La Fiscalía vuelve a apoyar a Garzón y pide al TS archivar la querella por las escuchas de Gürtel

• Argumenta que contaron con autorización judicial y que fueron "clave"
• Acusa al querellante de querer anular las escuchas "fraudulentemente"

El Ministerio Fiscal vuelve a salir en defensa de Baltasar Garzón y pide el archivo de la tercera querella admitida por el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional sobre las escuchas ordenadas por éste en el caso Gürtel.

La Fiscalía ha recurrido ante el Supremo la admisión a trámite de esta querella interpuesta por el abogado de uno de los imputados en la trama de corrupción argumentando que las escuchas ordenadas por el magistrado contaron en todo momento con la autorización judicial necesaria.

El teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo, añade, además, que aportaron datos que fueron "clave" en la investigación sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.

En el recurso de súplica presentado este lunes ante la Sala Segunda del TS, el fiscal defiende la legalidad de la intervención de las conversaciones en prisión entre varios imputados del caso Gürtel y sus abogados y solicita que se revoque la admisión a trámite de la querella del abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario imputado en el "caso Gürtel" Jose Luis Ulibarri.

Es la segunda vez que la Fiscalía sale en defensa de Garzón en los últimos días. El pasado viernes, remitió el informe que el había solicitado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que expresara su opinión sobre la posible suspensión de Garzón por las querellas que tiene abiertas en el Supremo.

En el documento, la Fiscalía apuntó que suspender de sus funciones a Garzón iría en contra de "las garantías de independencia e inamovilidad que son exigencias precisas y necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional".

Además de la querella por el caso Gürtel, Garzón tiene dos más abiertas en el Supremo: una por presunta prevaricación por su investigación sobre las fosas de franquismo y otra por presunto cohecho por el cobro de unos cursos en Nueva York.

"Incorrecciones" de la querella de Peláez

El Ministerio Público señala en su recurso de súplica contra la admisión a trámite "las numerosas e importantes incorrecciones" en que incurre, a su juicio, el querellante en la descripción de los hechos.

Según Martín-Casallo,  los datos reales "contradicen rotundamente algunas afirmaciones contenidas en al querella en relación con la supuesta intención del instructor que han sido particularmente valoradas por la Sala al pronunciarse en favor de su admisión".

A su juicio, las inexactitudes de Peláez confirman la intención del querellante de "obtener fraudulentamente" en el Supremo la anulación de las escuchas que ha avalado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el caso Gürtel.

Operaciones para ocultar fondos en el extranjero

El Ministerio Público hace hincapié en que gracias a esas intervenciones telefónicas se supo que los imputados estaban preparando reuniones y operaciones para ocultar y reorganizar fondos ubicados en el extranjero, que a fecha de la detención no constaba que se hubieran producido.

La intervención de las comunicaciones ordenada por Garzón fue, según el fiscal, "una medida objetivamente necesaria para la investigación de los hechos y proporcionada a la gravedad de éstos", ya que iba encaminada a investigar el delito de blanqueo de capitales que, según sólidos indicios, los imputados seguían cometiendo desde la cárcel.

Para respaldar este argumento, la Fiscalía aporta al Supremo una serie de documentos del sumario del caso Gürtel y cita algunas de las conversaciones grabadas que resultaron relevantes para la investigación, entre ellas la mantenida el 18 de diciembre de 2008 por el ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo y el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, que hablaron de varias reuniones que tenían pendientes.

Asimismo, el fiscal insiste en que las intervenciones también pusieron de manifiesto los indicios de participación en los hechos de distintos despachos profesionales de abogados.

No se quería conocer la estrategia de defensa

"Nada que ver, como se alega, con el deseo de descubrir las estrategias de defensa de los imputados, sino con la obligación de investigar y perseguir nuevos actos" delictivos fuera de la jurisdicción española y evitar que los imputados pudieran cometer varios delitos, argumenta el Ministerio Público.

Considera también "sorprendente" que el querellante solicite la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con la intervención de comunicaciones, cuando no ha alegado nada en contra de la intervención de las comunicaciones mantenidas por los imputados con personas distintas de sus letrados.

Por último, recuerda que el propio Garzón en el auto que autorizó las grabaciones agregaba que esa intervención se haría preservando el derecho de defensa y que la Fiscalía también ha pedido la supresión de la transcripción de las conversaciones en los casos en los que no su contenido no afecte a la instrucción.

Aunque, recuerda, "es el juez el que debe deslindar qué es lo que interesa y lo que debe devolverse al afectado".