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El sábado entran en vigor medidas urgentes para regular el mercado del aquiler. El Consejo de Ministros las ha aprobado hoy por Real Decreto para, entre otras cosas, frenar la escalada de precios. La prórroga mínima de los contratos será de cinco años, y se refuerza la protección de los inquilinos ante los desahucios.

El suicido de una mujer de 65 años que iba a ser desahuciada en Madrid despierta de nuevo las alarmas sobre los altos alquileres en las ciudades y sobre el funcionamiento de los servicios públicos que deben detectar este tipo de casos. Nos hemos preguntado qué debe hacer una persona que no puede afrontar el pago de la hipoteca o el alquiler de su vivienda.
 

El artículo 47 de la Constitución regula el derecho de todos los españoles a disfrutar una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos son los encargados a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización de suelo de acuerdo con el interés general.

Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, analiza este artículo para RNE.

El Estado no solo debe preocuparse del acceso a la vivienda en propiedad sino también al alquier. Es una cosa que ha fallado estrepitosamente y que diferencia a España del resto de los países.

Las personas sin hogar sufren agresiones, insultos, discriminación y, en los casos más terribles, violencia sexual, física y asesinatos. Dormir y vivir en la calle tiene un componente de violencia estructural que se ve agravado por la violencia directa de la que son objeto.

El artículo 47 de la Constitución reconoce que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, pero este precepto está fuera de los derechos fundamentales, no es vinculante. El acceso a la vivienda es una preocupación histórica entre los españoles, agravada por las diferentes crisis que se han producido en las cuatro últimas décadas, con hasta tres ciclos de expansión y contracción inmobiliaria

Un reportaje de Blanca Pascual.

La falta de vivienda digna impacta directamente en la salud de las personas. Lo dice un estudio de la Asociación Provivienda, que pone el acento en los más vulnerables: los menores.