Juicio histórico en el Vaticano. Por primera vez un cardenal tendrá que enfrentarse a acusaciones de corrupción ante un tribunal ordinario. Son cargos muy graves que incluyen la malversación de millones de euros donados por los fieles para obras de caridad. Este martes se ha celebrado la primera vista, con la declaración del cardenal Angelo Becciu. Hoy en el centro de las pesquisas, fue hasta hace un año el número tres de la jerarquía eclesiástica.
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En el Vaticano ha empezado un juicio por corrupción sin precedentes. Es la primera vez que un cardenal se sienta en el banquillo de los acusados. Se le acusa, entre otros cargos, de una malversación millonaria de donaciones. La fiscalía sostiene que Angelo Becciu, el que hasta hace un año era el número tres de la Curia Vaticana, fue quien autorizó temerarias incursiones especulativas, que han supuesto a las arcas de la Iglesia pérdidas considerables. En total hay diez acusados, entre personal eclesiástico y brokers de las finanzas que llenaron sus bolsillos de comisiones. Dinero que salía de las donaciones que los católicos hacen para obras de caridad, el llamado Obolo de San Pedro.
Arranca el macrojuicio por corrupción y desvío de fondos en el que por primera vez se sienta en el banquillo un cardenal, nada menos que el número dos de la Secretaria del Vaticano. Un proceso "histórico" que trata de depurar responsabilidades por un sistema económico que el fiscal del caso califica de "podrido y depredador".
En Cuba se reanudan este lunes los juicios contra los detenidos en las protestas del 11 y 12 de julio. Los familiares denuncian oscurantismo y arbitrariedades en los juicios. La Habana vuelve a señalar a Estados Unidos, mientras aumenta el malestar en la isla ante la precaria situación económica.
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Un juzgado de Madrid ha suspendido cautelarmente parte del rescate público a la aerolínea Plus Ultra y le concede cinco días para que justifique la necesidad de que se le entreguen los 34 millones de euros que aún debe recibir del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para socorrer a empresas estratégicas y viables azotadas por la pandemia.
El pasado marzo, un año después de la irrupción de la pandemia, el Gobierno aprobó inyectar 53 millones a través de dos créditos para rescatar a Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones. PP, VOX y Manos Limpias habían denunciado el rescate. La oposición pide la dimisión de la ministra de Hacienda y la comparecencia del Gobierno en el Congreso. Foto: EFE
El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, discrepa de la mayoría del tribunal y considera que el primer estado de alarma fue una medida proporcional para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Así lo explica en su su voto particular, uno de de los cinco votos particulares a la sentencia que declaró ilegal la medida. Otro de los votos particulares el de María Luisa Balaguer, que coincide con González Rivas, en que el confnamiento no fue desproporcionado aunque al mismo tiempo reconoce que el fallo puede generar inseguridad jurídica. Más crítico es el magistrado Cándido Conde Conde Pumpido, que considera que el resolución judicial crea un grave problema político al desarmar al Estado frente a las pandemias, y en la misma línea, el conservador Andrés Ollero, da su visto bueno al estado de alarma. El quinto voto es el del magistrado Juan Antonio Osiol, que no se ha publicado a la vez que el resto.
Por parte del Ejecutivo, su portavoz, Isabel Rodríguez, cree que si los jueces "hubieran hecho el esfuerzo" de ponerse en aquellos días de marzo de 2020, cuando declaró el estado de alarma, "quizá habrían interpretado el Derecho de otra forma".
Foto: Imagen de la sede del Tribunal Constitucional. EFE.
