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El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) se ha mostrado muy crítico con la actual Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol (RFEF). El TAD ha emitido un informe negativo sobre el reglamento electoral de la Federación, al entender que la Comisión Gestora solo puede convocar elecciones al cargo de presidente y no un proceso para renovar la asamblea, la presidencia y la comisión delegada.

Hoy se lleva a la Comisión de Justicia del Congreso la ley de amnistía. Si el texto sale adelante en esta Comisión, posteriormente pasará a ser votado en un pleno en el Congreso. El gobierno acepta incluir cambios en la ley para tener el apoyo de Junts. De momento no se conoce el texto, pero el presidente ha adelantado que la ley va a estar conforme al derecho europeo. En Las Mañanas de RNE hablamos con Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo: “Hay que esperar al texto, hablar de una ley que todavía no se conoce es un poco frívolo”. Giménez ha apelado a "ir con ausencia de emociones": "Un poco de serenidad y distanciamiento es conveniente", afirma el magistrado, que sostiene que "la amnistía no tiene nada que ver con el indulto". El indulto, señala Giménez, es un acto administrativo del Ejecutivo, sometido a control jurisdiccional. La amnistía, apunta el magistrado, es una decisión política que corresponde al órgano que representa la soberanía popular, al Parlamento, y no es recurrible ante el Tribunal Supremo, solamente ante el Constitucional.

Esta ley ha sido calificada por la oposición de anticonstitucional. Joaquín Giménez califica estas palabras de ‘diversos políticos’ de palabras apocalípticas: “Muchos políticos han dicho que la ley es anticonstitucional. Eso tendrá que decidirlo el Tribunal Constitucional” y añade que este discurso es peligroso cuando se habla en “términos de humillaciones a jueces, es un canto a la emocionalidad y cuando hay emoción hay ausencia de razonamiento y el discurso político está trufado de irracionalidad”.

El TS abrió hace una semana una causa penal a Puigdemont por delitos de terrorismo en el caso del ‘Tsunami Democràtic’. “La causa abierta por terrorismo por el juez García Castellón me ofrece muchas dudas y más dudas aún la argumentación que ha tenido el auto de admisión de la Sala Segunda”, afirma Joaquín Giménez y añade que estas palabras y afirmaciones “son excesivas para una transmisión y son casi más propias de un auto de procesamiento o casi de una condena. La cuestión es que este Tribunal, que ha admitido esta competencia, ¿mantendrá la imparcialidad para el juzgamiento posterior?”, se pregunta.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo' apunta a que la trama sobre el presunto cobro de comisiones irregulares en contratos para la compra de material sanitario en la pandemia podría ser aún más extensa. Dicho informe, incluido en el sumario de la investigación, incluye conversaciones interceptadas en 2020 a los socios del comisionista, el presidente y empresario del CF Zamora Víctor de Aldama, en las que se supone el 'ok' del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuyo nombre aparece junto al del expresidente canario, Ángel Víctor Torres, en el informe del que se desprende que habría habido contactos con ambos. En concreto, las conversaciones hablan de una reunión con el jefe de gabinete de Illa que les ha dado buena impresión y poco tiempo después dicen que ya tienen el 'ok' de Sanidad a una gestión sin especificar. Además, se refieren al entonces presidente de Canarias, con el que dicen que va a hablar Illa para darle el 'ok'. Y en otro contacto directo, dice, con Víctor Torres, les pide ir a hacer unos test al ministerio de Transportes. El informe profundiza no solo en el negocio de la trama sobre las mascarillas pero también en las pruebas PCR, que en el marco de esta trama habrían estado haciendo de forma gratuita a altos cargos como favor para lograr después adjudicaciones en concursos públicos. En mayo de 2020 dejan constancia de su primera adjudicación irregular por la que habrían pagado comisiones a Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al que mencionan como 'K'. Los pagos, recurrentes, se habrían efectuado en República Dominicana y ascenderían, según los documentos intervenidos, a 10.000 euros cada uno. La conclusión de la UCO es que Koldo, Aldama y el empresario Cueto se habrían valido de sus relaciones personales y su capacidad de influencia para obtener un lucro económico junto a otros colaboradores necesarios. Foto: EFE/Sergio Pérez.

La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por supuestamente haber defraudado a Hacienda más de un millón de euros en los ejercicios fiscales de de 2014 y 2015. En concreto, 386.361 euros corresponderían a 2014 y 675.718 euros, de 2015, lo que suponen un total de 1.062.079 euros. Según ha informado el Ministerio Público Ancelotti consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades.