Termina el plazo para recurrir al FROB y el Tesoro aprovecha para una nueva emisión de deuda

• Sanear el mercado del crédito y la deuda, los objetivos
• Sólo nueve cajas de ahorro seguirán en solitario
• El Tesoro confía en colocar la deuda sin elevar demasiado su rentabilidad

El plazo marcado por el Banco de España a las cajas para que soliciten   ayudas públicas para sus procesos de fusión a través del Fondo de   Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) termina este   martes, aunque es el día 30 cuando acaba el plazo para acogerse al   fondo, según lo aprobado por la Comisión Europea.

El organismo supervisor español ha comunicado a la Confederación   Española de Cajas de Ahorro (CECA) que aquéllas que quieran acudir al FROB   para fusionarse con otras cajas deben notificar antes de este   martes los proyectos de reforma, los planes de sinergias y las memorias de   reducción de costes de estas uniones, que mayoritariamente se   harán mediante SIP, también conocidas como fusiones frías, un tipo   de integración que debe de ser supervisado por el Banco de España y que   permite a las cajas compartir riesgos y solvencia, al tiempo que mantienen   sus marcas.

Reducción a menos de la mitad de cajas

El proceso de reordenación del sector de cajas de ahorros, que reducirá   a menos de la mitad el número de estas entidades, afronta una semana clave,   ya que, ante la necesidad de solicitar ahora las ayudas al FROB, los   consejos de muchas cajas ultiman sus planes horas antes de   comunicárselo al Banco de España.

De hecho, los consejos de administración de Caja Madrid, Bancaja   y otras cinco entidades más pequeñas han aprobado el lunes el   protocolo de integración y el plan de viabilidad del SIP, que enviarán al   Banco de España para su aprobación.

La reordenación del mapa de cajas, una de las exigencias que las   instituciones internacionales han planteado con más insistencia   para reactivar el crédito en España, se ha   acelerado en las últimas semanas, aunque todavía faltan piezas por   colocar.

También utilizarán la fórmula de fusión fría los SIP que   formarán la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, el constituido por Sa Nostra, Penedés, Murcia y Granada, y el   integrado por Caja Canarias, Navarra y Burgos, bautizado como Banca   Cívica.

Fusiones regionales se han registrado en Andalucía   (Unicaja y Caja Jaén) y Castilla y León (Caja   Duero y Caja España), mientras que Cajasol y Caja   Guadalajara también unirán fuerzas. En Galicia, Caixa   Galicia y Caixa Nova ultiman también los planes económico y   laboral para fusionarse.

Después de los últimos acuerdos, sólo nueve entidades siguen su   vida en solitario: Ibercaja, Caja Badajoz, BBK, Caja Círculo de   Burgos, Caixa Ontinyent, Caixa Pollensa, Kutxa, Caja Vital y Caja   Inmaculada de Aragón (CAI).

En el camino se han quedado Caja Castilla La Mancha   (CCM) y CajaSur, intervenidas por el Banco de España. La   primera ha sido adquirida por Cajastur y la segunda será subastada.

La Comisión Europea aprobó en enero el FROB con objeto   de "reforzar la solidez y solvencia de las entidades de crédito", aunque se   reservó la supervisión de la concesión de las ayudas públicas destinadas a   facilitar la reestructuración del sector financiero español y,   concretamente, la fusión de varias cajas. Así, dio el visto bueno al FROB   hasta el mes de junio, aunque prevé la posibilidad de prorrogarlo.

El sector reconoce que ha crecido de un modo exagerado en los últimos   años y ha concedido demasiados créditos, por lo que es   necesaria una reestructuración del sistema.

Devolución de las ayudas

Las entidades que soliciten fondos públicos hasta el 2% de sus activos   de riesgo tendrán que retribuir al FROB sus participaciones preferentes a   un interés del 7,75% o, si es menor, a la deuda del Estado a cinco años   sumándole 500 puntos básicos.

Para incentivar la devolución temprana de las ayudas, el marco general   pactado establece un recargo adicional anual de 15 puntos básicos durante   los cinco primeros años, que se elevará hasta 100 puntos básicos por   ejercicio si la entidad fusionada pide una prórroga adicional de dos años   más, hasta siete, para devolver las ayudas.

Ese proceso de reestructuración es, para inversores, analistas y   gobiernos, una de las claves para que España vuelva a recuperar la   confianza perdida en los mercados financieros y, entre otras cosas, dejar   se recibir su castigo a través de obligar al Estado a retribuir con   intereses más elevados las emisiones de deuda, ventas que, a su vez, sirven   para obtener la liquidez necesaria para ir pagando la deuda acumulada.

Subasta de deuda pública a 12 y 18 meses

Precisamente este martes, el Tesoro Público celebra una subasta de   letras a 12 y 18 meses y el jueves,  otra de bonos a plazos de 10 y 30 años,   después de que la semana pasada saldase con éxito su primera subasta de   deuda pública tras la rebaja de calificación que la agencia Fitch hizo de   la deuda española en mayo.

A pesar de que tuvo que elevar el interés, el importe solicitado superó   en más del doble el máximo previsto, con lo que adjudicó 3.903,21 millones   de euros en bonos a tres años con un interés marginal del 3,394%, frente a   los 8.251,72 solicitados por las entidades.

Sin embargo, entre los inversores ronda el anuncio de huelga general en   España para protestar por la reforma laboral que aprobará el Gobierno,   mientras el diferencial entre la rentabilidad del bono español a 10 años   y la del alemán del mismo plazo ha subido este lunes hasta los 204 puntos   básicos al cierre del mercado, desde los 187 puntos que registró al cierre   del viernes.

Los expertos relacionan este repunte con la información publicada por el   diario germano Frankfurter  Allgemeine Zeitung sobre un plan que prepara   la Comisión Europea para facilitar dinero a España del fondo de   estabilización de 750.000  millones aprobado el pasado mes de mayo. Las   autoridades españolas y europeas han desmintieron con rotunidad que España   haya  solicitado ayudas y que se esté preparando el rescate de la economía    española.

Aún así, esas dudas y desconfianzas sobre la economía española están   castigando la deuda soberana española a corto y medio plazo, sobre todo   después de que la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's   bajara el 28 de abril la calificación de la deuda a largo plazo de España   hasta el nivel "AA".

Ahora, de entre las grandes agencias de medición de riesgos sólo Moody's   mantiene la máxima calificación -la misma que tiene Alemania- para las   emisiones soberanas españolas.

En la primera puja celebrada tras el anuncio de S&P, el Tesoro tuvo   que elevar el interés marginal de los bonos a cinco años en 0,73 puntos,   hasta situarlo en el 3,580%, una rentabilidad que no se ofrecía por este   tipo de deuda desde noviembre de 2008, después de la quiebra de Lehman   Brothers.

La evolución de las subastas celebradas en lo que va de año indica que   las emisiones a más largo plazo sufren en menor medida la desconfianza del   mercado, ya que en la subasta de obligaciones a 10 años celebrada en mayo   el aumento de la rentabilidad fue anecdótico, y pasó del 3,864% de abril al   4,074%.

Préstamos del ICO para pymes y autónomos

Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de   dinamizar el mercado crediticio en nuestro país, los   préstamos ICO-Directo, también se pone en marcha esta   semana.

Los autónomos y las pymes ya pueden solicitar desde este   lunes esos créditos, cuya principal novedad es que será el   Instituto de Crédito Oficial (ICO) el que recibirá   directamente las solicitudes, realizará el análisis de la   operación, determinará las garantías a aportar y decidirá   sobre la concesión del préstamo, asumiendo el riesgo al   cien por cien.

Una vez aprobado el crédito serán el BBVA y el Banco Santander los que   se encarguen de formalizar y realizar el seguimiento de la operación. La   formalización de los préstamos se podrá realizar en 6.300 oficinas y su   tramitación completa, desde la solicitud inicial, será inferior a   30 días.

Además, en determinadas sucursales se creará la figura del   "gestor especializado en préstamos directos del ICO" que   ayudará a los clientes en el proceso de solicitud y en la presentación de   la documentación requerida.

Esta línea de crédito está dirigida a las pymes o autónomos con   más de un año de antigüedad que han solicitado un préstamo a una   entidad financiera y les ha sido rechazado; las que han obtenido préstamos   de esas entidades por menor cuantía de la que habían solicitado, y a las   que actualmente tienen cubiertas sus necesidades de financiación pero   tienen expectativas de seguir incrementando su actividad.

Los préstamos pueden ser de hasta 200.000 euros y sus   plazos de amortización son de siete años con dos de carencia para los   préstamos destinados a la inversión y de tres años con uno de carencia para   los de liquidez. Su tipo de interés es del 3,5% más el   Euribor a seis meses, y tendrá una comisión de apertura del   0,50%.

El presidente del ICO, José María Ayala, ha calculado que se extenderán   entre 70.000 y 80.000 créditos dentro de este programa,   con un importe medio de 30.000 euros, aunque ha advertido de que al   principio de su puesta en marcha habrá un "alto nivel" de   denegaciones.