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Desde 1997, el precio de los pisos no ha cesado de crecer. En 10 años, el m2 ha pasado de costar una media de 702,8 euros en 1997 a los 2.085,5 del año pasado, según datos del Ministerio de Vivienda. Antes de que comenzara a gobernar el PSOE en 2004, los principales partidos prometieron construir miles de pisos protegidos y ayudas a los jóvenes para comprar o alquilar una vivienda. Saber más
El PSOE plantea un nuevo Plan Estatal de Vivienda para promover en 10 años 1,5 millones de pisos protegidos para compra y alquiler, destinar suelo público a la construcción de VPO e iniciativas para rehabilitar el parque de viviendas existente.
El PP propone establecer un Acuerdo Nacional sobre Vivienda para garantizar una oferta a precios asequibles, reducir los impuestos sobre la vivienda y medidas que limiten el impacto del aumento de las hipotecas en las economías familiares.
IU promete limitar los créditos hipotecarios para ajustar el precio de la vivienda libre, favorecer fiscalmente el alquiler, aumentar la promoción de VPO a una cuota de mercado del 40% y movilizar pisos vacíos en régimen de alquiler protegido.
Las principales propuestas de CiU son suprimir el Ministerio de Vivienda y multiplicar por cuatro los recursos en esta materia para la Generalitat. Además, instan a promover el alquiler mediante la reforma del IRPF y la agilización de los desahucios.
En su programa, ERC plantea construir más pisos protegidos y una mayor coherencia en la distribución de competencias entre el Estado y Cataluña. También proponen que se adecúe el precio de la vivienda a la capacidad de renta de las familias.
Solicita que las autonomías participen a nivel estatal en la toma de decisiones sobre esta materia. Asimismo, propone conceder ayudas para promover viviendas responsables con el medio ambiente y reducir la emisión de CO2 de los hogares.
El partido canario plantea desarrollar en las islas 90.000 VPO, ayudas a jóvenes de 18 a 35 años para que alquilen o compren pisos y crear bolsas de vivienda desocupada en las autonomías para fomentar la rehabilitación y el arrendamiento.
El BNG solicita que el Gobierno pague a Galicia la deuda histórica en materia de vivienda, cifrada en 80 millones de euros, y que se dote a las comunidades autónomas de pisos protegidos de alquiler, incorporando incentivos fiscales a los promotores.
CHA propone realizar un inventario del suelo p úblico para destinarlo a la construcción de VPO, recuperar los núcleos rurales, rehabilitar los barrios y reformar la legislación para poder disponer de los pisos desocupados que no son segunda residencia.
Según EA debe promoverse una ley de vivienda que impulse viviendas sociales de alquiler y propiedad. También propone que todas las instituciones creen un parque de VPO de alquiler, especialmente para jóvenes y personas con escasos recursos.
En materia de vivienda, Nafarroa Bai pretende fomentar la oferta de pisos en alquiler hasta que llegue al 30% del total de las viviendas de promoción pública, así como diversificar el tamaño de los pisos destinados a alquiler y compra.
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