CC.OO. y UGT dicen que habrá huelga general si el Gobierno no cambia su reforma
- Para los sindicatos, la propuesta "lesiona" los derechos de los trabajadores
Los secretarios de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer, han dicho este viernes que en la propuesta del Gobierno de reforma laboral se "lesionan" los derechos de los trabajadores, por lo que han advertido al Ejecutivo de que habrá huelga general si no modifica su texto.
Górriz y Ferrer han hecho estas declaraciones en rueda de prensa en el Ministerio de Trabajo, donde esta tarde recogieron el texto definitivo de propuesta del Gobierno del coordinador general del Diálogo Social, Alfonso Morón.
Los dirigentes sindicales han recordado que, desde el principio, han vinculado la huelga general a que se "lesionen" los derechos de los trabajadores.
Ahora, precisaron, se ha sustanciado este ataque a los trabajadores en la propuesta del Gobierno, de la que dijeron que sirve para abaratar el despido y para "dar más poder" al empresario para que modifique las condiciones laborales de los trabajadores.
Según Ferrer, en el documento del Gobierno ahora hay "más razones que ayer" para la convocatoria de huelga general
La propuesta del Gobierno
La propuesta para la reforma laboral que el Gobierno traslada este viernes a los agentes sociales, al que ha tenido acceso Radio Nacional, recoge, ya detalladas, la mayoría de las medidas que se han ido desvelando a lo largo del fracasado proceso de diálogo social, como el modelo alemán, el modelo austríaco, la generalización del contrato de 33 días de indemnización y la limitación de los contratos de obra a dos años, ampliables a uno más, con el fin de introducir más flexibilidad a cambio de fomentar los contratos indefinidos.
Este texto, en cualquier caso, sufrirá modificaciones hasta su aprobación como Real Decreto de Ley el próximo miércoles 16, en Consejo de Ministros extraordinarios, ya que el Gobierno, como ha adelantado el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, pretende incorporar las aportaciones de los partidos políticos -que deberán convalidar el decreto una semana después, el 22 de junio, en el Congreso- y de los agentes sociales.
En este sentido, el Ejecutivo ya ha avanzado que
, lo que le permitiría despedir a trabajadores de forma procedente, con una indemnización de 20 días por año trabajado. Esta propuesta, sin embargo, no aparece explicitada en el documento, que se estructura en cinco bloques