El Supremo anula la congelación de la luz en enero y obliga a Industria a subir el recibo

• El alto tribunal estima los recursos de Iberdrola y Endesa
• Reconoce un desajuste de cerca de 900 millones de euros
• El Gobierno tendrá que elaborar una nueva orden de peajes

El Supremo anula la congelación de la luz en enero y obliga a Industria a subir el recibo

El Tribunal Supremo ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por Endesa e Iberdrola en sendos recursos contra de la congelación de la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) de la luz en enero y reconoce la necesidad de que se recojan los costes regulados suficientes para evitar la creación de déficit de tarifa, lo que implica una revisión al alza del recibo eléctrico para 2012.

En uno de los autos, al que ha tenido acceso Europa Press, la sala tercera del Supremo se suma a las tesis ya defendidas anteriormente por el tribunal y considera insuficiente el aumento de peajes del 10% en enero, con el que el Gobierno forzó una congelación de la TUR después de que el coste de la energía bajara en parecida proporción.

El Supremo ya había anulado la congelación de la tarifa pactada en junio de 2010 por el entonces ministro Miguel Sebastián y el responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, así como el mantenimiento de la TUR en octubre del año pasado, cuando los costes energéticos y los peajes obligaban a aplicar incrementos.

Un desajuste de 900 millones

En su solicitud de cautelares, Endesa pide que se reconozca un desajuste temporal de 904 millones de las actividades reguladas de 2011, así como 116 millones correspondientes a 2012. El incremento de peajes necesario para satisfacer los costes del sistema, aun contando con el desafase legal de 1.500 millones para 2012, debe equivaler a 1.888 millones, afirma.

Al dar la razón a Endesa, el Supremo ratifica un auto similar de comienzos de mes, en el que también acepta los argumentos de Iberdrola sobre esta misma cuestión.

El diario Cinco Días, que adelanta la decisión del tribunal, señala que el auto implica la refacturación de cerca de 900 millones de euros. De forma inmediata, el Gobierno debe elaborar una nueva orden de peajes con efectos a partir del 1 de enero para recoger el nuevo escenario.