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El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens,  ha asegurado que la tensiones en el Gobierno están en vías de resolución y que la coalición “goza de buena salud”. Asens cree que las tensiones provocadas por la reforma laboral responden más a un intento del PSOE por ganar visibilidad que a un deseo real de los socialistas de dar marcha atrás en el acuerdo. “Después de siete meses de negociación con los agentes sociales el acuerdo era inminente. Al Partido Socialista le da miedo y está nervioso por la popularidad del liderazgo de Yolanda Díaz,  que en las encuestas va muy fuerte”, ha afirmado Asens, que cree que no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido a favor de la patronal.

Sobre la retirada del escaño al diputado Alberto Rodríguez, Asens ha asegurado que han perdido la confianza en la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. “Ha abdicado de sus funciones. Sí el señor Marchena quiere seguir siendo guionista de la política española, lo que tiene que hacer es presentarse a las elecciones. Pero no es de recibo, que se convierta en el presidente del Congreso de Diputados”, ha recalcado. Pese a todo, Asens cree que este asunto no afecta a la relación con el PSOE. “No veo elementos para pensar que el Partido Socialista esté detrás de la decisión de Batet. Creemos que ha actuado sola en esto”, ha concluido.

Esta es la crisis más importante desde que echó a andar el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, pero no es la única. El principal elemento diferenciador es que en esta es Yolanda Díaz quien negocia con Pedro Sánchez. En el resto, era aún Pablo Iglesias el representante de los morados. Las diferencias entre Carmen Calvo e Irene Montero por asuntos de igualdad o la marcha del Rey Juan Carlos han sido otros de los asuntos que han provocado distanciamientos entre el equipo de Moncloa. Informa Daniel Bermejo.

La crisis abierta en el Gobierno de coalición por la reforma laboral tiene que ver con dos aspectos importantes que afectan a los convenios. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por recuperar la ultraactividad, de forma que los convenios sigan en vigor cuando caduquen, y por la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, para que los sindicatos ganen poder de negociación. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño habla de buscar un equilibrio entre la necesaria flexibilidad interna de las empresas y la minimización de los procesos de reducción del empleo. Además, Trabajo propone limitar al 15 por ciento la temporalidad de las plantillas, establecer el contrato indefinido, fijo, discontinuo para trabajos estacionales, reducir la duración de los contratos de formación y cambiar la regulación de las empresas de trabajo temporal. La patronal recela de muchas de estas propuestas y desde Economía no quieren entrar en detalles e insisten en que el objetivo es alcanzar una posición común en el seno del gobierno.

Héctor Gómez, portavoz del Grupo Parlamentario socialista ha mantenido que ha sido una reunión "constructiva" y para "seguir avanzando". "Coincidimos en la necesidad de tener un nuevo marco de relaciones laborales", ha destacado en 24 horas de RNE, donde ha señalado la obligación del Gobierno de cambiar las relaciones laborales. "Es normal tener que sentarnos para buscar soluciones, es sano hacerlo", ha sostenido y ha negado que sea una situación "extrema". "Confiamos en que alcanzaremos un entendimiento", ha indicado Gómez.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado en La Noche en el Canal 24 Horas que "es importante entender el escenario en el que se encuentra España con un Gobierno de coalición y hay que entenderse" y ha asegurado que la reforma laboral parte de un acuerdo de colación: "es una de las bases del acuerdo de coalición, lo dijo Pedro Sánchez en el discurso de investidura y está presente en los acuerdos que tenemos con Europa". "Lo que se está discutiendo es la metodología", ha indicado.

"Estamos ante un reto transformador. La reforma laboral que hoy planteamos no tiene nada que ver con la de hace unos meses, ahora es mucho más ambiciosa". "El problema no está en el que, sino en el cómo lo hacemos, queremos mejorar calidad empleos y dar más oportunidades".

Además ha defendido que se trata de una reforma laboral en la que quieren entrar en profundidad y por ello "es normal" que haya ministros que participen: "En esta reforma por ejemplo el ministro Escrivá tiene algo que decir porque también va a tener que ver con pensiones o por ejemplo Educación" y afirma que "este gobierno quiere afrontar la reforma laboral. No hay condicionamientos".

Rodríguez ha señalado que lo importante es "el tiempo marcado". "Tenemos un compromiso con Europa y estamos ultimando detalles porque como ya he dicho es muy ambiciosa". "No se entendería que el PSOE no participase en una reforma así", ha agregado.

Por otro lado ha hablado de la condena de Alberto Rodríguez por la que la presidenta del Congreso Meritxell Batet ha retirado al entonces diputado de Alberto Rodríguez el escaño. Sobre este tema Rodríguez ha asegurado que "por responsabilidad no puede entrar en el fondo de la valoración de la sentencia". "Desde el gobierno el mensaje no puede ser otro que legitimar los poderes del estado. Las sentencias te pueden gustar más o menos, pero se acatan", ha defendido.

La formación morada solicitó este quinto encuentro de la mesa el pasado viernes, cuando trasladó su malestar por el papel que estaba jugando la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la negociación de la reforma laboral, que en el último año ha liderado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sofía Castañón, portavoz adjunta del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha sostenido que "no hay otro escenario posible que el cumplimiento del acuerdo de Gobierno" y ha añadido que, "no se debe demorar más derogar la reforma laboral". "Europa nos pide ser garantistas y no repetir lo que hizo el Partido Popular", ha mantenido en 24 horas de RNE,  donde ha destacado la "determinación" de Yolanda Díaz y ha descartado votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado.

"La actuación de Batet no ha sido la adecuada", ha señalado Castañón, que ha explicado que el caso de Rodríguez "le afecta a la democracia": "No ha habido pruebas, la condena que se impone afecta a un plazo de 45 días y a un sufragio pasivo y no a la retirada del acta".

Los servicios jurídicos de la Cámara Baja han elaborado un informe con el que respaldan la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de dejar sin escaño a Alberto Rodríguez, tras la sentencia del Tribunal Supremo. Entienden que la multa que pagó el exdiputado cubría la pena de prisión por patear a un policía en 2014, pero la inhabilitación es obligatoria.  Basan estas conclusiones en juridisprudencia del Constitucional. Sin embargo, esta postura de los letrados llega después de un informe previo el pasado martes, antes de la votación de la mesa, que se inclinaba por mantener el escaño a Rodríguez. Este paso serviría como respuesta al exdiputado canario que pedía por carta a Batet que aclarase si ella estaba detrás de su cese o que detallase la base legal en la que se basó para echarle del Congreso. Rodríguez opta por recurrir su inhabilitación al Constitucional y renuncia a querellarse por prevaricación contra Batet. Tampoco lo hará Podemos, que tras 72 horas considera que corresponde a su exdiputado.

Informa Adriana Jordán.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que “hay una parte del Gobierno” que “no quiere que se cambie el modelo de relaciones laborales”, en referencia a la reforma laboral del PP de 2012, y ha pedido al PSOE que se “aclare” porque están dando "declaraciones contradictorias". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el compromiso con la reforma laboral es "de todo el Gobierno", lo que afecta también a otros ministerios como el de Economía, que dirige Nadia Calviño, con quien Díaz ha chocado en los últimos días.

Podemos considera que la retirada del escaño a su diputado Alberto Rodríguez es un atropello contra la democracia y reclama la dimisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. La formación morada ha aclarado que, pese a que el viernes anunciaron la presentación de una querella contra Batet, será finalmente Rodríguez el que emprenda las acciones legales oportunas.

Podemos considera que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debería dimitir de su cargo porque es "la salida más digna" tras retirar el escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por una agresión a un policía.

"Lo que se ha hecho a Alberto Rodríguez es un ataque a la democracia, no solamente a Rodríguez o a Podemos", ha declarado la coportavoz de la formación morada, Isa Serra. En primer lugar, ha continuado, porque la condena a Rodríguez es "injusta, no tiene pruebas" y está "basada en acusaciones falsas y quiere ser ejemplarizante: le dice a la gente que no se meta en política".

En segundo lugar, porque al privarle del escaño se ha actuado "contra la ley, contra el criterio de los letrados y contra la propia sentencia". "Esto lo ha hecho [el juez] Marchena con la colaboración de Batet, no sabemos si por presiones o por qué, pero es gravísimo, es una vergüenza, no puede suceder y es nuestra obligación denunciar". Por ello, piden la dimisión de Batet como "la salida más digna".

Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo

Se conmemora el 10º aniversario del cese de la violencia de ETA, que protagoniza la sesión de control, con las declaraciones de Arnaldo Otegi reconociendo el dolor de las víctimas. Los portavoces del Congreso responden un breve cuestionario para poner en contexto esta efeméride.

El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha perdido su escaño. Lo ha decidido la presidenta Meritxell Batet, encargada de ejecutar la sentencia comunicada por el Tribunal Supremo al Congreso. La polémica se ha desatado porque los letrados del Congreso no interpretaron que la condena impuesta (45 días de cárcel conmutada por una multa y 45 días de inhabilitación para el sufragio pasivo como pena accesoria) conllevara la pérdida del escaño, pero el Supremo insistió en que el Congreso debía comunicarle desde qué día eran efectivos sus efectos en la cámara. Podemos habla de prevaricación y el CGPJ ha pedido que se deje de cuestionar al poder judicial.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que “hay una parte del Gobierno” que “no quiere que se cambie el modelo de relaciones laborales”, en referencia a la reforma laboral del PP de 2012, y ha pedido al PSOE que se “aclare” porque están dando "declaraciones contradictorias" y ha advertido de que no derogarla “es seguir manteniendo la precariedad” en el país y que siga habiendo mujeres “que limpien habitaciones por tres euros” o “jóvenes que no conocen el trabajo decente”. Y respecto a la reunión que los socios de Gobierno tendrán este lunes para evaluar el seguimiento del acuerdo de coalición, ha dicho que “el debate es de contenidos y no de personas”