La compraventa de viviendas en España sigue al alza. Aunque el crecimiento se modera, el año pasado se vendieron más de medio millón de pisos, la mayor cifra de la última década. Se encadenan así cinco años seguidos de subidas y 2018 se despide con un crecimiento del 10% respecto al año anterior.
El Congreso de los Diputados ha tumbado el Decreto de la vivienda que preveía aprobar el Gobierno. Este es el cuarto decreto que deroga el Congreso en los 40 años que llevamos de Democrácia.
La no convalidación por parte del Congreso de los Diputados -con el rechazo decisivo de Podemos, socio principal del Ejecutivo, y ERC- del Real Decreto-ley en materia de vivienda aprobado por el Gobierno en diciembre trae, entre otras consecuencias, contratos de alquiler de menor duración y peticiones de fianza, que no se limitan. El veto del Congreso a la norma no afecta, sin embargo, a los contratos de alquiler firmados entre el 19 de diciembre de 2018 y el 22 de enero de 2019.
José García-Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra ha analizado esta mañana en Las Mañanas de RNE con Íñigo AlfonsoLas Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso lo que supone la negativa al real decreto sobre los precios del alquiler que proponía el Gobierno. Para García-Montalvo este rechazo "supone la vuelta a la situación anterior, así que no trae consigo inseguridad jurídica". García-Montalvo considera que regular el precio del alquiler no es la solución para bajar los precios. "Lo que hay que hacer es aumentar la oferta. Tenemos un problema en ese sentido y medidas contra la oferta perjudican al sector". García-Montalvo considera, además, que se necesitan "estadísticas fiables sobre el precio del alquiler en España para poder hablar y debatir con datos y no discutir sobre el vacío".
De la crónica política, el primer decreto-ley del Gobierno de Pedro Sánchez que no supera la convalidación en el Congreso. Es el de medidas urgentes en materia de viviendas y alquiler que ha decaído por falta de consenso entre los socios de la moción de censura. Unidos Podemos ha votado en contra al considerar que el texto no cumplía lo pactado durante la negociación presupuestaria.
El Congreso ha tumbado el decreto de vivienda del Gobierno con 103 votos a favor, 243 en contra y una abstención. Es el cuarto decreto en 40 años que no logra ser convalidado y el primero de Pedro Sánchez. La derrota en el Congreso frena tanto la ampliación de los contratos de alquiler de tres a cinco años como el tope máximo de tres mensualidades a pagar como fianza. Los contratos de alquiler firmados desde el 14 de diciembre, cuando se aprobó el decreto, hasta el 22 de enero, permanecerán inalterados.
El Real-Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda, que entre otras medidas amplía el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a 5 años y paraliza los desahucios de personas vulnerables, decaerá ante la falta de apoyos. El principal socio del Ejecutivo socialista, Podemos, ha anunciado que votará en contra porque no recoge lo firmado con el PSOE en el pacto presupuestario. Como a ese 'no' se sumarán los de PP, Cs y ERC, la norma dejará de estar en vigor.
El Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, a seis de sus concejales y al exresponsable de la Empresa Municipal de la Vivienda a abonar casi 26 millones de euros por la venta de pisos protegidos a fondos buitre. El fallo, contra el que cabe recurso, considera que el procedimiento fue ilegal. Uno de los barrios más afectados por la venta es el Ensanche de Vallecas.
El Congreso valida la Ley Hipotecaria que, entre otras cosas, establece que los bancos deben dar al cliente diez días para examinar el contrato de la hipoteca antes de firmar.
Quedará claro quién paga los gastos: el cliente solo los de tasación de la vivienda. El resto, el banco, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados, el que desató debate en el Supremo y protestas en la calle.
Además, las entidades deberán evaluar con más rigor que el cliente es solvente, será más fácil llevarse el prestámo a otro banco, no se podrá obligar contratar junto a la hipoteca otros productos, se amplían los plazos de ejecución hipotercaria (el paso previo al desahucio).
Cáritas ha lanzado un llamamiento a las administraciones para que se impliquen más en buscar una solución a la pobreza y, en concreto, en la efectividad del derecho a la vivienda, reconocido como derecho social en la Constitución. Para ello reclama incluso un pacto de Estado sobre vivenda, como nos cuenta nuestro compañero Pablo Mingote.
