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El pleno del Senado ha aprobado la reforma del Reglamento impulsada por el PP con la que busca retrasar la aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso, hasta un plazo máximo de dos meses. Los 'populares' han hecho valer su mayoría absoluta y han contado con el apoyo de Vox y UPN, mientras que la izquierda considera que este cambio reglamentario es "inconstitucional".

Eloy Suárez, senador del Partido Popular, asegura en el 24 horas de RNE que "esta reforma pretende mejorar la calidad legislativa" y que "se hace en base al reglamento y a la capacidad de autonomía del Senado". Sobre la tramitación de la proposición de ley de amnistía, Suárez asegura que tramitarán esta ley dentro del marco de la Constitución y con la nueva reforma del Senado. "No vamos a declararnos en una insumisión legislativa", añade el popular. 



A menos de 24 horas del debate de investidura de Pedro Sánchez, siguen las reacciones a la ley de amnistía. El Gobierno defiende que es constitucional frente a PP y Vox, que se ha querellado contra Sánchez. Por otro lado, jueces y abogados de varias audiencias provinciales se han concentrado hoy en varias ciudades españolas. Les preocupa, dicen, que no se respete la independencia judicial. Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal Universidad de Barcelona, considera que la ley de amnistía “cumple con el punto de vista constitucional y de compatibilidad de las normas internacionales”, aunque señala que “tiene imprecisiones técnicas en cuanto al procedimiento para declarar la amnistía en un proceso”, lo que, a su parecer, podría retrasar su aplicación. Fenoll ha subrayado en Las Mañanas de RNE que “un Tribunal no puede ser rebelde” ante una ley sobre la que él ve “un margen de maniobra muy estrecho”, y recuerda que la división de poderes indica que “el Tribunal Constitucional debe respetar la ley aunque no esté de acuerdo con ella”.

“Es una ley ad hoc para dar una respuesta a unas personas concretas con las que se ha pactado”, ha señalado en Las Mañanas de RNE Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre la recientemente registradaley de amnistía, sobre la que subraya su única justificación “es que hacen falta siete votos”. Freixes ha denunciado que hay “brochazos bastante gordos de inconstitucionalidad”, considera que se está cambiando “la naturaleza de una institución jurídica” y remarca que se encuentra “en el marco de unos acuerdos que sí afectarán a la vida diaria”.

El PSOE cierra los acuerdos para la investidura con varias formaciones que le darían 179 síes. El más importante, con Junts, con Santos Cerdán desplazado a Bruselas desde hace más de una semana, incluye la ley de amnistía, que aún no se ha presentado. Pedro Sánchez en persona firma con Andoni Ortuzar, presidente del PNV, el acuerdo con esta formación. Coalición Canaria también suma su diputada al sí, como ya hizo el BNG.

Anna López, doctora de Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia y especialista en extrema derecha, ha señalado en el 24H de RNE que lo vivido ayer en Ferraz fue una "unificación de las tres familias de la extrema derecha” que llevaron a cabo la toma de las calles dentro de lo que ha calificado como “un activismo radical sin referentes”, y ha apuntado a que la ‘asociación Revuelta’, abanderada por Vox y compuesta por jóvenes militantes del partido, es “una asociación pantalla” para organizar este tipo de actividades libremente.

Sobre el auge de la ideología de extrema derecha entre los más jóvenes de nuestro país, la doctora lo ha relacionado con la capitalización que ha hecho Vox de este sector de la sociedad gracias a su estrategia dirigida a las redes sociales, así como a las nuevas dinámicas tomadas por los partidos nacidos del fascismo en los distintos países de Europa: “Uno de los elementos que ha cambiado la extrema derecha es que ha tenido que renunciar a la parte nostálgica, ha tenido que renunciar a la violencia e incluir a mujeres en sus formaciones”, ha indicado.

Las Cortes de Castilla y León han suspendido el Pleno ordinario por un plazo de cinco minutos después de que los socialistas acusaran a Juan García-Gallardo de haber hecho un gesto "obsceno" en el que simulaba una "felación" hacia las procuradoras de su bancada Patricia Gómez y Nuria Rubio. El vicepresidente de Vox lo ha negado y asegura que hacía un acto de lloriqueo.

En el informativo 24 horas de RNE, la viceportavoz socialista Patricia Gómez afirma que "no hay lugar a las interpretaciones" y que no es la primera vez: "El gesto machista que nos ha dedicado el vicepresidente no es más que el reflejo de lo que somos las mujeres para la ultraderecha". Gómez apunta a la responsabilidad del presidente popular Alfonso Fernández Mañueco, "que es quien ha metido a la ultraderecha en las instituciones".