Alkartasuna defiende la postura tradicional del nacionalismo vasco en este aspecto. En el ámbito legislativo, apuestan por la derogación de la Ley de Partidos. En el judicial, defienden la modificación del Código Penal en los artículos que condenan específicamente ciertos delitos como la apología del terrorismo o las amenazas terroristas. Por último, en el ámbito penitenciario, los nacionalistas vascos pretenden acabar con la dispersión de presos.

Como miembro del tripartito vasco, respalda la propuesta del lehendakari Ibarretxe de realizar una consulta a la sociedad vasca sobre su futuro el próximo mes de octubre. Por este motivo, se compromete a defender en su representación en las Cortes Generales el derecho de los vascos a decidir. Además, en cumplimiento del Estatuto de Guernika pide la transferencia de competencias como las políticas activas de empleo y las cárceles.

El programa es emprendedor creando viveros de empresas y agilizando los trámites para crearlas. Además, en materia fiscal, reduciría las cargas sociales en aquellos salarios más bajos para fomentar la contratación y aligeraría el IVA sobre los servicios intensivos de mano de obra para que aflore la economía sumergida.

Entre estas actuaciones se incluirían la salud integral de la boca, de la vista y aparatos auditivos, la creación de nuevos servicios para personas dependientes y el tratamiento de nuevas enfermedades, creando unidades de Alzheimer.

Defiende la aplicación de los principios de la ley vasca de Vivienda en todo el Estado, sobre todo en lo referente a la intervención agresiva a favor de las viviendas sociales de alquiler y propiedad. Entre las medidas que contempla está la creación de un parque de vivienda social de alquiler, promovido por el Estado, las comunidades autónomas y ayuntamientos, para dotar de alojamiento y vivienda a la población en general y a los jóvenes y personas con escasos recursos en particular.

En la línea de otros partidos nacionalistas, defiende que el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma sea la última instancia judicial, así como la creación de consejos de justicia autonómicos. También defiende que el conocimiento del euskera sea un requisito para ser juez o fiscal en el País Vasco y que la comunidad autónoma nombre al presidente del Tribunal Superior del País Vasco y al fiscal autonómico.

El programa de EA en materia de energía apuesta decididamente por las renovables al promover el cierre de las centrales nucleares y fijar los costes de la energía en función de su impacto ambiental. Además, defiende que se revise la asignación de derechos de emisiones para cumplir con tratados internacionales como Kioto.

Recoge una serie de derechos universales exigibles a la Administración Pública para un mayor bienestar social, entre los que destacan los derechos a las famlias a subvenciones y servicios de conciliación, el derecho al trabajo y a las rentas sociales, o el derecho a una retribución de la Seguridad Social digna, especialmente para personas con pensiones en el umbral de la pobreza.

Defiende una política exterior centrada en la solidaridad y la autodeterminación de los pueblos. Recoge la cesión del 0,7% del PIB a ayuda al desarrollo, la defensa de la autodeterminación del Sáhara y la presencia de las naciones sin Estado en la UE.

En esta materia, la aportación más importante es la aplicación del Plan de Educación en Derechos Humanos del Gobierno vasco a todo el territorio nacional. A juicio de esta formación política, no basta con impulsar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ya que la educación en derechos humanos requiere de un compromiso de acción mucho más allá de la escuela.

La diputada de EA en el Congreso en la pasada legislatura, Begoña Lasagabaster, no apoyó la Ley de Memoria Histórica porque no recogía tres aspectos básicos de la postura de su partido: la devolución de los papeles de Salamanca a Euskadi, la nulidad de los juicios franquistas y que aquellos que sufran los abusos policiales tengan la consideración de otro tipo de víctimas.

Recoge una serie de políticas para fomentar la integración y la igualdad real de este colectivo, como el incremento de las dotaciones económicas que se le prestan y el desarrollo de más servicios especializados.

La formación vasca considera que los casos de tortura por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no son puramente anecdóticos y aislados. Por este motivo, propondrá un plan contra la tortura que incluirá la instalación de cámaras de grabación en todos los centros de detención y la modificación de protocolos forenses en las detenciones.

Son partidarios de ampliar la actual Ley del Aborto y ya votaron a favor en el último debate parlamentario sobre esta posibilidad.