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La Justicia tailandesa ha condenado este jueves a cadena perpetua a Daniel Sancho tras haber probado que asesinó de forma premeditada al cirujano colombiano Edwin Arrieta, a principios de agosto del año pasado en la isla de Koh Phangan, en el sudeste de Tailandia. Los abogados del condenado, Marcos García Montes y Carmen Balfagón, han confirmado que recurrirán el fallo. Por lo pronto, Daniel Sancho será probablemente trasladado de cárcel, ya que donde está desde que fue detenido, la de Koh Samui no es para presos con condenas mayores a 15 años.

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El abogado de la familia del cirujano Edwin Arrieta, Juango Ospina, ha señalado en declaraciones a La Hora de La 1 que están "muy satisfechos" con la sentencia del tribunal tailandés que ha condenado este jueves a cadena perpetua a Daniel Sancho por asesinato premeditado del médico colombiano.

"Han prevalecido nuestras tesis. La pena es la máxima", ha subrayado Ospina, quien ha lamentado que no se pudiera llegar a un acuerdo con el ahora condenado por el crimen del cirujano.

En cuanto a la indemnización, el abogado ha explicado que antes de decidir si la familia presentará recurso para que se aumente, tienen que analizar la sentencia. No obstante, ha admitido que en Tailandia no suele estar bien visto pedir una modificación del fallo.

Además, ha adelantado que pedirán al juzgado un embargo preventivo del peculio que Daniel Sancho recibe en prisión y que va a una cuenta personal para que ese dinero se ingrese a la familia de Arrieta.

FOTO:  El abogado Juan Gonzalo Ospina, en una imagen haciendo declaraciones a la prensa. EFE/ Sitthipong Charoenj

La Fiscalía investigará los mensajes "falsos" y de "odio" contra menores migrantes que han aparecido en redes sociales tras el asesinato el pasado fin de semana de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo). En 24 horas de RNE, la abogada penalista María José Ruiz Félez, nos ayuda a entender qué dificultades puede suponer este proceso, el penalizar estas conductas que tienen un impacto negativo a nivel social.

Ruiz Félez explica que, según la gravedad que revistan, emitir bulos puede encauzarse por la vía civil o por el cauce penal. Este último, es decir que el Estado llegue a imponer una pena por un crimen o por una infracción mayor, "realmente es bastante difícil", aclara esta abogada. La penalista señala que no existe un delito "que tenga como acción el difundir bulos" pero sí se castiga la información que se divulga siempre que haga un "legitimado perjudicado por esa información".

En este caso, añade Mª José Ruiz Félez, se han dado una serie de circunstancias -la gravedad de los hechos, la divulgación, el señalamiento de menores de edad y al portavoz de la familia del niño asesinado- que podría hacer que la Fiscalía "eche mano de un informe que emitió durante la pandemia". En él, mostraba el "catálogo de delitos" al cual los fiscales debían reconducir sus acusaciones en determinados casos, explica la penalista: "Lanzaba propuestas para que los fiscales pudieran acusar y entre ellos cuando tenía, por ejemplo, como objeto descalificar un colectivo con circunstancias vulnerables o por razón de su origen, de sus creencias, etcétera, sí podríamos reconducirlo a delitos de odio"