- Endurece la pena en dos años más por tenencia ilícita de armas
- Confirma las penas de 22 y 20 años de cárcel a Monserrat González y su hija
El crimen de León ha llegado esta mañana al Supremo, donde se resolverá el grado de participación de la policía local Raquel Gago en los hechos. Hay dos hipótesis: para el Tribunal Superior de Castilla y León es cómplice de asesinato y por ello la condenó a 12 años, pero para la Audiencia Provincial de León fue encubridora y le impuso cinco años de cárcel. El abogado Gago insiste en su inocencia, pero el fiscal ha ampliado la petición de pena por tenencia ilícita de armas, argumentando que tuvo el arma del crimen durante 30 horas en su poder antes de entregársela a la policía.
- La Audiencia de Madrid considera que ha expirado el plazo para reclamar
- Según relatan a Efe, han tratado de unificar los criterios de los distintos juzgados
- Argumentan que el 25 de mayo Goirigolzarri clarificó la situación de la entidad
- Rechaza la aplicación automática de esta atenuante a actos de satélites de ETA
- Ello obligará a la Audiencia a razonar caso a caso las rebajas de condena
Las causas judiciales que marcaron la última etapa política de Rita Barberá
- Dos causas, Ritaleaks y la Ley de Memoria Histórica, quedaron archivadas
- Barberá ha fallecido este miércoles en Madrid a los 68 años por un infarto
- Su muerte obligará al Supremo a archivar la causa contra ella por el caso Imelsa
- El ministro de Energía anuncia que ha planteado un "incidente de nulidad"
- Hasta ahora, la financiación del bono social corría por cuenta de las eléctricas
- Ni el resto de consumidores ni los presupuestos deben pagarlo, señala Nadal
- Confirma la condena de 18 años de cárcel impuesta al padre y la madre
- Dice que los hechos incriminatorios son los mismos en ambos
- Dirigentes independentistas han arropado al portavoz del PDECat al Congreso
- Este martes se aprueba el suplicatorio para que el Supremo investigue a Homs
- Artur Mas cree que se juzga a Homs por "defender la esencia de la democracia"
- Rechaza el recurso que presentó el juez contra la suspensión de tres años
- El CGPJ le castigó por participar en la redacción de una constitución catalana
- El senador de ERC interpondrá un recurso de amparo ante el Constitucional
La senadora del Grupo Mixto y exalcaldesa de Valencia por el PP, Rita Barberá, ha llegado este lunes sobre las 10.00 horas al Tribunal Supremo, donde será interrogada en calidad de investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa. En la Operación Taula, pieza separada del 'caso Imelsa', con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
La senadora del Grupo Mixto y exalcaldesa de Valencia por el PP, Rita Barberá, ha llegado este lunes sobre las 10.00 horas al Tribunal Supremo, donde será interrogada en calidad de investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa. En la Operación Taula, pieza separada del 'caso Imelsa', con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
Rita Barberá reconoce haber donado 1.000 euros al PP y remite al Comité de Campaña de 2015
- Niega que existiese financiación ilegal en el partido ni una "caja B"
- Dice "no saber nada" y remite a la campaña municipal del PP del pasado año
- Culpa a los portavoces Alfonso Grau y Alfonso Novo de la financiación
- Quién es quién en la 'operación Taula', pieza derivada del 'caso Imelsa'
- Podrá interrogarla por el presunto blanque de dinero del PP en Valencia
- Ha tenido que pagar una fianza de 3.000 euros que le impuso el instructor
- La votación se ha resuelto con un solo voto en contra, el de la vocal propuesta por IU
- Deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso para tener su aval
- Tras iniciar un pleito judicial hace 15 años, ahora se declara nulo su despido
- El Constitucional falló en 2011 que no debía ser discriminada laboralmente
El Tribunal Supremo ha anulado el canon digital aprobado el gobierno en 2012 que preveía el pago, con cargo a los Presupuestos del Estado, de una compensación a los autores por las copias de sus obras por los particulares. El fallo se produce en ejecución del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, que el pasado mes de junio consideró inválido este sistema.
El Supremo ya había considerado que de acuerdo a la legislación española no cabían reproches al sistema ideado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Solo se suscitaban dudas "en torno a un problema de derecho de la Unión Europea", según expone la sentencia de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, conocida este viernes.
- Ejecuta el fallo del Tribunal de Justicia de la UE, que lo consideró inválido
- Este sistema preveía una compensación a los autores por las copias de sus obras
- La cuantía se cargaba a los Presupuestos del Estado
- Unidos Podemos, PDECat, ERC y el PNV votan en contra del suplicatorio
- El informe favorable al mismo se elevará al Pleno del Congreso para votación
- El pasado jueves, Homs compareció ante la Comisión del Estatuto del Diputado
- El martes se tramita su suplicatorio para votarlo en el Pleno del Congreso
- El Tribunal Supremo quiere juzgarle por la organización de la consulta del 9N
- Para el portavoz del PDECat, el proceso contra él solo busca "intimidar"
- El Supremo debe resolver los recursos a la sentencia de la Audiencia Provincial
- Dos de las familias han recurrido la absolución de los doctores Viñals
- La decisión final que haría firme la sentencia podría demorarse un año