El Congreso aprueba prorrogar las ayudas del Plan 2000E, en contra de la postura del Gobierno
- Sale adelante la propuesta de PP y CiU, en contra de PSOE, IU y ERC
- La dotación del Plan vigente podría agotarse en mayo
- El PP anuncia que pedirá la anulación de la tributación de esas ayudas
El Pleno del Congreso ha aprobado este martes, por un sólo voto de diferencia, dos proposiciones no de ley del Partido Popular y de Convergencia i Unió (CiU) que reclaman la prórroga durante este año del Plan 2000E de ayudas directas a la compra de vehículos, una vez se agoten los cien millones de euros presupuestados por el Gobierno, con lo que se le fuerza a "rectificar" su posición actual de no aumentar la dotación.
En la primera votación de las propuestas se produjo un empate, por lo que ha habido que repetirla. Y en ese segundo intento, las iniciativas han sido aprobadas por 173 votos a favor y 172 en contra. Así, PP y CiU, con el apoyo del PNV, han logrado imponerse al PSOE, que ha contado con el respaldo de ERC, IU e ICV, las mismas formaciones con las que pactó la primera prórroga del Plan en noviembre del pasado año, cuando se tramitaban los Presupuestos Generales del Estado para 2010.
El fondo actual durará hasta mayo
El portavoz de Industria del PP, Celso Delgado, ha defendido la necesidad de ampliar esas ayudas para incentivar la demanda de vehículos y mantener más de 350.000 empleos directos e indirectos en el sector. Según sus cálculos, el actual Plan va a agotarse en el próximo mes de mayo, como apuntan los "signos de debilitamiento" en las ventas de coches.
Por su parte, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha lamentado que los "Acuerdos de Zurbano" no incluyan la prórroga de las ayudas, pese a que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "tomó nota" de esta petición del partido catalán.
Sánchez-Llibre ha advertido al PSOE que "dentro de tres o cuatro meses" se producirá un "descenso significativo" de las ventas de coches por la subida del IVA y entonces, en su opinión, el Ejecutivo se "verá obligado" a volver a activar el Plan 2000E.
Por su parte, el portavoz de Industria de ERC, Francesc Canet, se ha mostrado partidario de medidas de apoyo a la automoción pero, en su opinión, es hora de "cambiar el rumbo" en las medidas de estímulo que, como recordó, son "puntuales" y no pueden suplir el necesario plan de ajuste del sector.
El socialista Jesús Alique ha destacado el apoyo del Gobierno al sector de la automoción, pero ha explicado que "no es el momento propicio" de plantear su prórroga, ya que sigue activo. "Sinceramente, en este momento está vigente el Plan de 2000E y las ventas van bien", por lo que ha advertido del riesgo de "confundir" al mercado con iniciativas como ésta. A juicio del diputado socialista, "sería más lógico" que el Gobierno tomara su decisión "en vista a la evolución del mercado", más adelante.
Hasta ahora, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, había descartado ampliar el plan de ayudas directas a la compras de vehículos, aunque en los cuatro meses de este año ya se han ejecutado el 75% de las 200.000 operaciones previstas.
El PP pedirá que las ayudas no paguen IRPF
Finalmente, el PP y CiU han renunciado este martes a 'autoenmendar' sus propias iniciativas para solicitar también la modificación urgente del tratamiento fiscal del Plan 2000E, y evitar así que sus beneficiarios tengan que tributar las ayudas en el IRPF.
No obstante, el portavoz de Industria del PP, Celso Delgado, ha anunciado que su formación prepara una iniciativa para corregir esta situación y evitar "sorpresas desagradables" por culpa de la "pésima información" por parte del Gobierno. Según ha explicado, el PP prepara una iniciativa para eximir de tributación las ayudas del Plan, tal y como harán las diputaciones forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, y como recomienda el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda.
Delgado ha denunciado la "pésima publicidad institucional" del Plan, que ha omitido que sus beneficiarios durante 2009 tendrán la obligación de declarar la aportación estatal (500 euros) y, en su caso, la autonómica (500 euros), como una ganancia patrimonial que tributará en la renta general en una escala del 24% al 43% en el IRPF.
Esto se traduce, según el cálculo de los populares, en una contribución "media entre 240 y 250 euros", algo que contrasta con su criterio de que todas las ayudas y subvenciones públicas deberían estar exentas del Impuesto de la Renta y no sólo una parte de ellas, como sucede en la actualidad.