Se cumplen 25 años de la desaparición y asesinato de Rocío Wanninkhof. El caso, muy mediático desde el principio, estuvo plagado de graves errores policiales y judiciales. Se acusó del crimen a una mujer, Dolores Vázquez, que había sido pareja de la madre de la joven. Pasó un año y medio en la cárcel y justo cuando habían ordenado repetir el juicio, detuvieron al verdadero asesino, Tony King, que había matado a otra joven, Sonia Carabantes.
Históricos dirigentes de ETA como Xabier García Gaztelu, alias 'Txapote', y José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', Félix Alberto López de Lacalle, 'Mobutu', o Juan Carlos Iglesias Chuzas, 'Gadafi', podrían ser excarcelados ya el próximo 2025, adelantando su liquidación de condena al descontarse los años en que pasaron en prisión en Francia, gracias a la aplicación de la reforma de la ley orgánica 7/2014, actualmente en trámite parlamentario en el Senado, según ha avisado en un informe la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
FOTO: Los exdirigentes de ETA Javier García Gaztelu 'Txapote' e Irantzu Gallastegi, en un juicio en la Audiencia Nacional. EFE/ Javier Lizón
La Audiencia Provincial de Madrid mantiene la investigación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, pero ha ordenado al juez Juan Carlos Peinado que acote su investigación y expulse del procedimiento algunos hechos sobre los que ya consideró que no había indicios.
La sección 23 de la audiencia ha estimado en parte el recurso que presentó la Fiscalía y ha instado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a que limite su investigación y deseche, entre otros asuntos, el supuesto papel que las acusaciones atribuían a Begoña Gómez en el rescate público de Globalia en 2020.
Todo ello "en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada", según el auto conocido tras la vista, en el que decreta que "no ha lugar a acordar el archivo interesado" por Begoña Gómez.
Cuatro años y medio después de los hechos, por la vía civil, las familias de 18 de los 74 fallecidos en la residencia Domus Vi de Alcoy (Alicante) empieza el juicio por la demanda contra la empresa matriz Quaevitae y su aseguradora, Mapfre. El resto de familias no ha podido demandar por razones económicas o sentimentales.
Los familiares de los 74 fallecidos entre marzo y abril de 2020 reclaman indemnizaciones por dos millones de euros. La residencia es pública de gestión privada. Los fallecidos fueron más del 50% de los residentes, lo que evidencia que "algo no se hizo bien", denuncian los familiares que quieren respuestas y responsabilidades para que la tragedia no se repita. En la primera sesión se ha escuchado a varios testigos a petición de las familias denunciantes. Corroboran que no se aisló como se debía a los mayores.
La empresa asegura que sí informaron a los familiares y se hicieron videollamadas. En todos estos años no han querido hacer ninguna declaración. Los familiares piden una indemnización total de dos millones de euros. Está previsto que quede visto para sentencia el 11 de octubre.
