La resolución del denominado conflicto vasco debe estar presidida por el rechazo a la violencia, el compromiso con las vías políticas y democráticas, y el respeto a la voluntad de la sociedad vasca y de su derecho a decidir. No es democráticamente admisible que sólo ETA pueda desencadenar procesos de normalización política para el País Vasco. Restaurar la calidad democrática. Ejercer las competencias autonómicas en materia de justicia y que el Tribunal Superior de Justicia Vasco sea la última instancia procesal, sin perjuicio de las atribuciones al Constitucional y al Europeo de DD.HH. Gratuidad de la Justicia. Desarrollar una ley autonómica para la participación ciudadana en la Justicia mediante el jurado. Crear en el Tribunal Constitucional una sala específica para Euskadi, que se constituirá en Tribunal de Conflictos Euskadi-Estado.

Revisar las capacidades del Senado para que sea una cámara de representación territorial.
Representación directa de Euskadi en la UE. Defensa del concierto económico. Transferencia de las competencias penitenciarias. Transferencia de las políticas activas de empleo. Transferencia de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.

Exigir que el porcentaje de inversiones del Estado en Euskadi alcance el peso de la población o del PIB. Una política fiscal orientada al control del gasto corriente, incremento de la inversión pública y una política tributaria que permita financiar proyectos estratégicos y que garantice la cohesión social. Impulsar la productividad y la competitividad. Esfuerzos públicos y privados en I+D+i, llegando al 2% del PIB. Formar a las personas toda la vida para que la economía sea más competitiva e innovadora.

Apostar por un sistema integrado de movilidad y transporte sostenibles social y medioambientalmente. Integración de Euskadi en un sistema europeo de transporte. Descentralizar la gestión de los aeropuertos. Transferencia de la red de cercanías. Transferencia de la gestión de los puertos de interés general.

Propiciar un pacto social entre Administración, interlocutores sociales y agentes económicos. Crecimiento de los salarios a medida que aumenta la productividad. Liberalización de algunos mercados en virtud de lo que requiera la competitividad. Controlar las horas extraordinarias para que sean excepcionales y puntuales. Reducir la jornada de trabajo. Propiciar una política anti-inflacionaria y de rentas para incrementar el capital físico, mediante la inversión, y el humano, mediante la formación. Regulación y control de la economía sumergida. Promover que las empresas se incorporen a las nuevas tecnologías e incrementar los planes de I+D. Medidas fiscales para potenciar la productividad y las exportaciones. Mantener el impulso del consumo privado y de la inversión. Sanear los sectores industriales en crisis y hacer una política de reindustrialización. Fortalecimiento financiero de las empresas de la economía social. Ayudas a las PYMES. Reformar los programas de la formación profesional reglada y la ocupacional para adaptarla al mercado de trabajo. Potenciar las iniciativas de empleo de los Ayuntamientos. Potenciar las cooperativas y las sociedades laborales. Medidas para fomentar el empleo juvenil como el contrato de inserción, subvenciones a los contratadotes o la reserva del 15% de la oferta de empleo público.

Impulsar programas de apoyo a las familias cuidadoras. Programas de apoyo a los mayores en situación de fragilidad. Impulsar el voluntariado. Mejorar la oferta de plazas residenciales para personas dependientes. Completar las pensiones por ayuda a una tercera persona, para el caso de los mayores que deciden envejecer en comunidad y ayudan en su entorno. Buscar la reversibilidad de las situaciones de dependencia, cuando esto sea posible. Evitar la exclusión social trabajando en los ámbitos donde ésta es más evidente: mercado de trabajo, salud, vivienda y escuela. Mejorar la situación de las personas con discapacidad mediante medidas de inclusión como la promoción del empleo o garantizas las prestaciones sociales. Proteger la familia mediante prestaciones por hijos a cargo, maternidad, muerte y supervivencia. Programas de apoyo y ayudas económicas a las personas mayores en situación de fragilidad, a familias cuidadoras y al voluntariado. Garantizar servicios residenciales para las personas dependientes que no puedan permanecer en su domicilio.

Mejorar las conexiones ferroviarias con Euskadi. Promover medidas para reducir el uso del vehículo a favor del transporte público. Mejoras en las infraestructuras portuarias para generar verdaderas "autopistas del mar". Promover las viviendas responsables medioambientalmente para reducir las emisiones de CO2. Fomentar el uso de biocarburantes como complemento y alternativa futura a los actuales. Impulsar el uso de energías renovables para disminuir la dependencia de energía sin restitución. Uso y gestión responsable del suelo, y recuperación de los suelos degradados. Política eficaz y dinámica en la gestión de residuos. Preservación de espacios y gestión de recursos naturales. Apostar por iniciativas para desarrollar infraestructuras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional pendientes de ejecución en Euskadi. Generar una cultura social responsable medioambientalmente, desde la convicción de que el reto del cambio climático implica a todos. Cumplimiento del Protocolo de Kioto. Garantizar la seguridad de la actividad nuclear en su conjunto, y de la actividad de las Centrales Nucleares en particular, ayudando a recuperar la confianza de los ciudadanos en su gestión controlada.