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Hoy comienza la segunda sesión del juicio en Madrid a siete ciudadanos chinos acusados de secuestrar y torturar a su compatriota, Santi San, por 300.000 euros. El afectado ha declarado que le amenazaron con matarlo, y que iba a ser un aviso para todos los comerciantes del polígono de Usera donde sus padres tienen una tienda.

La Audiencia de Madrid juzga a siete ciudadanos chinos acusados de secuestrar y torturar a un compatriota en 2009 para pedir a su familia un rescate de 300.000 euros. La fiscal pide para cada uno de ellos 15 años de prisión. En la sesión de hoy, han negado todas las acusaciones.

La activista pro derechos humanos china, Ni Yulan ha sido condenada a dos años y ocho meses de prisión y su esposo, Dong Jiqin, a otros dos por provocar disturbios y destruir bienes públicos y privados según un portavoz de un tribunal de Pekín.

Ni Yulan y su marido son controlados desde hace años por las autoridades al ser los abogados que gratuitamente han asistido a cientos de damnificados por las expropiaciones. El matrimonio, juzgado la pasada semana, fue detenido el pasado año cuando las autoridades, temerosas de que se extendiera por el país chino la que se dio en llamar Primavera árabe, restringió los movimientos y libertades de cientos de de activistas.

Ni Yulan, de 51 años de edad ha estado en la cárcel en otras dos ocasiones. Tras una detención en 2002 salió herida grave de una comisaria con las rotulas y tobillos destrozados. Desde entonces se mueve en una silla de ruedas. Ni Yulan inició su militancia en pro de los derechos humanos cuando en 2001 el ayuntamiento de Pekín les anunció la expropiación forzosa de su casa.

Tras haber sido detenido por formar parte de la presunta trama fraudulenta de compra de exámenes, el piloto de motociclismo ha emitido un comunicado explicando que cometió "un error". Además ha querido pedir disculpas públicamente a sus seguidores y asegura que de todo este suceso ha sacado "una lección y deseo dejar atrás ya mismo este asunto".

Ratifican la denuncia contra la monja sor María Gómez Valbuena por el robo en 1982 de un bebé que nació en la clínica Santa Cristina de Madrid. La madre denunciante, Maria Luisa Torres, ha ido acompañada de Pilar, aquella niña que acaba de recuperar como hija. Es el primer caso de bebés robados que investiga un juez después de que el fiscal acusase a la religiosa.