la voluntad "tácita" de la empresa para concederlo

• Da la razón a una comunidad de propietarios de Oviedo y a otra de San Sebastián
• La prohibición de actividad económica incluye el alquiler de pisos turísticos

• La cadena deberá pagar a Cifuentes 30.000 euros, tal y como le había impuesto la Audiencia Provincial de Madrid
• El Supremo confirma que la difusión de aquella grabación vulneró el derecho a la intimidad de la expresidenta madrileña

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple un mandato completo de cinco años en funciones inmerso en una crisis institucional sin precedentes en nuestra democracia, sin que se contemple a corto y medio plazo una salida al bloqueo por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación.

En el 24 horas de RNE, hemos hablado conEdmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de viceportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, que insiste en que "es fundamenteal es que el CGPJ deje de ser utilizado como un instrumento más de la batalla partidiaria. También ha estado en la antena Cristina Dexeus Ferrer, presidenta de la Asociación de Fiscales, explica que "en la organización ordinaria de la carrera judicial no existe un bloqueo. Los vocales están en el ejercicio pleno de su cargo". Y Jesús Arteaga Quintana, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, que recalca que "el 'lawfare' abarca mucho tanto politización de la justicia como el excesivo interevecionismo de la justicia en la política"