Rato se niega a declarar como imputado hasta conocer las conclusiones de la Oficina Antifraude
- El nuevo informe analizará el material incautado en su domicilio y despacho
- Rato ha entrado por el garaje para evitar altercados con preferentistas
- La Fiscalía le atribuye cinco delitos fiscales y blanqueo de capitales
- Rato se queja de las "medidas cautelares extremas" a las que se le ha sometido
El exvicepresidente Rodrigo Rato se ha negado a declarar ante el juez de Madrid que le investiga por delito fiscal y blanqueo en la gestión de su patrimonio, tras alegar que falta en la causa el informe de conclusiones sobre la documentación incautada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, en su domicilio y su despacho el pasado abril.
Rato, que estaba citado a las 11:00 horas, ha estado poco más de media hora ante el titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga si el exvicepresidente cometió delito fiscal y blanqueo a través de un complejo entramado societario.
El exministro de Economía ha alegado la ausencia del informe definitivo de la ONIF para no declarar, aunque ha mostrado su disposición a acudir al juzgado y comparecer en cualquier momento que sea requerido por el instructor, según fuentes jurídicas.
También se ha quejado de las "medidas cautelares extremas" a las que se le ha sometido y ha agregado que, el elevado grado de publicidad concedido a la investigación abierta en su contra ha perjudicado a su reputación y le ha provocado daños profesionales y familiares.
En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la fianza de 18 millones de euros impuesta por el juez de instrucción número 31 de Madrid a Rato, como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas.
La Fiscalía acusa al exvicepresidente de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo. El Ministerio Público no ha citado, por el momento, un eventual delito de alzamiento de bienes.
Rato ha entrado y salido a los Juzgados de Plaza de Castilla por el garaje reservado a los funcionarios para evitar altercados y después de que el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, solicitara un informe de análisis de riesgos a la Policía, que concluyó que debía hacerlo por ese lugar.
A las puertas, un pequeño grupo de preferentistas aguardaba la llegada del expresidente de Bankia, y ha mostrado su indignación por no poder increparle. Con esta decisión, se han evitado los incidentes que se produjeron, con el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que vió como un manifestante le lanzaba una pancarta.
Imputado por delitos fiscales
El titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid citó a declarar en calidad de imputado a Rato, en el marco de la causa en la que investiga su patrimonio y sus actividades económicas, tras escuchar como testigo a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, sobre el informe de la Agencia Tributaria.
Rodrigo Rato se ha referido a la declaración prestada por la inspectora jefe de la ONIF y ha señalado que la responsable calificó como "sospechas o conjeturas tempranas" los indicios en su contra.
Valdecasas aseguró que ella no es la autora del informe que provocó la detención durante ocho horas de Rato el pasado 16 de abril, mientras agentes de Vigilancia Aduanera registraba su domicilio y su oficina en una céntrica calle del barrio Salamanca de Madrid. Y que se limitó a firmarlo "como es habitual".
La comparecencia de la testigo tuvo lugar después de que la secretaria del juzgado haya cotejado durante 20 días en las oficinas de la ONIF los cerca de 40.000 documentos intervenidos en la causa.
En ese documento, la Agencia Tributaria relataba sus sospechas de que Rato había incurrido en diversos fraudes a la Hacienda Pública ante el impago de varias cuotas de IRPF y el Impuesto de Sociedades superiores a los 120.000 euros que establece la ley para que sea un delito fiscal.
Además, los inspectores, que le atribuían un patrimonio de 26,6 millones, señalaban que él y sus sociedades tenían "un elevado tráfico financiero" con paraísos fiscales, poniendo el foco en las mercantiles gibraltareñas Lilac y Vivaway. Hacienda concluía que Rato participaba "en los más variados sectores declarados de actividad empresarial" a través de un entramado de "muy baja tributación".
A ello se unía la "profusa" utilización de sociedades extranjeras y "el tráfico de divisas" por más de 12 millones con países o territorios que pueden considerarse de riesgo fiscal medio o alto", como Gibraltar, Holanda, Estados Unidos, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Dominica, Suazilandia, etc".
La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia Tributaria, que pidió la detención del expresidente de Bankia ante las sospechas de que podría estar cometiendo un delito de blanqueo de capitales y a la vista de las operaciones de despatrimonialización que habría realizado en los años 2014 y 2015. También reclamó el registro de su domicilio "incluso con la autorización de la fuerza".
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